Toda la derecha política y la patronal ha salido al unísono a cuestionar la legitimidad de la huelga general convocada por los principales sindicatos, CCOO y UGT, presionados del Sindicato de Inquilinas y el movimiento por el derecho a la vivienda. Mientras que el Partido Popular se ha quedado en una discreto crítica al paro general, calificándolo de “grave error”, Vox y la CEOE no han dudado en sentenciar esta huelga como “ideológica e ilegal”, y denuncian que no tiene ninguna vinculación con el ámbito laboral. Pero entonces, ¿es verdaderamente ilegal la huelga convocada para el 11-N?
La regulación de la huelga es España es una verdadera anomalía constitucional, ya que se trata del único Derecho Fundamental, enunciado en el art. 28 de la Constitución, que no está desarrollado por Ley Orgánica. La falta de consenso político en la elaboración de una norma actualizada mantiene este derecho regido por el Real Decreto-Ley 17/1977, anterior a la propia Constitución. En esta norma aparecen rechazadas, entre otras causas, las huelgas convocadas con motivación política ajena a los intereses de los trabajadores.
En este punto es donde la patronal y la ultraderecha yerran el tiro cuando, al hacer una lectura superficial y aislada de la norma, pretenden separar el derecho a la vivienda de los intereses de la clase trabajadora; como si tener capacidad económica para disfrutar de una vivienda digna no fuera importante para los trabajadores y trabajadoras. Y en este sentido basta con dar un repaso a la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha establecido con absoluta contundencia que en la interpretación de este Derecho Fundamental se deben integrar las reivindicaciones de intereses socioeconómicos que van más allá del estricto ámbito laboral.
Pero también el propio Tribunal Supremo, de corte indudablemente más conservador, ha confirmado en jurisprudencia reciente como la STS 31/2020 la legalidad de una convocatoria sobre reivindicaciones conectadas con el ámbito económico y laboral. La suma de ambas posturas ha dado lugar al concepto de ‘huelga mixta’, cuyo encaje en la legalidad no puede cuestionarse tras años de consolidación doctrinal. A este respecto, la CEOE rectificó en su intento por recurrir ante los tribunales la convocatoria tras consultar asesores jurídicos.
Resulta sorprendente que ante un bloque jurisprudencial tan evidente y reiterado, la ultraderecha y la patronal insistan en denunciar la convocatoria. Pero más sorprendente es aún la hipocresía del partido de Santiago Abascal, que critica la motivación política de esta huelga pese a que el sindicato Solidaridad, con una presencia apenas residual, convocó bajo su impulso un intento fallido de huelga general en respuesta a la Ley de Amnistía en noviembre de 2023. Ni que decir tiene que esta huelga sí tenía una fundamentación puramente ideológica y desconectada del ámbito socioeconómico, y que, pese a eso, fue autorizada precisamente bajo el paraguas de la interpretación extensiva que hace el TC. La convocatoria, por cierto, fue un fracaso incontestable.
En definitiva, la duda sobre la legalidad de la huelga del 11-N no tiene ninguna fundamentación jurídica sólida. La convocatoria cumple con todas las exigencias legales y constitucionales para ser una huelga general legal, legítima y pertinente. Así, todos los sectores económicos, sociales, productivos y laborales están llamados a ejercer libremente su derecho constitucional para reivindicar mejoras en las condiciones para el acceso a una vivienda digna.
