Iustitia Europa ha recurrido al Tribunal Supremo su decisión de no suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos' para las elecciones generales del 29 de noviembre, al sostener que esa participación puede tener "efectos sobre el resultado" que salga de las urnas.
El escrito, presentado por el letrado y presidente de la formación, Luis María Pardo, critica el auto dictado este lunes por el alto tribunal, que rechazó ampliar la suspensión del voto a ese colectivo y dejó intacta la posibilidad de que participen en los comicios.
El Supremo argumentó que frenar ese derecho de sufragio "resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral" y que, por ello, la ponderación de intereses debía decantarse por negar la medida cautelar al apreciar una posible perturbación grave del interés general.
El pulso se desplaza al riesgo sobre el resultado electoral
Pardo se apoya en el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Hernando para defender que la ampliación del control podía haberse aplicado mediante "requerimientos inmediatos y comprobaciones" basadas en la documentación disponible sobre los progenitores.
Según su planteamiento, el problema no es teórico, sino operativo: una vez celebradas las elecciones y contabilizados los sufragios, la rectificación posterior del censo "puede resultar inútil para reparar sus efectos sobre el resultado". Esa tesis se apoya, además, en la dimensión del colectivo examinado, que la formación cifra en casi 190.000 personas. Iustitia Europa sostiene que ese volumen podría ser decisivo en circunscripciones donde el último escaño dependa de diferencias reducidas y, por esa vía, incidir en la composición de las Cortes Generales y en las mayorías parlamentarias.
El escrito añade que para medir ese riesgo hace falta conocer cuántas personas afectadas figuran realmente en el censo aplicable y en qué provincias están inscritas. Por eso, añade, la falta de identificación y desglose refuerza la necesidad de las comprobaciones reclamadas. Pardo también recuerda que el bajo porcentaje de participación registrado en convocatorias anteriores no permite descartar de antemano una incidencia relevante sobre el resultado, aunque no precisa cifras concretas de ese comportamiento electoral.
El Supremo abre trámite sobre el DNI digital y la revisión censal
En paralelo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado por ahora, mediante providencia, el escrito de Iustitia Europa contra el acuerdo de la Junta Electoral Central del 5 de noviembre que levantó la suspensión del uso del DNI digital para identificar a los electores. El tribunal, no obstante, ha ordenado dar traslado a la JEC para que, en un plazo de tres días, "presente las alegaciones que tenga por conveniente a su derecho sobre las medidas cautelares solicitadas".
En otra providencia, los magistrados han hecho lo propio con la petición de la formación para que se requiera a la Oficina del Censo Electoral sobre el control y revisión de las personas que adquirieron la nacionalidad española, fueron inscritas inicialmente como residentes en el extranjero en el CERA y pasaron después al CER al trasladar su residencia habitual a España. Pardo advierte de que la ausencia de un protocolo uniforme de verificación del DNI digital "puede provocar un auténtico caos en las mesas electorales", con fallos técnicos, criterios contradictorios y dificultades para comprobar la identidad de los votantes.
Añade que, mientras tanto, quienes pasaron del CERA al CER por la ley de nietos podrán votar sin que se hayan completado las comprobaciones censales que reclama. Sobre ese punto, la formación insiste en que, una vez introducidos los votos en las urnas y mezclados con los demás, "será imposible distinguirlos".
Vox pide aclaraciones y la Abogacía del Estado cuestiona a Hazte Oír
En el plano político, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado este martes que su formación estudiará la resolución del Tribunal Supremo sobre el voto de los hijos de los nacionalizados y que le plantearán "aclaraciones".
Además, la Abogacía del Estado ha pedido a los magistrados que rechacen el recurso de Hazte Oír, al considerar que la asociación carece de legitimación porque se atribuye la articulación de un interés colectivo cuya defensa, a su juicio, solo podría vehicularse mediante una acción pública que no está prevista en este caso.
Por ahora, el procedimiento sigue abierto con varias piezas en movimiento: el traslado a la JEC en el plazo de tres días sobre el DNI digital, la respuesta pendiente a las medidas cautelares y la revisión de los escritos que cuestionan el alcance del censo y su impacto en el voto del 29 de noviembre.
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