El Partido Popular decidió en su último Congreso Nacional, celebrado en julio de 2025, que sus diputados no podrán ser simultáneamente alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes. Una decisión política de sus propios compromisarios que respondía a un principio razonable: gobernar una gran ciudad y representar a toda la ciudadanía en el Congreso exige una dedicación que no puede ni debe, o debía, repartirse entre varias instituciones.
El PP dejó -no obstante y otra vez- una rendija para el oportunismo electoral. Un artículo de los mismos Estatutos que establecen la incompatibilidad permite al Comité Ejecutivo Nacional, el “politburó” de los populares, autorizar excepciones en «supuestos extraordinarios» si lo demandaren los «intereses generales del Partido» (sic). No los de España, las necesidades de los ayuntamientos o las obligaciones contraídas con quienes eligieron a sus mandatarios municipales. «Los intereses generales del Partido». La excepcionalidad exige -por mor de sí misma, se entiende- la autorización expresa de la cúpula de la organización, única con poder estatutario para dispensar a los elegidos de una obligación que se estableció como ofrenda al electorado y con carácter general.
Alberto Núñez Feijóo encabeza dos candidaturas al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre con sendos alcaldes que pretenden conservar la vara de mando de sus ayuntamientos: Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, por Barcelona, y Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, por esa circunscripción andaluza. Pero si ambos precisan aplicar la “excepción estatutaria” para que sigan gobernando sus ciudades mientras ocupen un escaño en las Cortes Generales... cabe preguntar qué tienen de extraordinario sus perfiles; qué méritos o servicios al partido justifican apartarse de una norma estatutaria ratificada hace apenas quince meses.
Albiol no precisa presentación. Lleva años construyendo su propia imagen en torno a su condición de autodeclarado azote de sus vecinos más vulnerables y las personas migrantes, o de la okupación de viviendas. Su historial incluye declaraciones en las que llamó «plaga» y «lacra» a los gitanos rumanos, folletos electorales que vinculaban a ese colectivo con la criminalidad o aquella vergonzante campaña bajo el lema Limpiando Badalona. Sus credenciales, pues, son de sobra conocidas. Aberrantes o aplaudidas, pero muy conocidas. Fue juzgado por provocación al odio y la discriminación, aunque resultó absuelto en 2013. El debido respeto a aquella resolución judicial no obliga a considerar respetables las expresiones que originaron aquel procedimiento. No impide someterlas a un juicio ético severo, ni que algunos las sentenciemos —desde la legítima opinión— como indubitadamente execrables.
Núñez Feijóo sabe a quién promociona. Hace apenas una semana, en un acto de precampaña en Barcelona, pidió a Albiol liderar la futura “ley antiocupación del PP en el Congreso”. «Vas a ser el ponente. La vamos a aprobar contigo», anunció ante las personas asistentes. El máximo líder del Partido Popular ya ha reservado así a un dirigente con acreditada solvencia en mensajes xenófobos protagonismo legislativo con el que arrebatar el liderazgo en una materia que la —otra— extrema derecha ha convertido en bandera.
La elección del extraordinario Albiol se produce -además, o por ello- en plena competencia electoral e involucionista en Catalunya. Vox disputa de tú a tú el electorado tradicional del PP, y la irrupción de Aliança Catalana, la formación independentista de extrema derecha encabezada por Sílvia Orriols, ha intensificado la pugna por un espacio en el que la inmigración y la seguridad ocupan un lugar central. Aliança Catalana no concurrirá al 29N, pero, no hay duda al respecto, su presencia en el debate político ha endurecido el debate. Feijóo responde colocando al frente de su candidatura barcelonesa a uno de los dirigentes populares que más tiempo lleva cultivando ese discurso del odio al diferente.
Pilar Miranda, Alcaldesa de Huelva
El caso de Pilar Miranda es similar pero distinto. La alcaldesa de Huelva, que llegó al cargo en 2023 después de presidir la Autoridad Portuaria de su ciudad, no tiene el historial ideológico de Albiol, y equiparar sus trayectorias sería absurdo. Sí comparten la notoriedad pública que Feijóo ha decidido incorporar a sus candidaturas, aunque para ello deba recurrir a la “excepción estatutaria”.
Siendo objetivos, la escasa notoriedad de Pilar Miranda fuera de Huelva procede de episodios que oscilan entre lo grotesco y lo institucionalmente preocupante. Uno de los primeros en alcanzar repercusión nacional fue la controversia sobre un presunto ritual esotérico de limpieza espiritual en dependencias municipales, incluido el propio despacho de la alcaldesa. El Gobierno local lo negó, el tema llegó al Pleno municipal y ocupó risueños espacios informativos de ámbito estatal. El equipo de gobierno no exigió jamás su derecho de rectificación al medio que reveló la historia ni al periodista que la firmó. El mismo que esta Tribuna en ElConstitucional.es.
