El Gobierno ha elevado este jueves el tono contra Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del Partido Popular reclamara desde Ceuta la expulsión de todas las personas que entraron irregularmente desde Marruecos, incluidos los menores. El ministro Óscar López ha acusado al jefe de la oposición de dar "vergüenza ajena" y de haber asumido un discurso que ya resulta "imposible distinguir" del de la ultraderecha de Vox.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha defendido en una entrevista en 'TVE' que España puede proteger sus fronteras y su territorio respetando al mismo tiempo la legislación internacional y los derechos humanos. "Eso es lo que no comprende el señor Feijóo ni esta derecha echada al monte, absolutamente incapaz de distinguirse de Vox", ha reprochado.
Feijóo presentó el miércoles siete medidas que considera "imprescindibles" para responder a la crisis. Entre ellas figuran la creación de un mando único, el retorno voluntario o la expulsión de todas las personas que entraron el 30 de julio y una mayor reciprocidad en las relaciones con Marruecos.
Óscar López considera que el dirigente popular aprovechó su comparecencia junto a Juan Jesús Vivas para "arañar un puñado de votos con la desgracia". También le ha acusado de acudir a Ceuta para ofrecer un mitin mientras el Gobierno trabaja con el Ejecutivo autonómico, Marruecos, las fuerzas de seguridad y las entidades sociales desplegadas en la ciudad.
"La prioridad tiene que ser devolver la normalidad a Ceuta y hacerlo garantizando los derechos humanos y la legalidad internacional", ha defendido el ministro. López ha admitido que la coordinación institucional puede mejorarse, aunque ha reclamado concentrar los esfuerzos en la acogida, la atención sanitaria y la protección de las personas más vulnerables.
El Gobierno advierte de que los menores no pueden ser expulsados en bloque
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recordado que la situación de cada menor debe estudiarse de manera individualizada, con intervención de la Fiscalía, audiencia del afectado y garantías sobre las condiciones en las que se produciría un posible retorno.
Saiz ha preguntado al PP si pretende "incumplir la ley" o conseguir que "España deje de ser un Estado de Derecho". El interés superior del menor, ha insistido, debe situarse por encima de cualquier cálculo electoral y de las exigencias de una devolución inmediata.
La legislación española descarta las expulsiones colectivas de niños y adolescentes. La reunificación familiar puede acordarse cuando se identifica a la familia y existen garantías suficientes, pero cada expediente debe valorar las circunstancias personales del menor, su seguridad y las condiciones a las que regresaría.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya calificó el miércoles de "barbaridad" hablar de deportar a niños y niñas. Su departamento prepara junto a Ceuta el traslado urgente a la Península de 500 niñas y adolescentes especialmente vulnerables para que puedan recibir alojamiento, protección y atención especializada.
El Ejecutivo ha habilitado nuevos espacios temporales con capacidad para 1.800 personas y ha comenzado a trasladar a ellos a quienes permanecían en asentamientos improvisados. Arcadi España ha cifrado en 25 millones de euros la partida destinada a atender a los menores y en 6,5 millones los recursos dirigidos a las organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha acusado a Feijóo de viajar a Ceuta para "meter cizaña", buscar una confrontación permanente con el Gobierno y alimentar "discursos de miedo y de odio". A su juicio, algunas de las respuestas planteadas por el PP son jurídicamente inviables y dejan fuera del debate la vulnerabilidad de menores solos y niñas expuestas a mafias, violencia sexual o redes de explotación.
El choque llega al Tribunal Supremo por las comparecencias
La disputa también se ha trasladado al Senado. El PP ha presentado un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo después de que Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles no acudieran a las comparecencias convocadas por la mayoría popular para explicar la gestión de la crisis.
Los ministros tienen previsto comparecer a partir de la próxima semana en el Congreso. El Gobierno sostiene que las citaciones del Senado se fijaron sin pactar las fechas en la Mesa y la Junta de Portavoces ni tener en cuenta sus agendas, mientras Feijóo defiende que acudir a la Cámara Baja no les exime de rendir cuentas ante la Cámara Alta.
"Da vergüenza ajena lo que está haciendo el PP y el señor Feijóo con el Senado", ha afirmado Óscar López, que acusa a los populares de utilizar su mayoría absoluta para retrasar leyes y promover comisiones con una finalidad partidista. También ha recordado que el PP rechazó en una veintena de ocasiones la comparecencia de Mariano Rajoy por el caso 'Gürtel'.
El recurso solicita medidas cautelarísimas para que el Gobierno cese en su negativa y organice las comparecencias pendientes antes de que concluya agosto. El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si interviene en el pulso abierto entre el Ejecutivo y la mayoría absoluta del PP en el Senado.
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