El Parlament ha reclamado este jueves al Tribunal Supremo la aplicación “total e inmediata” de la Ley de Amnistía y ha condenado la actitud de los tribunales que impiden o retrasan su cumplimiento. La resolución, presentada por ERC en el Debate de Política General, ha reunido los votos de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana. Solo PP y la ultraderecha Vox han votado en contra.
La Cámara catalana ha denunciado la "actitud de bloqueo antidemocrática de los tribunales que niegan o dilatan su aplicación". El pronunciamiento llega en el noveno aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017 y a pocos días de que el Tribunal Constitucional examine los recursos que pueden desbloquear la amnistía por malversación para los dirigentes del ‘procés’.
El pleno también ha aprobado una propuesta de los Comuns que reclama aplicar la norma "de manera íntegra, inmediata y sin interpretaciones restrictivas". El texto incluye expresamente a los cargos políticos, los activistas y los ciudadanos anónimos encausados, para que la exigencia de cumplimiento alcance al conjunto de los afectados.
Conde-Pumpido recuerda que la doctrina es vinculante
La votación ha coincidido con un mensaje del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, sobre las obligaciones de los órganos judiciales. Durante un desayuno informativo en Madrid, ha recordado que la doctrina de la corte de garantías es "vinculante" para todos los jueces y tribunales, también cuando resuelve recursos de amparo.
El próximo 6 de octubre está previsto que el pleno examine los recursos de los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa contra la negativa del Supremo a amnistiar la malversación. Las ponencias plantean estimar sus demandas, aunque la decisión todavía debe someterse a deliberación y votación. El resultado puede determinar la aplicación de la norma a otros dirigentes independentistas.
Conde-Pumpido ha explicado que, si se estiman los recursos, el Constitucional fijará una doctrina "clara, precisa y contundente" y comunicará el fallo con rapidez al Supremo. También ha señalado que las resoluciones que restablecen derechos fundamentales deben ejecutarse con carácter preferente y urgente. Ha evitado, sin embargo, anticipar cuánto tardaría el Supremo en hacerlo, porque esa decisión corresponde al propio tribunal.
La controversia pendiente afecta a un punto decisivo para Carles Puigdemont y otros dirigentes del ‘procés’. El Constitucional ya ha avalado la ley, pero el Supremo mantiene su rechazo a aplicarla a determinadas causas por malversación. Una doctrina favorable en los recursos de Turull y Bassa abriría la puerta a revisar esa situación; su ejecución tendría que concretarse después en las resoluciones judiciales correspondientes.
Desde el Parlament, su presidente, Josep Rull, también ha reclamado este jueves que termine la demora. En una declaración por el aniversario del 1-O, ha pedido acabar con las “argucias legales” y el “filibusterismo judicial” que, según denuncia, retrasan la amnistía. Ha reclamado que Puigdemont y Lluís Puig puedan ocupar sus escaños y que Oriol Junqueras y Jordi Turull dejen de estar inhabilitados.
Acuerdo por el diálogo y rechazo a la vía unilateral
El respaldo a la amnistía ha venido acompañado de otro acuerdo sobre la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado. El pleno ha aprobado una iniciativa de ERC para promover un entendimiento de país con participación de fuerzas políticas, agentes sociales y sociedad civil. PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP la han apoyado; PP y Vox la han rechazado y Aliança Catalana se ha abstenido.
La propuesta recoge los términos del pacto de investidura entre PSC y ERC, sitúa el diálogo democrático como principio y plantea presentar conclusiones en un año. También defiende que la ciudadanía decida pacífica y libremente el futuro político de Catalunya y que la solución al conflicto sea refrendada por los catalanes. El texto aprobado no concreta la fórmula de esa consulta.
Ese acuerdo ha convivido con el rechazo a las propuestas de mayor alcance independentista. Ha caído el texto de Junts que fijaba como objetivo la independencia y defendía que solo un referéndum pactado con el Estado podría sustituir el mandato que atribuye al 1-O. Tampoco ha prosperado la petición de la CUP de actuar más allá de los límites constitucionales y estatutarios.
El pleno ha rechazado, además, que el Govern emprenda acciones legales contra los responsables de no aplicar la amnistía por la presunta prevaricación que denunciaba la CUP. También ha tumbado la propuesta de la ultraderecha Vox que reclamaba derogar la ley.
