El Tribunal Constitucional ha cerrado este viernes el examen general de la ley de amnistía. El Pleno ha rechazado el recurso presentado por la Junta de Extremadura, presidida por la popular María Guardiola, y ha dado por resueltas las 22 impugnaciones promovidas contra la norma desde su aprobación en junio de 2024.
La sentencia ha sido redactada por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y vuelve a aplicar la doctrina fijada hace un año. La mayoría considera que la Constitución permite al Parlamento aprobar una amnistía y que la medida persigue el objetivo legítimo de reducir las tensiones políticas y sociales generadas por el proceso independentista catalán.
El recurso extremeño era el último de los 16 recursos de inconstitucionalidad pendientes. A ellos se sumaron seis cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid. El cierre alcanza al control abstracto de la norma, aunque el Constitucional todavía tendrá que decidir cómo debe aplicarse a los dirigentes condenados o procesados por malversación.
Qué cuestionaba el recurso de Extremadura
La Junta reclamaba la anulación completa de la ley y sostenía que la Constitución carecía de una habilitación para conceder amnistías. También denunciaba una posible vulneración de la separación de poderes, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la exclusividad de los jueces para juzgar y ejecutar lo juzgado.
El Constitucional rechaza todos esos argumentos y descarta que la norma pueda considerarse una autoamnistía. La sentencia recuerda que la ley fue debatida y aprobada por las Cortes Generales dentro de un sistema democrático y que sus beneficiarios carecían de capacidad para concederse por sí mismos la extinción de sus responsabilidades.
La mayoría también niega que el legislador actuara de manera arbitraria. La reducción de las tensiones políticas e institucionales en Cataluña constituye, según el tribunal, una finalidad legítima que puede justificar una medida excepcional de renuncia al castigo penal.
Parte de las alegaciones presentadas por Extremadura había perdido su objeto después de las decisiones anteriores. La primera sentencia sobre la amnistía, dictada el 26 de junio de 2025, corrigió el trato desigual que dejaba fuera determinados actos cometidos para oponerse al 'procés' y anuló el párrafo que extendía el alcance temporal de la ley más allá del 13 de noviembre de 2023.
Aquel fallo también fijó las condiciones para levantar las medidas cautelares y mantuvo el núcleo de la norma. El silencio de la Constitución sobre la amnistía, según la doctrina aprobada entonces, tampoco puede convertirse por sí solo en una prohibición para el Parlamento.
Cuatro magistrados mantienen su rechazo
La resolución vuelve a contar con los votos particulares de Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. Los cuatro magistrados del sector conservador mantienen que la amnistía carece de encaje constitucional y cuestionan tanto su origen político como sus efectos sobre la igualdad y la separación de poderes.
La división se arrastra desde la sentencia de junio de 2025, aprobada por los seis magistrados de la mayoría progresista frente a los cuatro votos del bloque conservador. José María Macías permanece apartado de los procedimientos generales sobre la norma por su participación en el informe que el Consejo General del Poder Judicial elaboró antes de su llegada al Constitucional.
Pese a esa fractura interna, todas las impugnaciones posteriores han quedado resueltas mediante la doctrina establecida en el primer fallo. Los recursos promovidos por los grupos populares del Congreso y el Senado, los gobiernos y parlamentos autonómicos del PP y el Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha han completado ya su recorrido.
El respaldo del TJUE refuerza la ley
La última sentencia del Constitucional se conoce una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyera que el Derecho comunitario tampoco se opone a la amnistía española. Luxemburgo avaló su aplicación a la responsabilidad contable derivada de los gastos del 'procés' y a determinados delitos de terrorismo que carezcan de graves violaciones intencionadas de los derechos humanos.
El TJUE reconoció que la aprobación de una amnistía pertenece al ámbito de competencias de los Estados miembros y aceptó su finalidad de facilitar un escenario de reconciliación. También estableció que el plazo de dos meses previsto en la ley puede quedar suspendido mientras un tribunal español espera la respuesta a una cuestión prejudicial.
Los dos pronunciamientos examinan planos jurídicos diferentes. El Constitucional ha confirmado el encaje de la ley dentro de la Carta Magna y el TJUE ha descartado su incompatibilidad general con las normas europeas analizadas. La aplicación a cada procedimiento continuará en manos de los jueces españoles.
La malversación llega en septiembre
La siguiente batalla comenzará el 22 de septiembre con el recurso de amparo presentado por Jordi Turull. El exconseller de la Generalitat recurrió la decisión del Supremo de mantener su condena por malversación al considerar que había obtenido un beneficio patrimonial al ahorrarse los gastos del referéndum del 1-O.
El mismo problema afecta a Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, además de los procesados en rebeldía Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. El Tribunal Supremo ha interpretado hasta ahora que esa modalidad de malversación queda fuera de la ley.
El recurso de Turull marcará la primera respuesta del Constitucional sobre esa interpretación. Después llegarán los demás dirigentes independentistas, incluido Puigdemont. Los 16 recursos y las seis cuestiones contra la ley ya están cerrados. La pelea por sus principales beneficiarios comenzará el próximo 22 de septiembre.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
