La Guardia Civil se ha personado este miércoles en la Diputación de Cádiz para reclamar documentación sobre contratos de patrocinio vinculados a conciertos y festivales. La actuación afecta al Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, que depende de Germán Beardo, alcalde del Partido Popular (PP) en El Puerto de Santa María, vicepresidente cuarto de la institución provincial y diputado responsable del área.
Los agentes han acudido al Edificio Roma, una de las sedes de la Diputación, en el marco de una investigación judicial declarada secreta. Según las informaciones conocidas hasta ahora, la causa investiga un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con un empresario portuense dedicado a la hostelería y a la organización de eventos musicales.
La operación arrancó a primera hora en El Puerto de Santa María, donde la Guardia Civil registró oficinas y negocios vinculados al empresario Pascual Llopis, promotor de conciertos y festivales en la provincia. Después, los investigadores solicitaron en la Diputación varios expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con esos eventos.
El gobierno provincial, presidido por el PP, ha asegurado que el personal de la institución prestó “máxima colaboración” y facilitó toda la información requerida por los agentes. El portavoz de la Diputación, Juancho Ortiz, ha explicado que la Guardia Civil procedía de Sevilla y que la petición se limitó a expedientes administrativos dentro de una investigación en curso.
Beardo también ha salido al paso de las informaciones sobre el operativo. El alcalde de El Puerto ha negado que se produjera un registro en su despacho y ha asegurado que los agentes pidieron cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con conciertos organizados por el empresario investigado. Según su versión, acudió al Edificio Roma “sin ser requerido” para apoyar al personal técnico y después abandonó la sede al no ser necesaria su presencia.
La investigación también habría llevado a los agentes a recabar documentación en otras administraciones con contratos vinculados a los mismos eventos, entre ellas la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Por ahora, la causa sigue bajo secreto y no constan detenciones ni responsables políticos investigados.
El registro ha abierto un nuevo frente político en Cádiz. El PSOE provincial ha pedido explicaciones al PP y ha reclamado “máxima transparencia” sobre los contratos objeto de investigación. Izquierda Unida también ha exigido una respuesta de la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, y del equipo de gobierno provincial.
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