La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le ha trasladado su informe de conclusiones al juez Juan Carlos Peinado, que está investigando a la mujer del presidente, Begoña Gómez. En este sentido, dicho documento contradice algunos de los principales indicios que ha argumentado el magistrado para seguir con la investigación.
Cabe recordar que la denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez la emitió la organización de extrema derecha Manos Limpias. Según como ha adelantado el medio antes mencionado, el escrito de la Guardia Civil concluye que la cátedra extraordinaria que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid, se creó siguiendo los cauces establecidos por la entidad pública y que, entre los objetivos de esa formación, estaba la creación de un software sobre sostenibilidad para Pymes.
Se trata de una herramienta perteneciente a la Universidad, financiada por diversas empresas que en todo momento conocían que sus aportaciones estaban destinadas a la Universidad Complutense y no a la mujer de Sánchez. Además, la UCO sostiene que no ha detectado ingresos no declarados, comisiones ni operaciones económicas irregulares en las cuentas analizadas. Los investigadores señalan que la investigada facturó a la universidad alrededor de 17.000 euros durante un periodo de dos años, una cantidad que, a su juicio, resulta “incompatible” con la obtención de un beneficio económico ilícito a título personal.
No obstante, sí constatan que la asesora asignada por Moncloa a Begoña Gómez participó en estas actividades de carácter privado y que ambas realizaron gestiones con entidades patrocinadoras de la cátedra que, en principio, correspondían a los órganos administrativos de la universidad. Pero, acto seguido precisan que ninguno de los cerca de 200 correos electrónicos enviados por Cristina Álvarez e incorporados al procedimiento presenta relevancia para el objeto de la investigación.
Por otro lado, la UCO pone el foco en posibles irregularidades en la adjudicación a Deloitte y sostiene que el proceso pudo estar ya encarrilado de antemano, como si se hubiera diseñado expresamente para esa empresa. Según el informe, la consultora habría empezado a trabajar antes de que se firmara oficialmente el contrato, y después los pliegos se habrían ajustado a unas condiciones que ya estaban decididas, incluidos los precios.
Asimismo, el informe manifiesta que Making Science, la empresa que desarrolló el back-end de la plataforma, cobró 20.000 euros, 24.200 con IVA, pero lo hizo sin que hubiera un expediente administrativo formal. La UCO reconoce que el trabajo se llevó a cabo, aunque cuestiona que esa contratación se ajustara a la Ley de Contratos del Sector Público.
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