La exconsellera de Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret, se ha convertido este martes en la primera consellera del Govern de Carles Puigdemont en quedar amparada por la ley de amnistía, avalada hace dos semanas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Sala de lo Penal ha declarado extinguida su responsabilidad penal por un delito de desobediencia grave, cometido al facilitar el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. En este contexto, queda anulada la multa impuesta de 12.000 euros, así como el año de inhabilitación.
En la sentencia dictada por el TSJC, se condenó a Serret por ser "perfectamente conocedora" de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían la celebración del referéndum, y por ignorarlos de forma "consciente y deliberada", sin llevar a cabo ninguna actuación para impedirlo. Por este motivo, la exconsellera permaneció durante varios años en Bélgica y regresó a España en 2021 para ponerse a disposición de la Justicia.
Desde ERC han celebrado la decisión del Supremo, valorando positivamente la estrategia seguida con la aprobación de la ley de amnistía. "Desde ERC estamos satisfechos con la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía", han expresado. Asimismo, los republicanos reclaman que ese mismo criterio se extienda a los procedimientos pendientes relacionados con el "procés", añadiendo que “ya era inevitable que por fin el Tribunal Supremo hiciese lo que debería haber hecho desde el primer día: aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados”.
Amnistiados a los cinco síndicos del 1-O tras dos años de bloqueo
El Juzgado de lo Penal número 11 de Barcelona ya había amnistiado hace unas semanas a los cinco integrantes de la Sindicatura Electoral del 1-O, decretando el sobreseimiento libre del procedimiento que los mantenía pendientes de un segundo juicio.
A los cinco se les extinguió su responsabilidad penal por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas. El archivo alcanza al abogado Marc Marsal, el catedrático Jordi Matas, la abogada Marta Alsina, la exconsellera y exdiputada de ERC Tània Verge y el actual diputado de Junts en el Congreso Josep Pagès.
La decisión llega más de dos años después de la entrada en vigor de la ley, pese a que las defensas solicitaron su aplicación desde el primer día. Los cambios en la situación política de algunos acusados y las sucesivas discusiones sobre qué tribunal debía resolver mantuvieron el expediente atrapado entre distintas instancias.
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