Durante meses, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha construido una parte esencial de su discurso político sobre una idea muy concreta: los cambios de opinión de Pedro Sánchez. Ha sido uno de los ejes de la oposición desde las elecciones generales. El presidente del Gobierno, es cierto, ha reconocido públicamente en varias ocasiones que modificó posiciones anteriores en asuntos relevantes, desde los pactos parlamentarios hasta determinadas decisiones políticas. Esa circunstancia ha servido al PP para acusarle de incoherencia y falta de credibilidad.
Sin embargo, la política tiene memoria. Y cuando un partido convierte la coherencia en su principal bandera, cualquier rectificación propia adquiere una dimensión mucho mayor. Precisamente eso es lo que le ha sucedido al Partido Popular en los últimos días.
Como bien esboza Hugo Pereira, director de 'El Constitucional.es', en apenas una semana, la dirección de Feijóo ha protagonizado dos giros significativos en cuestiones de gran importancia política: la denominada Ley de Nietos y su posición respecto al conflicto catalán y a Junts. Dos cambios que contrastan con el discurso mantenido durante los últimos años y que alimentan las críticas sobre una evidente doble vara de medir.
Ley de Nietos: del compromiso al fraude electoral
El primer ejemplo tiene como protagonista la ampliación del acceso a la nacionalidad española para descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La denominada Ley de Memoria Democrática abrió una nueva vía para que hijos y nietos de quienes abandonaron España por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de persecución pudieran recuperar la nacionalidad española. Se trata de una medida que afecta especialmente a miles de familias residentes en América Latina, donde se concentra buena parte de la emigración española del siglo XX.
Lo llamativo es que esta iniciativa no era ajena al Partido Popular. Muy al contrario. En octubre de 2022, durante un viaje a Buenos Aires, Alberto Núñez Feijóo expresó públicamente el compromiso de su partido de impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles residentes en el exterior. No se trataba de una declaración aislada ni improvisada. Era una promesa política formulada por el recién elegido presidente nacional del PP.
En la misma línea se manifestó posteriormente la portavoz parlamentaria popular, Esther Muñoz, quien calificó la medida como “de justicia”, defendiendo que los descendientes de aquellos españoles obligados a abandonar el país pudieran acceder a la nacionalidad que les correspondía por origen.
El mensaje parecía claro: reconocer un derecho histórico a quienes fueron víctimas del exilio.
Sin embargo, el discurso ha cambiado de manera radical.
En los últimos días, dirigentes del Partido Popular han pasado a presentar esa misma ampliación de derechos como una supuesta estrategia electoral del Gobierno destinada a alterar el censo y favorecer electoralmente al PSOE.
La argumentación sostiene que la incorporación de nuevos españoles residentes en el extranjero respondería a un intento de manipular futuras convocatorias electorales.
El contraste resulta evidente.
Una medida que hace apenas unos años era considerada justa y necesaria pasa ahora a ser descrita como un mecanismo de "ingeniería electoral". La contradicción no reside únicamente en modificar la posición política, algo legítimo en democracia, sino en presentar como una amenaza aquello mismo que anteriormente se defendía.
Giro sobre Cataluña
El segundo cambio resulta igualmente significativo.
Durante toda la legislatura, el Partido Popular convirtió la Ley de Amnistía en uno de los principales ejes de su oposición al Gobierno.
La calificó de inconstitucional, de cesión intolerable al independentismo y de corrupción política. Se convocaron manifestaciones, recursos judiciales y una intensa campaña política contra cualquier acercamiento a Junts y a Carles Puigdemont.
Sin embargo, el escenario político ha evolucionado.
La necesidad de ampliar posibles apoyos parlamentarios ha llevado al Partido Popular a suavizar considerablemente su discurso.
Durante una reciente intervención en Cataluña, Alberto Núñez Feijóo afirmó que era momento de mirar hacia el futuro y dejar atrás lo ocurrido en 2017. En términos similares se expresó el secretario general del PP, Miguel Tellado, al señalar que la mayoría de los catalanes desea pasar página respecto al denominado “procés”.
Las declaraciones representan un cambio evidente respecto a la estrategia mantenida durante años.
Aunque el Partido Popular continúa rechazando formalmente la amnistía, el tono empleado hacia Junts y hacia el propio Puigdemont dista mucho del utilizado hasta hace apenas unos meses.
La explicación política parece sencilla: cualquier posibilidad de alcanzar el Gobierno pasa inevitablemente por modificar la actual aritmética parlamentaria. Y para ello resulta imprescindible abrir vías de diálogo con fuerzas independentistas cuya colaboración hasta hace poco se calificaba de inadmisible.
¿Cambiar de opinión o cambiar de estrategia?
La cuestión de fondo no es si un partido puede cambiar de posición.
En democracia, rectificar forma parte de la acción política. Las circunstancias evolucionan, los contextos cambian y los dirigentes pueden adaptar sus planteamientos.
El problema aparece cuando se convierte la coherencia en el principal argumento para desacreditar al adversario mientras se practican rectificaciones similares sin reconocerlas como tales.
Durante meses, el Partido Popular sostuvo que los cambios de criterio de Pedro Sánchez evidenciaban una falta de principios. Ahora, cuando las necesidades políticas aconsejan modificar posiciones propias, el discurso pasa a justificarse como una adaptación al nuevo contexto.
La diferencia no está tanto en el cambio como en el relato. Una oposición con menor autoridad moral
Estos episodios no invalidan las críticas que el PP pueda formular al Gobierno. La oposición tiene la obligación de fiscalizar la acción del Ejecutivo y señalar sus contradicciones cuando las considere oportunas.
Pero sí reducen considerablemente la autoridad moral desde la que esas críticas se realizan.
Porque si Pedro Sánchez ha sido acusado reiteradamente de modificar sus posiciones, resulta difícil sostener que el Partido Popular actúa de forma radicalmente distinta cuando en pocos días altera su discurso sobre cuestiones tan relevantes como la nacionalidad de los descendientes del exilio o la relación con el independentismo catalán.
La política española atraviesa una etapa en la que las líneas rojas parecen desplazarse con extraordinaria rapidez. Los pactos imposibles terminan siendo posibles, las posiciones inamovibles dejan de serlo y los discursos se adaptan a las necesidades parlamentarias del momento.
Quizá esa sea hoy una de las principales características de la política contemporánea. Lo que resulta más difícil de sostener es que ese comportamiento sea censurable cuando lo practica el adversario, pero perfectamente justificable cuando lo protagoniza uno mismo.
Y esa es, precisamente, la contradicción que hoy persigue a Alberto Núñez Feijóo: haber convertido los cambios de opinión en el principal reproche contra Pedro Sánchez para terminar protagonizando algunos de los más significativos de los últimos meses.
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