Las víctimas del accidente de Angrois salieron de su reunión con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, con la misma conclusión de fondo: no hubo compromisos firmes y el Gobierno, a su juicio, sigue sin mover ficha en las decisiones que reclaman.
Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, resumió el encuentro como "más de lo mismo" y lo calificó de "correcto", pero insuficiente. Según su versión, el Estado continúa siguiendo el guion que, tras el accidente de 2013, atribuyó lo ocurrido a un error humano del maquinista.
El colectivo sostiene que esa lectura mantiene sin corregir los fallos de fondo y, en su opinión, alimenta la repetición de errores. Domínguez señaló además que España ostenta el "récord mundial de accidentes de alta velocidad", como base de su crítica por la falta de cambios estructurales.
La exigencia inmediata: tocar la norma y reabrir la investigación
La petición más concreta trasladada al ministro fue la eliminación "urgente" de la norma que permite circular a 200 kilómetros por hora con el sistema Asfa como respaldo cuando fallen el ERTMS o el LZB, propios de la alta velocidad.
Domínguez explicó que el Ministerio les emplazó a una nueva reunión el próximo martes, después de estudiar las medidas presentadas. Pero advirtió de que ese calendario, por ahora, no resuelve el núcleo del conflicto: si no hay una reapertura de la investigación independiente sobre Angrois, la plataforma no acudirá a más convocatorias por estar "cansados de milongas e historietas".
En ese contexto, insistió en que la prioridad no es crear nuevas oficinas de atención, sino evitar que haya más víctimas.
Comisiones, técnicos y la disputa por quién investiga
En la reunión, el Ministerio planteó la creación de la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo. Domínguez recordó que, según dijo, la exministra Ana Pastor ya constituyó la oficina de atención y el estatuto de las víctimas, y defendió que lo esencial es repetir la investigación.
Para ello, la plataforma pidió una comisión técnico-científica independiente integrada exclusivamente por expertos independientes europeos. Domínguez advirtió de que, si se consulta a Adif o a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), "les van a engañar", ya que, según afirmó, elaboraron los informes iniciales y eludieron, a su juicio, las causas raíz.
En consecuencia, exigió la exclusión de cualquier técnico o cargo vinculado a Adif, Renfe o la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), por considerarlos "juez y parte". También criticó la nueva autoridad independiente al sostener que el propio ministro de Transportes propone a su presidente.
La plataforma enlazó esa crítica con los procedimientos de infracción abiertos por la UE, la auditoría comunitaria y la carta de advertencia de la comisaria europea de Transportes, citadas por la falta de evaluaciones de riesgo en la red ferroviaria.
La seguridad frente a la explotación comercial
Domínguez acusó al sistema ferroviario de anteponer la "prioridad comercial" a la seguridad de los viajeros. Según expuso, en Angrois se desconectó el sistema por los retrasos que ocasionaba y, tras el siniestro de Urda, se obligó a circular sin la protección nominal para evitar demoras a Sevilla.
"Si para poner el sistema operativo tienen que cortar la línea Madrid-Sevilla un mes, que la corten y la gente vaya en autobús, pero nuestras vidas están en riesgo", afirmó, aunque la plataforma no fijó con esa intervención una decisión operativa inmediata del Ministerio.
Desde el plano técnico, Jorge Iglesias, funcionario jubilado del CEDEX y especialista del primer laboratorio europeo de ERTMS, pidió la retirada inmediata del sistema de respaldo Asfa y planteó un Plan Nacional para la retirada progresiva y la implantación del ERTMS en la totalidad de la red convencional y de alta velocidad.
Iglesias añadió que la línea Madrid-Sevilla utiliza un LZB "obsoleto" y señaló que ha registrado 170 caídas en lo que va de año. Propuso interrumpir el servicio durante un mes --"si hace falta"-- para volcar medios de Adif en poner en marcha de forma definitiva el ERTMS, mientras el asunto permanece pendiente de decisión institucional.
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