Este jueves se va a celebrar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia donde se va a abordar el reparto entre las comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados que permanecen actualmente en Ceuta tras la entrada masiva de personas que se produjo entre los días 30 y 31 de julio. En este sentido, la formación de extrema derecha liderada por Santiago Abascal ha anunciado que no va a asistir a encuentro.
La decisión ha sido comunicada por los vicepresidentes de Castilla y León, Extremadura y Aragón, Carlos Pollán, Óscar Fernández Calle y Alejandro Nolasco, respectivamente. Los tres han remitido escritos al Ministerio de Juventud e Infancia en los que solicitan que quede recogido en el acta de la reunión su veto expreso "a cualquier reparto de menas" desde Ceuta "hacia cualquier parte del territorio nacional".
Los representantes autonómicos justifican su negativa alegando que las comunidades en las que gobierna Vox se encuentran en situación de "saturación". También cuestionan que el Gobierno pretenda abordar el reparto territorial de los 25 millones de euros destinados a estos menores sin haber resuelto previamente la situación administrativa de cada uno de ellos.
En sus escritos, los tres dirigentes ponen el acento en las competencias del Estado en materia de extranjería y fronteras. Sostienen que corresponde al Ejecutivo central incoar y resolver los expedientes de retorno o reunificación familiar previstos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería. Hasta que estos procedimientos no concluyan, consideran que el traslado de los menores a otras comunidades "carece de fundamento" y "dificulta materialmente la localización de sus progenitores".
Críticas al criterio de distribución
Vox también cuestiona el sistema elegido por el Gobierno para distribuir a los menores de Ceuta y lo define como un "reparto caprichoso, aleatorio y arbitrario" que, a su juicio, "no supera el más elemental juicio de proporcionalidad".
Los vicepresidentes plantean así que los menores permanezcan de forma provisional en Ceuta durante las semanas necesarias para completar sus expedientes de reunificación, en lugar de ser trasladados a cientos de kilómetros de sus familias. "¿Es verdaderamente necesaria y la menos restrictiva la medida consistente en trasladar a un menor desde Ceuta a 800 kilómetros de su familia cuando existe una alternativa menos disruptiva cual es la de mantenerlo provisionalmente en Ceuta durante las pocas semanas necesarias para culminar el expediente individual de reunificación, cerca del punto fronterizo donde ha de realizarse la unificación? Cualquiera que no obtenga un beneficio político o económico de ese traslado, dirá que no", exponen.
Los representantes autonómicos respaldan su posición en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Según argumentan, el "interés superior del menor" debe traducirse en dar prioridad a su permanencia junto a su familia y en su entorno de origen.
La documentación remitida al Ministerio incluye también peticiones relacionadas con la protección de las menores frente a posibles delitos sexuales. En concreto, reclaman "que ninguna niña o adolescente, española o extranjera, vuelva a sufrir agresiones sexuales en las calles de Ceuta o en los centros de acogida".
En paralelo, solicitan que se identifique "a los autores, cómplices y encubridores de estos delitos para que sean juzgados, condenados y expulsados en ejecución de sentencia". Vox plantea además acelerar el retorno de las menores que hayan sufrido violaciones o agresiones sexuales y priorizar su reunificación familiar.
Como alternativa al traslado a otras comunidades, los vicepresidentes defienden igualmente el retorno y la reunificación familiar, así como la entrega de los menores a las instituciones de protección de Marruecos.
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