El PSC y Comuns han cerrado este martes un acuerdo para concentrar el voto al Senado en Girona, Lleida y Tarragona ante el pacto del PP con la ultraderecha Vox. La formación de Ada Colau retirará sus candidaturas en las tres provincias y apoyará a los socialistas, que se han comprometido a promover la designación de un senador autonómico a propuesta de los comunes. En Barcelona seguirán compitiendo.
El entendimiento ha llegado después de días de negociaciones bloqueadas y horas después de que el PP anunciara su retirada en Girona y Tarragona para favorecer a Vox. Ambos partidos lo han justificado como una "responsabilidad democrática" para "cerrar el paso a la derecha y la extrema derecha". También han denunciado que los de Feijóo y Abascal pretenden convertir el Senado en un instrumento de "regresión democrática y control de instituciones del Estado".
La portavoz socialista, Lluïsa Moret, ha señalado directamente al PP por dejar esas dos provincias en manos de una formación que ataca el autogobierno catalán. "El PP ha decidido hacerse pequeño en Cataluña", ha afirmado. A su juicio, el acuerdo con Vox exigía una respuesta de las fuerzas progresistas.
La respuesta ha sido posible entre dos partidos que mantienen diferencias importantes sobre vivienda y que competirán por los diputados al Congreso en toda Catalunya. El pacto permite colaborar sin resolver las disputas que atraviesan a la izquierda catalana. ERC continúa fuera, el enfrentamiento entre los comunes y los republicanos sigue abierto y Barcelona conserva su propia batalla electoral.
El PSC protege sus actas y Comuns gana una vía al Senado
Los resultados de 2023 explican buena parte de la negociación. El PSC obtuvo doce de los dieciséis senadores elegidos directamente en Catalunya, tres en cada provincia. ERC consiguió el cuarto escaño en Barcelona, Lleida y Tarragona; Junts lo ganó en Girona. Los comunes quedaron sin representación por elección directa.
Con esa distribución como punto de partida, el apoyo de Comuns puede ayudar a los socialistas a defender sus actas ante el nuevo escenario electoral. La contrapartida ofrece al espacio de Colau una representación que en las últimas generales se le resistió en las urnas. El senador acordado deberá ser designado por el Parlament, mediante uno de los puestos correspondientes al PSC. Su nombre no figura en el acuerdo anunciado.
El sistema electoral obliga a afinar cualquier cálculo. En cada provincia catalana se eligen cuatro senadores y cada ciudadano puede marcar hasta tres nombres, incluso de partidos diferentes. El PSC ya ganó en 2023 los tres escaños a los que aspiraban sus candidatos. Concentrar ahora el voto en ellos puede proteger esa posición; atribuirle automáticamente el cuarto senador de ERC sería una conclusión equivocada.
La competencia será especialmente visible en Barcelona. Allí los comunes conservan una candidatura con la que disputar representación propia. En 2023, Laura Campos quedó a unos 68.000 votos del republicano Joan Queralt, que obtuvo el cuarto escaño. Ese resultado explica el interés de Comuns por mantener abierta la posibilidad de entrar en el Senado por la provincia donde concentra su mayor fuerza electoral.
El acuerdo recupera una colaboración con antecedentes, aunque con un alcance más reducido. PSC, ERC y los antecesores de Comuns compartieron la Entesa Catalana de Progrés en las generales de 2000, 2004 y 2008. En 2011, la alianza continuó sin los republicanos. Ahora la cooperación se articula mediante tres retiradas y un compromiso de representación autonómica, mientras Barcelona queda al margen y ERC mantiene sus propias candidaturas.
La vivienda y el Congreso mantienen abierta la disputa
El pacto electoral ha llegado con una negociación importante todavía encallada entre el Govern de Salvador Illa y Comuns. La regulación de las compras especulativas de vivienda sigue enfrentando a ambos espacios. El pasado 21 de octubre, Jéssica Albiach advirtió de que llevarían adelante su propuesta sin acuerdo con los socialistas si no acercaban posiciones antes del día 30. La alternativa del Ejecutivo para responder a las objeciones del Consell de Garanties Estatutàries no había convencido a los comunes.
Esa negociación afecta de lleno a la campaña. Colau ha situado la vivienda entre sus principales argumentos electorales y su espacio necesita demostrar qué consigue al presionar a los socialistas. Cooperar con el PSC frente a Vox y exigirle cambios en vivienda son dos decisiones que Comuns deberá defender ante el mismo electorado. El acuerdo del Senado concreta la primera; la segunda sigue pendiente de resultados.
Con ERC, las diferencias se han acumulado durante años. En 2019, Colau conservó la alcaldía de Barcelona pese a que Ernest Maragall había ganado en votos, gracias al pacto con el PSC y al apoyo de tres concejales de la candidatura de Manuel Valls. En 2024, el rechazo de los comunes a los presupuestos de Pere Aragonès por el proyecto del Hard Rock precipitó el adelanto electoral. La rivalidad entre ambas formaciones está ligada a decisiones que cambiaron gobiernos y mayorías, además de a la competencia por votantes próximos.
La precampaña del 29N ha añadido otro enfrentamiento. Podemos ha acordado apoyar las candidaturas de ERC en Catalunya, incorporar independientes a sus listas y compartir actos entre Gabriel Rufián e Irene Montero. La colaboración ha reforzado una alternativa al Frente Amplio de Colau precisamente en su principal territorio electoral. Aina Vidal llegó a acusar a ERC de lanzar una "OPA hostil" contra el espacio de los comunes cuando fracasaron los intentos de una candidatura unitaria.
El acuerdo con el PSC permite a Comuns ofrecer un resultado concreto de cooperación después de ese fracaso. También deja a ERC defendiendo por separado sus actas al Senado mientras compite con Colau por el voto al Congreso. Los republicanos y los comunes obtuvieron siete diputados cada uno en Catalunya en 2023, dentro de las candidaturas de ERC y Sumar. La disputa afecta a quién representará a esos votantes y al peso que tendrá cada fuerza en una futura mayoría parlamentaria.
En el conjunto de España aparece una separación parecida entre ambas cámaras. PSOE y Frente Amplio han acordado candidaturas al Senado en más de cuarenta circunscripciones, mientras que para el Congreso mantienen su competencia. Frente Amplio concurrirá en todas las circunscripciones salvo Teruel y Podemos presentará listas propias en buena parte del país. La cooperación entre estos dos espacios se ha conseguido en Canarias, la Comunitat Valenciana y Baleares.
En el Senado se pueden negociar retiradas y puestos concretos para evitar que la dispersión del voto facilite escaños a las derechas. En el Congreso, cualquier renuncia afecta también al programa, al grupo parlamentario y a la capacidad de negociar un futuro Gobierno. Ese reparto de poder sigue separando a las izquierdas, incluso donde coinciden en advertir del riesgo de un Ejecutivo de PP y Vox.
La batalla por la Cámara Alta tiene, además, consecuencias institucionales. El Senado propone a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por mayoría de tres quintos. Las retiradas y los acuerdos territoriales pueden influir en que un bloque alcance ese umbral o necesite negociar con otras fuerzas.
Desde ERC, el candidato al Congreso Jordi Albert ha respondido a los movimientos electorales reivindicando su propio espacio. "Si hay alguien perdido con tanto movimiento que sepa que en ERC hay un lugar refugio", ha afirmado.
