La reciente propuesta de regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a dejar al descubierto, una vez más, la deriva errática del Partido Popular en materia de inmigración. La reacción de su líder, Alberto Núñez Feijóo, no solo ha sido previsible, sino también profundamente decepcionante. Lejos de ofrecer una alternativa sólida, realista y liberal, el PP ha optado por competir en el terreno discursivo de Vox, como si la única forma de hacer oposición al actual Ejecutivo fuera mimetizarse con los postulados de la extrema derecha.
No se puede imitar el delirio identitario y simplista de los de Santiago Abascal únicamente porque la propuesta proceda del Gobierno y cuente con el apoyo de Podemos. La política no debería funcionar como un reflejo condicionado en el que todo lo que plantea el adversario es rechazado sin análisis previo. Mucho menos cuando hablamos de inmigración, una cuestión estructural, compleja y profundamente humana que atraviesa la economía, la demografía y la cohesión social de nuestro país.
Quienes nos consideramos liberales —y no en el sentido caricaturesco del término— asistimos con creciente preocupación a la desaparición de una opción política verdaderamente centrista en España. Una derecha liberal, reformista y europeísta parece hoy huérfana, atrapada entre un Gobierno de izquierdas que a menudo confunde políticas públicas con gestos simbólicos y una derecha que, por miedo a perder votos, se desliza hacia posiciones cada vez más reaccionarias. El resultado es un vacío político que deja sin representación a miles de ciudadanos que no se reconocen ni en el populismo de izquierdas ni en la nostalgia autoritaria de derechas.
Porque conviene decirlo con claridad: Vox no es simplemente un partido conservador. Es una formación que reivindica sin complejos el legado del franquismo, que cuestiona abiertamente el consenso constitucional, la existencia de las comunidades autónomas y que asume sin matices la retórica racista, nativista y excluyente importada del trumpismo. La admiración explícita por Donald Trump no es anecdótica, sino ideológica. Y resulta especialmente llamativo que ese discurso venga acompañado de una épica del esfuerzo y la meritocracia pronunciada, en muchos casos, por quienes jamás han cotizado en el sector privado. Abascal nunca lo ha hecho.
Aceptar ese marco, aunque sea por oportunismo electoral, supone una renuncia ética. No se trata solo de perder perfil propio, sino de abdicar de una tradición liberal que siempre ha defendido el imperio de la ley, la igualdad de derechos y obligaciones y la integración frente a la exclusión. Todo ello en nombre de una supuesta eficacia electoral que, además, rara vez se materializa.
La regularización de inmigrantes que ahora se debate no es una llamada a la inmigración irregular futura, por mucho que así se quiera presentar desde determinados altavoces mediáticos. Se refiere, simple y llanamente, a personas que ya están aquí. Personas que trabajan, que cuidan a nuestros mayores, que levantan edificios, que sirven mesas y que sostienen sectores enteros de la economía española en condiciones de absoluta precariedad jurídica. Personas que pagan alquileres, consumen y forman parte del día a día de nuestras ciudades, pero que carecen de derechos plenos y, paradójicamente, también de obligaciones formales.
La pregunta, por tanto, es incómoda pero inevitable: ¿cuál es la alternativa realista a la regularización? ¿Expulsarlos a todos? ¿Fingir que no existen mientras trabajan en la economía sumergida? ¿Crear una suerte de policía migratoria al estilo del ICE estadounidense para perseguir camareros, albañiles y cuidadoras? Mucho me temo que Feijóo no camina ni está en la calle. Porque si lo hiciera, conocería de primera mano una realidad que cualquiera percibe en barrios, bares, obras y domicilios: buena parte de quienes mantienen en pie sectores esenciales ya están aquí, aunque el Estado les niegue el reconocimiento legal.
Negar derechos no elimina el fenómeno migratorio. Solo lo hace más opaco, más injusto y más rentable para quienes se benefician de la irregularidad. La ausencia de papeles no protege al trabajador nacional, como se repite machaconamente, sino que genera competencia desleal, salarios a la baja y explotación. Precisamente lo contrario de lo que debería defender un partido que aspira a gobernar desde el liberalismo económico y el respeto al Estado de derecho.
Resulta especialmente cínico que, por competir con Vox, al PP parezca no importarle que haya miles de personas trabajando sin cotizar, justo cuando España se enfrenta a uno de los mayores desafíos demográficos de su historia reciente. La jubilación progresiva de la generación del baby boom tensionará el sistema de pensiones durante décadas. No es una cuestión ideológica, sino aritmética pura: menos cotizantes y más pensionistas implican menos ingresos y más gasto. En ese contexto, rechazar una regularización que ampliaría la base de cotización y reduciría la economía sumergida solo puede explicarse por el miedo a contrariar a un electorado alimentado a base de consignas simples.
La paradoja se agrava cuando se observa quiénes respaldan la medida. La Iglesia Católica la ha solicitado reiteradamente, apelando no solo a razones humanitarias, sino también a la dignidad del trabajo y a la integración social. La patronal empresarial la ha defendido con claridad, consciente de la escasez de mano de obra en sectores estratégicos. Sindicatos, ONG, economistas y demógrafos coinciden, con distintos matices, en que la regularización es una solución pragmática a un problema ya existente. ¿De verdad todos están equivocados? ¿De verdad el único análisis válido es el que dicta Vox?
La incoherencia del PP alcanza su punto máximo cuando se recuerdan las propias palabras de Feijóo en 2024, afirmando que votaría a favor de la Iniciativa Legislativa Popular sobre la regularización. Por entonces, Borja Sémper se mostró incluso entusiasta, articulando un discurso razonable, empático y homologable a la derecha liberal europea. ¿Qué ha cambiado desde entonces? La respuesta es tan simple como inquietante: la presión de Vox. Hoy parece que sobran perfiles moderados y faltan voces que se atrevan a pensar más allá del titular fácil, mientras ganan peso figuras como Miguel Tellado, más preocupadas por el choque frontal que por la coherencia política.
Sinceramente, creo que el Partido Popular está a un paso de perder algo más importante que unas elecciones: su dignidad política. Imitar a Vox no le arrebatará votos a la extrema derecha. La experiencia demuestra que el electorado suele preferir el original a la copia. Sin embargo, sí puede provocar una fuga silenciosa de votantes liberales, moderados y pragmáticos. Ciudadanos que, ante la falta de una alternativa sensata, optarán por la abstención o por el desencanto.
La política no consiste únicamente en ganar elecciones, sino en decidir cómo se ganan y para qué. España necesita reformas, necesita un cambio de rumbo y necesita liderazgo. Pero no a cualquier precio. Cuando un partido renuncia a pensar por sí mismo y se limita a competir en radicalidad, deja de ser una alternativa de gobierno para convertirse en un mero eco. Y los ecos, tarde o temprano, se apagan.
