El Gobierno ha concedido este martes un indulto parcial a Laura Borràs que evitará su entrada en prisión. El Consejo de Ministros ha conmutado la pena de cuatro años, seis meses y un día de cárcel impuesta a la expresidenta del Parlament por otra de dos años.
La medida afecta únicamente a la pena privativa de libertad. Borràs mantiene la multa de 36.000 euros y las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos impuestas en la sentencia, que sumaban trece años por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.
El Ejecutivo ha seguido el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que condenó a la antigua dirigente de Junts y pidió después reducir su estancia en prisión. Los magistrados consideraron que el ingreso en la cárcel resultaba "desproporcionado y excesivo" frente al daño causado y entendieron que la inhabilitación ya ofrecía una respuesta penal suficiente.
Dieciséis meses esperando la decisión del Gobierno
La posibilidad del indulto estaba sobre la mesa desde la primera sentencia del TSJC, dictada en marzo de 2023. El procedimiento quedó pendiente hasta que el Tribunal Supremo confirmó la condena en febrero de 2025. El tribunal catalán formalizó la petición de la medida de gracia el 28 de marzo de ese mismo año y suspendió la entrada en prisión de Borràs mientras el Gobierno tomaba una decisión.
Desde entonces han transcurrido dieciséis meses. El expediente permanecía en manos del Ministerio de Justicia después de que la Fiscalía Superior de Cataluña presentara en junio de 2025 un informe contrario al perdón. El Ministerio Público calificó el indulto como una medida "absolutamente injustificada y arbitraria" y defendió el cumplimiento íntegro de la pena.
La fiscal también reprochó a Borràs que continuara presentándose como víctima de "lawfare" y que no hubiera mostrado arrepentimiento. El Gobierno ha optado finalmente por asumir el planteamiento del tribunal sentenciador, que había descartado la necesidad de mantener una pena superior a dos años de cárcel.
18 contratos adjudicados a un amigo
La condena está relacionada con la etapa de Borràs al frente de la Institució de les Lletres Catalanes entre 2013 y 2018. La Justicia consideró probado que fraccionó irregularmente 18 contratos menores, valorados en 335.700 euros, para adjudicarlos directamente a un amigo informático y evitar los procedimientos de contratación pública.
La causa provocó su suspensión como presidenta del Parlament en julio de 2022 y la posterior retirada de su escaño. El Tribunal Supremo confirmó la condena y rechazó aplicarle la Ley de Amnistía al concluir que los hechos constituían corrupción y carecían de relación con el 'procés' independentista.
El indulto deberá publicarse ahora en el Boletín Oficial del Estado. El TSJC ejecutará entonces la nueva pena de dos años de prisión, la rebaja solicitada por la propia Sala para que Laura Borràs no ingrese en la cárcel.
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