La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado agrupar en una macrocausa las investigaciones judiciales sobre las muertes en residencias durante la pandemia de COVID-19, una decisión que afecta directamente a la gestión del Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso. El tribunal considera que no existe la conexidad necesaria para instruir los casos de forma conjunta.
En el auto la Sala desestima el recurso presentado por un familiar de una víctima y el Ministerio Fiscal contra la decisión adoptada el 27 de agosto de 2025 por un juzgado de instrucción de Madrid. De este modo, se confirma que las distintas denuncias seguirán su curso por separado en diferentes órganos judiciales.
Los magistrados sostienen que, aunque en varias causas coinciden algunos investigados —como los ex altos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca—, en otros procedimientos aparecen distintos responsables, lo que impide una instrucción unificada.
Además, la Sala subraya que los “sujetos pasivos son diferentes”, es decir, las víctimas presentaban patologías y situaciones distintas, lo que obliga a analizar cada caso de forma individualizada. “Resulta imprescindible examinar en cada supuesto las circunstancias concretas”, señala el auto judicial.
El tribunal también argumenta que, desde un punto de vista práctico, una macrocausa no facilitaría el proceso, sino que lo complicaría. Según los jueces, la acumulación de múltiples querellas y denuncias “añadiría más complejidad, dilataría más el procedimiento e impediría analizar con mayor minuciosidad cada caso concreto”.
La petición de unificar las causas había sido impulsada por familiares de víctimas, asociaciones y la Fiscalía, que defendían que una macrocausa permitiría abordar los hechos de forma global y evitar resoluciones contradictorias. Sin embargo, la propia Audiencia ya se había mostrado previamente contraria a esta opción.
El origen de muchas de estas investigaciones se encuentra en los protocolos aprobados por la Comunidad de Madrid, conocidos como los "protocolos de la vergüenza", durante las primeras semanas de la pandemia, que establecían criterios para derivar, o no, a residentes a hospitales en función de su estado de salud, dependencia o deterioro cognitivo.
