Cuando el espectáculo sustituye al periodismo

David Broncano cometió un grave error. Y conviene decirlo con claridad, sin rodeos y sin necesidad de cuestionar toda su trayectoria. Lo ocurrido en La Revuelta con Santiago Abascal no fue simplemente una entrevista polémica. Fue el ejemplo de lo que sucede cuando las exigencias del espectáculo entran en conflicto con la responsabilidad editorial.

Porque no todo vale por las audiencias. Y mucho menos en la televisión pública.

La entrevista del líder de Vox reunió a 4.815.000 espectadores de media y alcanzó un 33,6 % de cuota de pantalla. Un récord histórico para el programa. Un éxito indiscutible en términos televisivos que, sin embargo, plantea una pregunta incómoda: ¿de qué sirve conseguir millones de espectadores si para hacerlo se aceptan condiciones que comprometen la independencia de un espacio público?

Conviene recordar que Broncano no es únicamente el rostro de La revuelta. También es empresario y productor. Forma parte, junto con Jorge Ponce y Ricardo Castella, de Encofrados Encofrasa, la sociedad que participa en la coproducción del programa junto con El Terrat, con un reparto de producción situado en el 50 % para cada compañía.

Este dato no demuestra que las decisiones adoptadas respondieran a intereses económicos. Pero sí recuerda que Broncano tiene responsabilidades que van más allá de presentar un programa. Su papel dentro del proyecto hace especialmente relevante preguntarse por los criterios editoriales que guiaron aquella emisión.

Y existe otro hecho que merece especial atención.

Durante los días anteriores a la entrevista se extendió la idea de que la presencia de Santiago Abascal respondía a una obligación impuesta por la Junta Electoral Central. El propio Broncano había afirmado, en tono humorístico, que la Junta Electoral había hablado.

Sin embargo, RTVE confirmó posteriormente a Público que la Junta Electoral Central no había obligado al programa a entrevistar al dirigente de Vox. La cadena explicó que había decidido invitar a los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. Es una diferencia fundamental.

La presencia de Abascal respondía, por tanto, a una decisión editorial, no a una imposición específica del organismo electoral. Una decisión legítima, pero que debía asumirse con todas sus consecuencias y responsabilidades.

Porque entrevistar a un dirigente político no es el problema. El problema aparece cuando se permite que ese dirigente condicione las reglas del encuentro.

El equipo de Abascal solicitó gestionar el público asistente y La Revuelta aceptó. Personas que tenían confirmada su entrada recibieron una cancelación y el programa terminó celebrándose ante un auditorio gestionado a petición del invitado.

Broncano explicó que había aceptado para evitar que posibles abucheos dificultaran la conversación. Incluso terminó reconociendo sus reparos ante la imagen de apoyo unánime que transmitía el público.

Pero esa rectificación no borra la decisión inicial.

La independencia editorial no consiste únicamente en decidir qué preguntas se hacen. También consiste en impedir que el entrevistado determine las condiciones de su propio escrutinio.

La televisión pública no puede funcionar como un escenario a medida de quienes acuden a ella. Y los aplausos, por numerosos que sean, no convierten una afirmación en verdadera.

Existe, además, una cuestión que trasciende lo ocurrido aquella noche.

La extrema derecha conoce los mecanismos de la comunicación contemporánea. La provocación genera titulares, la confrontación multiplica la difusión y una intervención televisiva puede convertirse en decenas de fragmentos que circulan por las redes sociales sin contexto ni contradicción.

Por eso resulta tan importante distinguir entre ofrecer un espacio para expresarse y renunciar a examinar críticamente lo que se expresa.

Dar voz no significa blanquear. Escuchar no significa legitimar. Y defender la pluralidad no obliga a presentar todas las afirmaciones como igualmente fundamentadas.

Cuando se habla de inmigración, violencia machista, derechos del colectivo LGTBI o cambio climático, no estamos ante simples ocurrencias para alimentar una tertulia. Son cuestiones que afectan a la convivencia, a derechos luchados y a realidades que requieren datos, contexto y rigor.

Una generalización contra un colectivo no deja de ser cuestionable porque provoque una ovación dictada. Una afirmación falsa no se convierte en verdad por pronunciarse ante millones de espectadores. Y el humor no puede utilizarse como sustituto de las preguntas necesarias.

RTVE tiene una responsabilidad especialmente exigente. No es una cadena privada cuya programación pueda evaluarse exclusivamente por su rentabilidad o sus cifras de audiencia. Es un servicio público que debe garantizar pluralismo, independencia y rigor informativo.

Eso no significa exigir a Broncano que haga más entrevistas a políticos. Significa reconocer que, cuando un programa de entretenimiento decide incorporar entrevistas electorales, también debe asumir las exigencias que acompañan a ese formato y a su público. Imaginaros a Pedro Sánchez exigiendo a Pablo Motos imponer el suyo.

La libertad de expresión no obliga a ofrecer un altavoz sin contradicción.

Defenderla supone permitir que las ideas se expongan, pero también que puedan ser discutidas, contrastadas y cuestionadas, y Broncano no estuvo a la altura. La democracia no necesita públicos seleccionados para aplaudir.

Broncano consiguió una audiencia histórica. Eso es un hecho. También lo es que aceptó modificar la gestión habitual del público a petición de un dirigente político y que posteriormente manifestó dudas sobre las consecuencias de aquella decisión.

Ambas realidades merecen formar parte del análisis.

Porque cuando el espectáculo sustituye al periodismo, el problema no es solamente de quién recibe los aplausos, también del altavoz.