El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido este lunes la aplicación de la ley de amnistía a la malversación del 'procés' y ha lanzado una dura impugnación jurídica contra el criterio seguido por el Tribunal Supremo. Su ponencia propone conceder el amparo a la exconsellera catalana Dolors Bassa y ordenar a la Sala de lo Penal que dicte una nueva resolución que declare amnistiado el delito por el que fue condenada.
Conde-Pumpido sostiene que la exclusión acordada por el Supremo responde a una lectura expansiva de las excepciones previstas por el legislador y termina dejando fuera algunas de las conductas que constituían el núcleo de la norma. La conclusión favorable a Bassa sería, según el borrador, "la única conciliable con las reglas de la lógica y del sentido común", además de la más coherente con el origen y la finalidad de la ley.
El presidente del tribunal de garantías acusa al Supremo de haber realizado una "reducción teleológica" que restringe de manera drástica la aplicación de la amnistía. La Sala habría justificado su decisión atendiendo a lo que, a su juicio, debería haber establecido la ley, alejándose de su redacción y de la voluntad expresada por las Cortes Generales. La ponencia considera que ese razonamiento "convierte la excepción en regla".
La ley separa el 'procés' de la corrupción personal
La Ley Orgánica de Amnistía incluye los actos de malversación destinados a financiar, sufragar o facilitar el referéndum del 1 de octubre de 2017, siempre que sus responsables no buscaran un enriquecimiento personal. El propio texto precisa que emplear fondos públicos para aquellos fines no constituye enriquecimiento cuando no exista el propósito de obtener un beneficio patrimonial particular.
El Supremo interpretó, sin embargo, que los dirigentes independentistas obtuvieron un beneficio al evitar pagar de su bolsillo los gastos asociados al referéndum. Ese ahorro, según la Sala de lo Penal, permitía excluir la malversación de la amnistía. La consecuencia fue mantener las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, además de las órdenes nacionales de detención contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.
Conde-Pumpido rechaza que uno de los elementos propios del delito pueda utilizarse para expulsar automáticamente de la norma las conductas que el legislador decidió incluir. La ponencia recuerda que la ley distingue los fondos destinados al proceso independentista de aquellos empleados con fines de corrupción personal y reprocha al Supremo haber reducido esa diferencia hasta volverla irrelevante.
El borrador concluye que la negativa a amnistiar a Bassa ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, relacionado con sus derechos de participación política y de acceso a cargos públicos. La exconsellera continúa sometida a una pena de inhabilitación que le impide ejercer responsabilidades institucionales. El Constitucional considera impredecible e internamente contradictoria la interpretación empleada para mantener esa condena.
La ponencia también recupera la finalidad declarada por las Cortes cuando aprobaron la norma. La amnistía buscaba mejorar la convivencia, reforzar la cohesión social e integrar distintas sensibilidades políticas después de años de conflicto institucional en Cataluña. Para Conde-Pumpido, el Supremo se mostró "absolutamente indiferente" a ese objetivo y rompió la coherencia necesaria entre la decisión adoptada, el contenido de la ley y el propósito constitucional que la justificaba.
La contradicción sobre los intereses europeos
El segundo argumento utilizado por el Supremo para excluir la malversación fue la posible afectación a los intereses financieros de la Unión Europea. Los magistrados entendieron que una eventual independencia de Cataluña habría reducido la aportación española al presupuesto comunitario y generado un perjuicio económico para la Unión.
Conde-Pumpido enfrenta esa tesis con la propia sentencia del 'procés', que describió la independencia como una "ensoñación" sin posibilidades reales de materializarse. La ponencia aprecia una contradicción difícil de sostener entre considerar inviable la secesión al dictar las condenas y presentar después ese mismo proyecto como una amenaza efectiva para las finanzas europeas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya descartó el pasado julio que una hipotética reducción de la contribución española pudiera interpretarse en esos términos. El fallo explicó que la variación presupuestaria sería una consecuencia ordinaria de que un territorio dejara de estar sometido a los tratados europeos. Conde-Pumpido considera que esa interpretación del Derecho comunitario prevalece sobre la planteada por el Supremo.
El Pleno del Constitucional estudiará el próximo 6 de octubre la ponencia sobre Dolors Bassa y la nueva propuesta del magistrado conservador José María Macías para resolver el recurso de Jordi Turull. Macías ha tenido que rehacer su primer borrador, favorable al criterio del Supremo, después de quedar en minoría ante una mayoría partidaria de conceder el amparo.
La futura doctrina afectará a los cuatro dirigentes condenados por malversación y servirá de referencia para los procedimientos de Puigdemont, Comín y Lluís Puig. Su aprobación permitiría levantar las órdenes nacionales de detención que todavía impiden al expresidente catalán regresar a España sin ser arrestado. El magistrado instructor Pablo Llarena deberá aplicar el criterio constitucional cuando reciba las sentencias.
Conde-Pumpido propone que el Supremo dicte una nueva resolución en la que declare amnistiada la malversación de Dolors Bassa. El borrador termina recordando que la propia ley obliga a resolver estas peticiones con carácter "preferente y urgente".
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