La polémica por el voto de los españoles que obtuvieron la nacionalidad mediante la conocida como 'ley de nietos' suma un nuevo capítulo. Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal Supremo que identifique a los hijos mayores de edad de quienes consiguieron la nacionalidad por esta vía y que suspenda cautelarmente sus efectos electorales si están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La petición, presentada por el presidente del partido, Luis María Pardo, pretende que la Administración compruebe de qué progenitor procede la nacionalidad de cada elector y por qué vía jurídica la obtuvo. Hasta que termine esa revisión, la formación plantea que los votos puedan recibirse, pero permanezcan separados y no se incorporen al escrutinio. La iniciativa se suma a la presentada el lunes por Hazte Oír, que también reclamó extender la suspensión a los hijos mayores de edad de los beneficiarios de la ley. Sin embargo, esta nueva ampliación es una petición de las organizaciones, no una decisión que el Supremo haya aprobado ya.
El debate resulta especialmente delicado porque afecta al derecho fundamental al sufragio de ciudadanos que tienen la nacionalidad española y residen fuera del país. Además, la controversia se produce a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando ya ha comenzado el calendario para organizar el voto desde el extranjero. Iustitia Europa sostiene que no se puede permitir que los sufragios se incorporen al resultado electoral sin comprobar previamente la situación de sus titulares. La formación argumenta que existe una relación documental entre la nacionalidad del progenitor y la de sus hijos que permitiría realizar las comprobaciones.
El partido también reclama que la Oficina del Censo Electoral, el Instituto Nacional de Estadística y los organismos competentes de Exteriores entreguen una relación de los electores afectados. Su objetivo es que el tribunal determine quiénes están incluidos en el censo y si deben quedar sometidos a las medidas cautelares que ya están en vigor.
¿Por qué el Supremo ha suspendido el voto de miles de españoles con la ley de nietos?
Para entender el conflicto hay que remontarse a la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. Su disposición adicional octava permitió que determinados descendientes de españoles, incluidos hijos y nietos de quienes tuvieron que abandonar España por el exilio, pudieran solicitar la nacionalidad española. La medida abrió la puerta a que miles de personas, especialmente en países de América Latina, recuperasen sus vínculos jurídicos con España. Sin embargo, la discusión judicial no se centra en retirarles la nacionalidad, sino en determinar qué personas pueden ejercer el derecho al voto en las elecciones del 29-N.
El 8 de septiembre de 2026, el Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente determinados efectos electorales de las inscripciones en el CERA relacionadas con esta vía de nacionalización. La medida contempla excepciones para quienes acrediten, mediante certificación consular, que descienden de españoles que sufrieron el exilio en las condiciones exigidas por el tribunal. El 12 de octubre, el alto tribunal rechazó el recurso de la Abogacía del Estado y mantuvo la suspensión. Según la información publicada por RTVE, la decisión afecta a 163.020 personas, salvo que acrediten las circunstancias exigidas para poder votar.
El Supremo justificó la medida por el riesgo de que el censo no estuviera suficientemente comprobado antes de las elecciones. En sus resoluciones, el tribunal advirtió de un posible perjuicio para la "exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia" del proceso electoral. La decisión no fue unánime: la magistrada Alicia Millán formuló un voto particular al considerar que las nacionalidades se habían adquirido conforme al marco normativo vigente y que no procedía adoptar esa medida cautelar.
La controversia llegó también al Tribunal Constitucional. El 21 de octubre, este órgano rechazó admitir el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al considerar que era prematuro porque todavía seguía abierta la vía judicial en el Supremo. Por tanto, la suspensión cautelar continúa vigente.
El Gobierno defiende el derecho al voto mientras el PP y Vox respaldan las medidas del Supremo
La suspensión ha provocado un enfrentamiento político entre el Gobierno y los partidos que han impulsado las actuaciones judiciales. El Ejecutivo ha defendido que los ciudadanos que cumplen los requisitos legales deben poder ejercer su derecho al sufragio, mientras que el PP y Vox han insistido en la necesidad de garantizar la regularidad del censo electoral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado que los descendientes del exilio republicano puedan quedarse sin votar. Según recogió Europa Press, el Ejecutivo sostiene que cumplirá las órdenes judiciales, aunque cuestiona la decisión de limitar temporalmente el sufragio de personas que ya han adquirido la nacionalidad española.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró el 27 de octubre que el Ejecutivo "cumplirá el plazo" establecido por el Supremo para remitir la lista de los 163.020 afectados. El tribunal había requerido a los ministerios competentes que entregaran la información antes del 28 de octubre. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió que el Gobierno apoya la nacionalidad de los descendientes de exiliados. Tras conocerse la resolución del Supremo, criticó al PP y afirmó que había asumido un discurso de "recorte de derechos".
Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo defendió la necesidad de revisar el censo electoral y celebró la resolución judicial. "En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo", afirmó, según recogió El País. Vox, que también promovió actuaciones ante la Justicia, ha reclamado que se garantice el cumplimiento de las medidas cautelares antes de la votación. El debate, por tanto, enfrenta dos cuestiones fundamentales: la necesidad de asegurar que el censo electoral cumple la ley y la obligación de proteger el derecho al voto de quienes tienen la nacionalidad española. La decisión definitiva sobre el alcance de las medidas corresponde a los tribunales, no a las organizaciones que han solicitado ampliarlas.
Mientras tanto, la nueva petición de Iustitia Europa abre otro frente judicial a pocos días de que avance el procedimiento electoral. Si el Supremo acepta estudiar la solicitud y acuerda nuevas medidas, la revisión podría afectar también a los hijos mayores de edad de los nacionalizados por la ley de nietos que figuren en el censo del extranjero.