Después llegó una iniciativa municipal que, con el propósito de “promover la sostenibilidad desde una perspectiva de género”, proponía enseñar a mujeres onubenses a elaborar productos para “limpiar sus hogares sin contaminar”. Una contribución singular a la emancipación femenina: liberar a las mujeres de los productos tóxicos mientras se las mantiene ocupadas en la limpieza doméstica. La polémica obligó al Ayuntamiento a aplazar la actividad y regaló a Miranda otra sonada aparición en los medios nacionales no exenta de una nueva burlesca polémica.
Su trayectoria, empero, incluye también acontecimientos sobre los que no cabe ironía. El accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado enero, causó 46 muertes y dejó una profunda herida en Huelva. La alcaldesa asumió un destacado protagonismo institucional en la exigencia de explicaciones y responsabilidades, promovió que el Ayuntamiento se personase como acusación popular en la investigación judicial —una solicitud rechazada por la jueza instructora por falta de legitimación— y participó en la confrontación política con el ministro de Transportes, Óscar Puente, con quien mantiene un enfrentamiento desde septiembre de 2024, cuando ambos protagonizaron una controversia durante una sesión del Senado relacionada con el AVE a Huelva.
Sorprende, pues fue el propio presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, quien defendía otro criterio no hace tanto. En la última semana de septiembre de 2024, cuatro destacados primeros ediles del PP onubense renunciaron a sus alcaldías para mantener sus actas parlamentarias: Manuel García Félix (La Palma del Condado), Carmelo Romero (Palos de la Frontera), Juan Manuel González (Lepe) y David Toscano (Aljaraque). El partido presentó entonces las renuncias como una forma de reforzar la presencia de los populares onubenses en instituciones como el Congreso y el Senado, y el presidente provincial del PP defendió que alcaldes con «clara vocación de servicio» trabajaran desde ellas por la provincia. Toscano, presidente de la Diputación, dejó la Alcaldía de Aljaraque porque consideraba «imposible estar al cien por cien» en la pequeña localidad onubense y, a la vez, en la institución provincial. Dos años después, el mismo Manuel Andrés González celebra que Miranda vaya a sumar el escaño y la Alcaldía de Huelva. Excepcional. Extraordinario. Estatutario, en definitiva.
Miranda se presenta ahora, o lo hará cuando la excepción estatutaria de los populares avale su candidatura a la Cámara Baja, como la voz que defenderá las infraestructuras de su provincia en el Congreso de las Diputadas y de los Diputados. El PP ya ha predicho que la alcaldesa conseguirá el AVE, el desbloqueo de una presa, infraestructuras eléctricas y un tercer carril para la A-49, sin que Miranda tenga que abandonar sus responsabilidades en la Alcaldía onubense.
Todo ello, en plena polémica sobre la posible existencia de informes policiales «desfavorables» sobre personas y colectivos locales, cuya elaboración ha sido atribuida a la Policía Local de Huelva y que habrían sido trasladados desde el equipo de gobierno de Pilar Miranda a la Subdelegación del Gobierno en Huelva. Según las fuentes consultadas, la existencia de esos informes sale a la luz tras una intervención de agentes de la Policía Nacional durante una protesta vecinal pacífica contra la celebración de una “feria del caballo” y otros eventos de carácter lúdico o comercial que un grupo de plataformas vecinales considera lesivos en el parque Juan Ceada de la capital onubense, el popularmente conocido como parque Zafra. Agentes de paisano identificaron y grabaron a algunas personas participantes en una simbólica protesta y advirtieron de posibles sanciones. Los colectivos afectados han exigido explicaciones sobre los supuestos informes, su contenido y las razones por las que habrían sido trasladados a la Subdelegación del Gobierno. Y también por qué esta los habría tenido en consideración en lugar de investigar, perseguir y sancionar a sus autores y/o quienes los ordenaron excediendo las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico a las policías municipales españolas (entre las que no se encuentran, bajo ningún concepto, servicios de “vigilancia” a personas o labores de “inteligencia”).
Xavier Albiol y Pilar Miranda tienen trayectorias, discursos y responsabilidades distintos, pero su incorporación a las candidaturas plantea una misma cuestión: qué entiende la dirección del PP por un supuesto suficientemente “extraordinario” como para dispensar a determinados alcaldes y alcaldesas de una más que motivada obligación estatutaria. Una incompatibilidad que vienen defendiendo y ratificando los sucesivos congresos nacionales del PP. Tanto, que la excepción exige la intervención expresa del Comité Ejecutivo Nacional. Así sea, como rezan los Estatutos, por los «intereses generales del Partido».
