El debate sobre la aplicación de la ley de amnistía continúa abierto tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avaló la norma al concluir que no afecta a los intereses financieros de la UE ni vulnera la legislación comunitaria en materia de terrorismo. En este contexto, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha decidido llevar el caso ante las instituciones europeas al considerar que las autoridades españolas no están ejecutando correctamente el fallo.
Según ha adelantado la 'Cadena SER', la defensa de Puigdemont ha presentado ante la Comisión Europea una denuncia de 86 páginas en la que solicita una actuación inmediata de Bruselas. El escrito sostiene que la decisión del Tribunal de Cuentas de conceder un nuevo plazo de diez días para presentar alegaciones en la causa sobre los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017 supone, en la práctica, paralizar el procedimiento para resolver la aplicación de la amnistía.
El abogado Gonzalo Boye considera que esta actuación contradice el pronunciamiento del TJUE y ha trasladado también sus quejas al propio tribunal europeo. En ambos escritos reclama que se aplique directamente la ley de amnistía y recuerda que la sentencia de Luxemburgo señaló que la medida procesal adoptada por el Tribunal de Cuentas no resultaba necesaria.
La denuncia, presentada en nombre de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa además al órgano fiscalizador de haber "difundido una nota de prensa oficial que tergiversa el sentido del fallo" europeo. La defensa reprocha que se afirmara que la resolución comunitaria respaldaba las ocho cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas cuando, según sostiene, varias de ellas fueron rechazadas por inadmisibles.
Los tres dirigentes independentistas sostienen que el "efecto combinado" de las decisiones adoptadas por el Tribunal de Cuentas supone la "inaplicación de la sentencia" del TJUE, ya que, a su juicio, reabre fases procesales ya cerradas, retrasa sin fecha la resolución sobre la amnistía y mantiene cautelares que afectan a los denunciantes por un importe superior a 9,5 millones de euros.
Por ello, la defensa solicita a la Comisión Europea que envíe al Estado español una carta de emplazamiento "con carácter urgente" y advierte de que la situación podría vulnerar distintos principios recogidos en los tratados de la Unión. Asimismo, ha remitido alegaciones al propio Tribunal de Cuentas en las que rechaza que los gastos investigados procedieran de fondos comunitarios y exige que se dicte una resolución que declare amnistiados los hechos dentro del plazo legal previsto.
La Fiscalía responde al Tribunal de Cuentas
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal de Cuentas que aplique la ley de amnistía a los responsables investigados por los gastos vinculados al procés, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El Ministerio Público considera "improcedente" abrir la puerta a no beneficiarles de la norma después del reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La respuesta de la Fiscalía llega apenas un día después de que el Tribunal de Cuentas pidiera a las partes personadas en el procedimiento —acusaciones y defensas— que fijaran su posición sobre la "posibilidad" de excluir de la amnistía aquellos gastos del procés que pudieran estar relacionados con fondos procedentes de la Unión Europea.
El órgano fiscal ha remitido su postura en un plazo de 24 horas y defiende que la resolución de la justicia europea respalda la aplicación de la ley de amnistía en este ámbito. El procedimiento afecta a los dirigentes independentistas reclamados por el Tribunal de Cuentas por los gastos derivados de la organización del referéndum del 1 de octubre y de la acción exterior del Govern durante el proceso independentista.
El futuro de Puigdemont y Turull
El Tribunal Constitucional ya ha puesto fecha al análisis del primer recurso relacionado con la aplicación de la ley de amnistía presentado por uno de los condenados por el procés. El pleno del órgano de garantías debatirá el próximo 22 de septiembre la solicitud registrada por el exconseller de la Generalitat Jordi Turull, en un movimiento que llega apenas unos días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldara la norma impulsada por el Gobierno.
En este sentido, el caso de Turull será el primero en ser examinado por los magistrados. Una vez resuelto este recurso, el Constitucional continuará estudiando el resto de peticiones presentadas por dirigentes independentistas que buscan beneficiarse de la amnistía, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont.
La decisión se produce tras la sentencia dictada el pasado jueves por la Gran Sala del TJUE, que concluyó que la ley española de amnistía es compatible con el derecho comunitario. Los jueces europeos consideraron que la norma no perjudica los intereses financieros de la Unión Europea, no vulnera el principio de igualdad y tampoco entra en conflicto con la legislación europea en materia de terrorismo.
Además, el tribunal con sede en Luxemburgo rechazó los argumentos planteados por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, al entender que corresponde a cada Estado miembro regular este tipo de medidas dentro de sus competencias. En relación con las causas vinculadas a la malversación del procés, el TJUE precisó que los hechos investigados no afectan a fondos comunitarios, sino, en todo caso, a recursos procedentes del presupuesto nacional.
No obstante, la justicia europea introdujo un matiz relevante al advertir de que la aplicación de la amnistía no puede menoscabar el sistema de cuestiones prejudiciales, considerado uno de los pilares de cooperación entre los tribunales nacionales y el TJUE. Por ello, señaló que los jueces españoles podrían dejar sin efecto los plazos previstos en la ley si estos impidieran esperar a una respuesta de Luxemburgo.
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