Dos años después de la dana que arrasó decenas de municipios valencianos, las familias de las 233 personas fallecidas siguen esperando respuestas sobre la gestión de la emergencia. Muchas calles y servicios han sido reparados, pero todavía hay viviendas dañadas, ayudas pendientes y grandes obras de protección frente a inundaciones que no han llegado a ejecutarse.
El entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mantiene su escaño en Les Corts casi un año después de dimitir. Su ausencia durante horas de la tarde del 29 de octubre de 2024, el retraso de la alerta a los móviles y las versiones que ofreció después siguen en el centro de las reclamaciones de las víctimas.
Aquel día, Mazón mantuvo una comida en el restaurante El Ventorro de Valencia con la periodista Maribel Vilaplana mientras la situación empeoraba en municipios de la provincia. La primera alerta masiva a los teléfonos se envió a las 20.11 horas. Para entonces, el agua ya había entrado con fuerza en numerosos pueblos y los servicios de emergencia recibían miles de llamadas.
El expresidente llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado, el organismo desde el que se dirigía la emergencia, a las 20.28 horas. Su defensa sostiene que no era el responsable de redactar ni enviar la alerta y rechaza que se haya acreditado una relación causal entre el retraso y las muertes.
Mazón sigue como diputado y la causa de la dana continúa abierta
La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la emergencia pidió en febrero al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que investigara a Mazón. La instructora apreció indicios de una posible negligencia grave y puso el foco en su ausencia de los centros de decisión durante horas en las que la riada avanzaba.
El tribunal superior rechazó abrir una investigación contra él en marzo y confirmó esa decisión en abril. Los magistrados consideraron que los hechos expuestos no ofrecían indicios suficientes para atribuirle un delito. Mazón está aforado por su condición de diputado, por lo que corresponde a ese tribunal decidir sobre su eventual investigación penal.
La situación judicial del expresidente es distinta de la de otros responsables de su Gobierno. En la causa de Catarroja siguen investigados la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas y el que fuera secretario autonómico del área, Emilio Argüeso, por la gestión de aquella jornada. La investigación se ha prorrogado hasta abril de 2027 para practicar diligencias pendientes.
Entre ellas figuran las gestiones para intentar recuperar comunicaciones de José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete de Mazón. La jueza también examina los avisos recibidos, las decisiones adoptadas durante la emergencia y las circunstancias de los fallecimientos. No hay todavía una resolución definitiva sobre las responsabilidades penales.
Las principales asociaciones de víctimas mantienen sus críticas a la gestión de Mazón y reclaman que abandone también su acta de diputado. El expresidente, que dejó la Presidencia de la Generalitat el 4 de noviembre de 2025, ha defendido su actuación y se ha apoyado en la decisión del tribunal superior que rechazó investigarlo.
Las reparaciones avanzan, pero faltan obras para prevenir riadas
En los municipios afectados se han recuperado calles, servicios y parte de la actividad económica. También continúan las dificultades dentro de algunas viviendas y negocios. En el barrio de Bechinos, en Chiva, varias casas siguen en ruinas o pendientes de demolición; el Ayuntamiento calcula que una treintena de edificios deberán ser derribados.
La Confederación Hidrográfica del Júcar informó en julio de que había terminado 17 obras de emergencia, con una inversión superior a 220 millones de euros, para reparar cauces e infraestructuras dañadas. Los trabajos se han extendido principalmente por Valencia y también han incluido zonas afectadas de otras provincias.
Entre las actuaciones figuran intervenciones en el río Magro, la presa de Forata y el Turia. Son reparaciones que buscan recuperar la capacidad de los cauces y mejorar la protección de su entorno. Al mismo tiempo, las obras de mayor alcance para reducir el riesgo de inundaciones siguen en distintas fases de preparación.
El organismo trabaja en proyectos para las cuencas del barranco del Poyo, el Magro y el sistema Pozalet-La Saleta. Entre las actuaciones previstas está una salida para las aguas de La Saleta hacia el nuevo cauce del Turia, con la que se pretende reducir el riesgo en municipios como Aldaia y Alaquàs. La tramitación y ejecución de estos proyectos se prolongarán durante los próximos años.
La recuperación también continúa lejos de las obras. Cáritas Valencia ha atendido a 25.979 personas afectadas durante estos dos años y ha destinado ayudas a necesidades básicas, vivienda, negocios y movilidad. La entidad mantiene ahora programas de acompañamiento comunitario y emocional en los municipios golpeados por la riada.
