El Tribunal Constitucional ha vertido este martes un jarro de agua fría sobre la expectativas inmediatas de futuro de Carles Puigdemont. El tribunal de garantías que preside Cándido Conde Pumpido ha rechazado levantar las órdenes detenciones nacionales que permanecen vigentes por el procés en el Tribunal Supremo.
Las órdenes, dictadas en su día por el juez Pablo Llarena, afectan junto al expresidente de la Geberalitat, a dos de sus exconsejeros fugados: Toni Comín y Lluis Puig. El Pleno del TC ha abordado este martes la medida cautelarísima que las defensas de los tres políticos catalanes solicitaron para que se suspendieran sus órdenes de arresto si regresaban a suelo nacional.
Puigdemont sostiene que el Tribunal Supremo realizó en su día una interpretación extensiva de las excepciones que contempla la Ley de Amnistía para su aplicación definitiva, denunciando una "clara resistencia judicial" a la norma aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La defensa de líder de Junts aseguraba en su recurso que la orden de detención -ahora revalidada- "plantea una afectación inmediata y de imposible reparación del derecho fundamental a la libertad, con afectación directa al derecho a la libre circulación por todo el territorio de la Unión Europea".
