Emiliano García-Page ha convertido la reforma de la financiación autonómica en un nuevo pulso contra Pedro Sánchez. El presidente de Castilla-La Mancha ha endurecido este viernes su discurso frente al Gobierno y ha calificado la propuesta de "el modelo más insolidario, más injusto y más desigual de la democracia española", pocas horas antes de que su Ejecutivo votara en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La propuesta de Hacienda ha salido adelante con los votos de la Administración General del Estado, Cataluña y Canarias. Las otras trece comunidades de régimen común se han opuesto, incluidas las dos gobernadas por el PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias. La Comunidad de Madrid ha sido la única que ha dejado vacía su silla tras fracasar su intento de extender el plantón a los demás gobiernos del PP.
La oposición autonómica tiene un indudable peso político, aunque no bastaba para detener la propuesta. El Estado controla la mitad de los votos del CPFF y necesitaba el respaldo de una sola comunidad. El acuerdo inicia ahora un recorrido mucho más incierto por el Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados, donde Hacienda tendrá que reunir una mayoría parlamentaria que todavía no tiene garantizada.
Page se ha mostrado "dolido" e "indignado" durante una entrevista en 'Espejo Público'. A su juicio, el Ejecutivo ha aceptado un sistema que trata "más y mejor a los que más tienen y mucho peor a los que menos tenemos". Su Gobierno sostiene que Castilla-La Mancha recibiría más dinero, pero caería hasta el último puesto en financiación relativa por habitante ajustado.
Otro desafío de Page a Ferraz
El dirigente castellano-manchego ha llevado buena parte de su ofensiva al terreno interno del PSOE. Ha pedido la convocatoria de un Consejo de Política Territorial antes de que la reforma llegue al Consejo de Ministros y ha retado a la dirección socialista a someter el modelo a la militancia.
"Me gustaría ver si se atreven a consultar este modelo a todos los militantes del partido", ha lanzado Page, que considera en juego "el cogollo" de lo que significa ser socialdemócrata. También ha comparado el proceso con la reforma aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, precedida, según ha recordado, por meses de conversaciones con las federaciones socialistas.
El movimiento permite a Page reforzar una vez más su perfil de oposición interna a Sánchez. Sin embargo, su rechazo sigue limitado por ahora a las declaraciones públicas y al voto de su Gobierno en el órgano territorial. El presidente castellanomanchego no ha anunciado que vaya a pedir a los ocho diputados socialistas elegidos en su comunidad que rompan la disciplina del grupo cuando la reforma llegue al Congreso, como le reclama ya el PP regional.
Page también ha atribuido el contenido de la propuesta a las exigencias de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts. Ha acusado al independentismo de actuar desde el "egoísmo" y ha descrito la negociación como un "chantaje". Su crítica se dirige especialmente contra la ordinalidad, el criterio que busca evitar que una comunidad con mayor capacidad fiscal termine situada por debajo de otras después de aportar al sistema común.
El presidente regional ha reducido este principio a la idea de que quienes más tienen conservarán siempre más recursos. El debate resulta bastante más complejo. El modelo incorpora mecanismos de nivelación y una aportación adicional del Estado, aunque Castilla-La Mancha considera que esos instrumentos siguen sin compensar adecuadamente factores como la dispersión geográfica, el envejecimiento o el coste de prestar servicios en municipios pequeños.
Page ha cargado igualmente contra el respaldo de Canarias. Según su versión, Hacienda habría negociado un acuerdo bilateral con el archipiélago para hacer "más decoroso" un resultado sostenido inicialmente por Cataluña. El Gobierno canario ha ofrecido una explicación muy distinta y ha defendido su voto por las mejoras obtenidas durante la negociación. Las islas calculan que recibirán 1.337 millones de euros adicionales, quedarán por encima de la media y mantendrán su Régimen Económico y Fiscal fuera del sistema.
El choque entre el dinero y la posición relativa
La propuesta impulsada por Hacienda contempla 20.975 millones de euros adicionales para las comunidades en 2027. El aumento procede, entre otras medidas, de elevar la participación autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas hasta el 55% y en el impuesto sobre el valor añadido hasta el 56,5%, frente al 50% actual.
El Gobierno garantiza además que ninguna comunidad perderá recursos respecto al sistema vigente. Según sus cálculos, la diferencia entre el territorio mejor y peor financiado se reduciría desde unos 1.500 hasta aproximadamente 700 euros por habitante. El sistema se plantea como común, aunque su adopción será voluntaria para cada autonomía si supera la tramitación parlamentaria.
Ese punto marca la diferencia entre el relato de Page y las cifras defendidas por Hacienda. Castilla-La Mancha podría recibir más dinero y, al mismo tiempo, empeorar su posición relativa si otras comunidades obtienen incrementos mayores. El desacuerdo real se encuentra en cómo se reparte el aumento, qué necesidades territoriales se ponderan y cuánto debe conservar cada comunidad después de contribuir a la nivelación.
La reunión también ha incorporado nuevos mecanismos para acercar a la media a los territorios peor financiados y atender factores como la despoblación, el turismo, la reindustrialización o la superficie forestal. Parte de esos instrumentos tendrá que concretarse mediante desarrollos legislativos posteriores y algunas de sus cuantías siguen abiertas.
El consejero castellano-manchego de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha advertido además de que Junts podría exigir cambios durante la tramitación parlamentaria. El ministro Arcadi España ha confirmado que los grupos podrán presentar enmiendas y negociar el texto cuando llegue al Congreso. El Ejecutivo quiere que el nuevo sistema entre en vigor el 1 de enero de 2027.
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