La ultraderecha Vox quiere cambiar la composición de la Diputación Permanente del Congreso cuando su reparto de votos abre una posibilidad de aprobar los decretos de vivienda que PP, Vox y Junts tumbaron en el Pleno. El partido de Santiago Abascal ha remitido un escrito a la Mesa de este órgano para reclamar una nueva distribución de sus miembros, alegando que la actual incumple la proporcionalidad exigida por la Constitución.
La petición afecta al órgano que mantiene determinadas funciones del Congreso tras la disolución de las Cortes y durante el periodo electoral. Su composición se fijó al inicio de la legislatura mediante un acuerdo en el que participaron el PP, el PSOE, Sumar y la mayoría de los socios de investidura. Vox quedó fuera de aquel pacto, cuyo reparto ha seguido vigente durante la legislatura.
El momento de la reclamación tiene una consecuencia política concreta. Los tres partidos que rechazaron los decretos de vivienda reúnen ahora 34 de los 69 votos de la Diputación Permanente. Enfrente, el Gobierno podría alcanzar 35 apoyos si consigue reunir al PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y la representante del Grupo Mixto. La diferencia permite que una medida salga adelante incluso con el rechazo de Junts, aunque obliga al Ejecutivo a asegurar todos los votos necesarios.
Un voto que cambia la mayoría
La Diputación Permanente está formada por 68 representantes de los grupos y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El PP tiene 27 puestos; el PSOE, 24; Vox y Sumar, seis cada uno; y ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto, uno por formación. Con Armengol, los socialistas suman 25 votos.
Vox centra su reclamación en el PSOE y Sumar. Señala que los 25 votos socialistas representan el 36,23% del órgano, mientras que sus 121 escaños suponían el 34,57% del Pleno. Por ello, pide que el voto de Armengol se compute dentro del cupo asignado al PSOE. Actualmente, la presidenta forma parte de la Diputación Permanente por su cargo, además de los miembros designados por los grupos.
La formación ultraderechista también cuestiona que Sumar conserve seis representantes después de pasar de 31 a 26 diputados, tras la salida de los cuatro parlamentarios de Podemos y de la diputada de Compromís Águeda Micó al Grupo Mixto. Reclama corregir lo que considera una "sobrerrepresentación" y sostiene que esos cambios deben reflejarse en el reparto.
La revisión que solicita Vox podría alterar una mayoría muy ajustada. Con un solo voto se decide la convalidación o la derogación de un decreto si los 69 miembros participan y se mantienen esos dos bloques. La formación también pide que su escrito y la decisión de la Mesa consten en las actas de las sesiones en las que el voto de Armengol resulte determinante.
Los decretos de vivienda, en juego
La ofensiva llega después de que el Consejo de Ministros aprobara de nuevo, con modificaciones, los dos decretos de vivienda rechazados por el Congreso. Tras la disolución de las Cortes, corresponde a la Diputación Permanente decidir sobre su convalidación. Cambiar su composición afecta, por tanto, a las posibilidades de mantener las medidas frente a los desahucios y sobre los contratos de alquiler.
El respaldo a ambos textos debe negociarse por separado. El PNV apoyó el primer decreto, pero rechazó el segundo, relativo a la renovación de determinados alquileres. Esta próxima votación hará lo mismo. Los 35 votos son una mayoría posible, que depende del contenido de cada norma y de la posición que finalmente adopten los grupos. El Gobierno dispone de una oportunidad para recuperar medidas, pero necesita cerrar los apoyos.
La portavoz de Vox, Pepa Millán, ya había amenazado con acudir a los tribunales contra lo que calificó de "cacicada" por llevar los decretos a este órgano. Ahora su partido pretende modificar el reparto que determinará las votaciones.
La Constitución regula expresamente esa función. Su artículo 78 establece la representación proporcional de los grupos y atribuye a la Diputación Permanente las competencias sobre decretos-leyes cuando las Cámaras están disueltas. La convalidación durante el periodo electoral está prevista en el ordenamiento; otra cuestión es la discusión sobre la proporcionalidad del reparto o sobre los nuevos textos aprobados por el Ejecutivo.
La próxima reunión está convocada para el viernes 16 de octubre, pero su agenda incluye los decretos sobre ayudas por la DANA y sobre las consecuencias económicas de la crisis de Oriente Medio. La votación de los decretos de vivienda queda para una sesión posterior.
