Isabel Díaz Ayuso ha devuelto a tres de sus antecesores al corazón institucional de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Cristina Cifuentes serán miembros de la Comisión Jurídica Asesora, el órgano encargado de emitir dictámenes sobre asuntos de especial relevancia legal que llegan desde el Gobierno autonómico y otras administraciones madrileñas.
Los nombramientos han sido aprobados este miércoles por el Consejo de Gobierno en aplicación del Estatuto de Expresidentes que el propio Ejecutivo de Ayuso impulsó en 2025. Los tres participarán en los plenos como expertos, con capacidad para intervenir en las deliberaciones, aunque sus puestos tendrán voz y carecerán de voto.
Desde la Puerta del Sol defienden que su experiencia permitirá aportar "seguridad jurídica y rigor técnico". La decisión reúne en el mismo organismo a tres dirigentes que gobernaron Madrid durante casi dos décadas y que representan etapas muy diferentes del PP regional, desde el perfil institucional de Gallardón hasta el neoliberalismo de Aguirre y la accidentada presidencia de Cifuentes.
Seis años en la Comisión Jurídica
El decreto aprobado el pasado año reconoce este derecho a quienes hayan presidido la Comunidad durante al menos dos años y hayan accedido al cargo al comienzo de una legislatura. Gallardón, Aguirre y Cifuentes cumplen esos requisitos y solicitaron su incorporación, por lo que el Consejo de Gobierno debía formalizar sus nombramientos.
El mandato ordinario será de seis años. En el caso de expresidentes que permanecieron más de cuatro años en el cargo, el Ejecutivo puede ampliarlo de forma motivada hasta un máximo de doce. Esta posibilidad alcanza a Gallardón, que gobernó entre 1995 y 2003, y a Aguirre, presidenta desde 2003 hasta su dimisión en 2012. Cifuentes ocupó la Presidencia entre 2015 y 2018. Su etapa terminó en plena crisis por las irregularidades de su máster y después de que apareciera un antiguo vídeo relacionado con el supuesto hurto de dos cremas en un supermercado.
Los tres podrán recibir una indemnización por cada pleno al que asistan, aunque no tendrán una retribución fija por formar parte de la Comisión. La cuantía de las dietas corresponde a la Consejería de Hacienda y será incompatible con determinadas compensaciones públicas.
Joaquín Leguina también reúne las condiciones exigidas, pero queda fuera mientras continúe como presidente de la Cámara de Cuentas madrileña. Su actual responsabilidad pública resulta incompatible con el cobro de las indemnizaciones previstas para los vocales electivos. Tampoco acceden Ignacio González, Ángel Garrido ni Pedro Rollán. Los tres asumieron la Presidencia durante una legislatura ya iniciada, al sustituir a quienes habían encabezado las respectivas candidaturas electorales, y quedan excluidos por los criterios introducidos en el estatuto de Ayuso.
Ayuso vuelve a mirar a su pasado político
La incorporación de Aguirre y Cifuentes conecta directamente con los primeros años de la carrera política de la actual presidenta. Ayuso trabajó en el área de comunicación del PP madrileño durante la etapa de Aguirre y entró en la Asamblea en 2011. Después renovó su escaño con Cifuentes, quien la nombró viceconsejera de Presidencia y Justicia en 2017.
Aguirre fue durante años uno de sus principales referentes políticos y también una de las primeras dirigentes del partido en respaldar públicamente su liderazgo. Ambas comparten una forma de comunicación basada en la confrontación con la izquierda, la rebaja de impuestos y la reivindicación de Madrid como contrapeso frente al Gobierno central.
Cifuentes ha recuperado progresivamente la relación pública con el PP madrileño después de varios años alejada de la primera línea. Ayuso ha coincidido con ella en diferentes actos institucionales y ahora le concede un puesto desde el que podrá intervenir en los debates jurídicos del organismo consultivo.
La relación con Gallardón responde a otra tradición dentro del mismo partido. Su presidencia estuvo marcada por un perfil más moderado y una intensa política de infraestructuras, antes de dar el salto al Ayuntamiento de Madrid y posteriormente al Ministerio de Justicia. Abandonó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 después de que el Ejecutivo retirara su restrictiva reforma de la ley del aborto.
El nombramiento reúne así a figuras que mantuvieron enfrentamientos políticos entre ellas. Gallardón y Aguirre disputaron durante años el control del PP madrileño y representaron modelos distintos dentro de la derecha, una rivalidad que alcanzó sus momentos más duros durante la etapa en que ambos gobernaban la Comunidad y el Ayuntamiento.
Del poder a las polémicas del PP madrileño
La larga presidencia de Esperanza Aguirre quedó atravesada posteriormente por las investigaciones de corrupción que afectaron a algunos de sus colaboradores más cercanos. Antiguos dirigentes de sus gobiernos y del PP de Madrid acabaron implicados en causas como ‘Púnica’, ‘Gürtel’ y ‘Lezo’, aunque Aguirre nunca ha sido condenada y siempre ha negado conocer las actividades delictivas desarrolladas en su entorno.
En 2016 dimitió como presidenta del PP madrileño tras el registro de la sede regional dentro de la investigación de ‘Púnica’. Un año después abandonó también el Ayuntamiento de Madrid tras la detención de Ignacio González, su sucesor al frente del Gobierno autonómico.
Cifuentes llegó precisamente con la promesa de abrir una etapa distinta, pero su mandato terminó antes de completar la legislatura. El escándalo por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos desgastó su posición hasta que la difusión del vídeo del supermercado precipitó su salida en abril de 2018. Ayuso acabaría ocupando meses después la portavocía del PP regional y un año más tarde llegaría a la Presidencia.
Gallardón salió de Madrid sin escándalos personales comparables, aunque su gestión dejó proyectos de gran coste y decisiones que todavía han provocado litigios para las arcas autonómicas. Entre ellas figura el llamado ‘céntimo sanitario’, impulsado durante su etapa y posteriormente declarado contrario al derecho europeo.
Ahora los tres compartirán asiento en un órgano que el Gobierno regional presenta como independiente y técnico. La Comisión Jurídica Asesora interviene en revisiones de oficio, reclamaciones patrimoniales, contratos públicos y proyectos normativos, aunque sus conclusiones tienen carácter consultivo y la decisión final continúa en manos de la Administración correspondiente.
Los nombramientos tendrán una duración inicial de seis años. Gallardón y Aguirre podrán aspirar a una prórroga hasta los doce, mientras Cifuentes agotará su presencia al concluir el primer periodo previsto por el Estatuto de Expresidentes.
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