La Comunidad de Madrid ha decidido llevar a los tribunales el conflicto por la acampada instalada en la Puerta del Sol, a la que ha denominado como "ocupación ilegal", después de que expirase sin respuesta el plazo de 48 horas que el Ejecutivo regional había concedido al delegado del Gobierno, Francisco Martín. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno autonómico solicitará medidas cautelarísimas para conseguir la "inmediata disolución" de la protesta que reivindica el derecho de vivienda.
Ayuso ha informado de la decisión durante su intervención de este miércoles, después de que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, remitiera el día anterior un requerimiento al delegado del Gobierno para que adoptara las medidas necesarias ante la acampada por la vivienda y contra los desahucios.
La presidenta ha anunciado que la Comunidad presentará un recurso contencioso-administrativo contra lo que considera la "inacción del delegado del Gobierno". "Les anuncio que esta misma mañana la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso administrativo contra la inacción del delegado del Gobierno que se niega a desalojar la acampada ilegal en la Puerta del Sol", ha afirmado.
La Comunidad reclama el acceso de las ambulancias
Durante su intervención, Ayuso también ha puesto el foco en el acceso de los servicios de emergencia a la Puerta del Sol. La presidenta ha reclamado que, al menos, se habilite el espacio necesario para permitir el paso de las ambulancias.
"Por favor, que desalojen, por lo menos, lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias", ha señalado. Ayuso también se ha referido a las dificultades que, según ha denunciado, la acampada estaría provocando a los comerciantes de la zona.
La Comunidad sostiene que la concentración permanente podría estar excediendo los límites constitucionales y legales del derecho fundamental de reunión. El Gobierno regional defiende además que corresponde al delegado del Gobierno adoptar determinadas medidas de prevención y vigilancia para garantizar la protección de personas, bienes e instituciones.
A estas razones, el Ejecutivo autonómico suma los daños que, según sostiene, se habrían producido en elementos del patrimonio histórico-artístico de la Puerta del Sol, así como otros actos vandálicos registrados durante los últimos días.
El cerco aumenta contra Ayuso y su Gobierno por el ático de lujo
El PSOE de Madrid ha solicitado al Tribunal de Cuentas que investigue la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático valorado en 6,3 millones de euros en el distrito de Chamberí, al apreciar indicios de un presunto “perjuicio patrimonial” y al reclamar, entre otros extremos, que se identifique quién impulsó la operación y con qué “necesidad concreta”.
Asimismo, según ha adelantado 'El País' los socialistas también ha solicitado que se investigue a Pedro Corbalán, consejero delegado de Planifica Madrid, la empresa pública que adquirió el inmueble.
Así consta en la denuncia presentada, en la que el grupo socialista pide aclaraciones sobre cómo se fraguó la operación, si existió un acuerdo específico del consejo de administración de Planifica Madrid para aprobar la selección, el precio, las arras y la inversión, y qué controles presupuestarios, técnicos o jurídicos eran exigibles y si llegaron a activarse.
