El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes que la suspensión cautelar del voto acordada para los nacionalizados afectados por la 'ley de nietos' también debe aplicarse a quienes residen y están empadronados en España. La inscripción en el censo de residentes tampoco les permitirá votar el 29 de noviembre, salvo que aporten la certificación consular sobre el exilio familiar exigida por los magistrados.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ordena a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral (OCE) que garanticen la aplicación de la medida en ambos registros. La providencia dispone que los afectados queden excluidos "sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España". La decisión precisa así el alcance de la suspensión a nueve días de las elecciones.
La resolución toma como referencia el listado de 163.355 personas remitido por el Gobierno, con una excepción para las 901 que ya presentaron una certificación consular que acredita su condición de descendientes del exilio. Esa posibilidad continúa abierta para quienes aporten el documento antes del día de la votación, en los términos establecidos por el tribunal.
El pronunciamiento llega después de las reclamaciones de la ultraderecha Vox y de la formación extraparlamentaria Iustitia Europa. La Abogacía del Estado había advertido de que las medidas anteriores provocaban un trato distinto entre ciudadanos nacionalizados por el mismo procedimiento. Mientras quienes vivían en el extranjero tenían suspendidos los efectos electorales de su inscripción, quienes residían en España podían conservar el voto a través del censo ordinario. El Supremo exige ahora aplicar la exclusión en ambos supuestos.
Los magistrados también reprochan a la Administración la falta de claridad de sus explicaciones. Consideran que los últimos informes de la Abogacía del Estado y de la Oficina del Censo Electoral resultan "de difícil comprensión, como atinadamente señala el Ministerio Fiscal". La providencia obliga a concretar la aplicación de una restricción que alcanza a españoles ya nacionalizados cuando la campaña electoral ha entrado en su recta final.
Las cifras comunicadas durante el procedimiento corresponden a registros diferentes. La Abogacía había situado en 113.326 los afectados localizados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), después de las comprobaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). La revisión descontó menores, duplicidades y personas que quedaban fuera de ese censo. La relación general de 163.355 identidades es la que el tribunal utiliza ahora para exigir el cumplimiento de la suspensión también entre quienes figuren como residentes en España.
Una suspensión cautelar que exige acreditar el exilio familiar para poder votar
La llamada 'ley de nietos' corresponde a las vías de acceso a la nacionalidad recogidas en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022. La instrucción aprobada por Justicia el 25 de octubre de aquel año interpretó que podían acogerse a su primer apartado tanto descendientes de españoles de origen como descendientes de quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio. Esa interpretación forma parte de la controversia que ha llegado al Supremo.
La instrucción también presumía la condición de exiliado de quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, siempre que acreditaran la salida. El Supremo exige para levantar la suspensión una certificación consular que acredite el exilio familiar sin recurrir a esa presunción. La diferencia afecta a personas que obtuvieron la nacionalidad siguiendo los criterios establecidos por la propia Administración.
La suspensión inicial fue acordada el 10 de septiembre y confirmada el 12 de octubre, cuando la Sala rechazó el recurso de la Administración General del Estado y del INE. El Gobierno entregó el listado nominal el 28 de octubre, después de que los jueces requirieran a los ministros de Justicia y Exteriores. La restricción mantiene su carácter cautelar mientras continúa el procedimiento, aunque sus efectos determinan ya la participación de los afectados en las elecciones del 29N.
Otro colectivo conserva la posibilidad de votar. El Supremo rechazó el 9 de noviembre suspender el sufragio de los hijos e hijas de quienes habían accedido previamente a la nacionalidad por esta vía, alrededor de 190.000 personas, y el pasado miércoles confirmó por mayoría esa decisión frente al recurso de Vox. La Sala alegó que el tiempo disponible impedía completar otra revisión del censo y garantizar que los afectados pudieran ser escuchados y defenderse antes de las elecciones.
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