El PSOE de Madrid ha abierto una ofensiva municipal contra la subida de la tasa con la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cobra a los ayuntamientos por el servicio regional de bomberos. Los alcaldes socialistas presentes en la Junta de Gobierno de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) han denunciado formalmente el incremento y exigen una revisión inmediata del modelo de financiación.
"Ayuso vuelve a meter la mano en el bolsillo de los ayuntamientos", ha denunciado la secretaria de Política Municipal del PSOE madrileño, Cristina González. Los socialistas acusan al Ejecutivo autonómico de cobrar más por un servicio esencial mientras los profesionales alertan de carencias de efectivos, medios materiales y trabajos preventivos.
La reforma eleva de 30,93 a 35 euros por habitante la cantidad exigida y amplía el límite de población utilizado para calcular cada factura. El tope ha pasado de 100.000 a 120.000 vecinos este año, subirá hasta los 130.000 en 2027 y alcanzará los 150.000 desde 2028.
El PSOE exige saber dónde termina el dinero
El partido reclama un informe público sobre los ingresos obtenidos, las inversiones realizadas, los puestos de bombero cubiertos, los retenes operativos y las actuaciones preventivas ejecutadas. También pide una mesa de negociación para impedir que una decisión adoptada unilateralmente por Ayuso termine recortando los recursos municipales disponibles para otros servicios públicos.
El golpe será especialmente duro en las grandes ciudades. Móstoles ha pasado de pagar unos 3,09 millones de euros a soportar una cuota de 4,2 millones, un 35,7% más. Getafe y Alcalá de Henares afrontan una factura similar durante 2026, mientras el despliegue completo del nuevo límite puede provocar incrementos cercanos al 70% en algunos municipios.
La ofensiva socialista llega después de un verano marcado por varios incendios graves y por las denuncias de los profesionales forestales sobre las labores preventivas pendientes. "Si quiere pedir más dinero a los municipios, tendrá que explicar para qué lo quiere", ha advertido González.
Como ya publicó 'ElConstitucional.es', la subida permitirá a la Comunidad ingresar 37,8 millones adicionales durante 2026 y 2027. La cifra coincide prácticamente con la cantidad que los bomberos calculan que quedó pendiente de invertir entre 2019 y 2023 mediante otra contribución destinada al servicio de incendios.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó recuperar aquellas inversiones y estableció que ese dinero debía destinarse "única, exclusiva e íntegramente" a medios reales contra el fuego. La resolución se convirtió en firme después de que el Gobierno regional decidiera no recurrirla.
Rivas lleva la subida ante Hacienda
La protesta política ha ido acompañada del primer recurso administrativo. Según ha informado 'Somos Rivas', de 'elDiario.es', el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha impugnado el incremento ante la Junta Superior de Hacienda regional por considerarlo "injusto, desproporcionado y no ajustado a la legalidad".
El consistorio sostiene que el proyecto no cumplió correctamente los requisitos de exposición pública y que la memoria económico-financiera no estuvo disponible para las administraciones afectadas en tiempo y forma. También cuestiona que Rivas deba asumir prácticamente la misma cuota que localidades con el doble de población.
La ciudad tendrá que pagar alrededor de 3,6 millones de euros, cerca de un 16% más, pese a continuar sin parque propio. Rivas es la única localidad madrileña con más de 100.000 habitantes que carece de esta instalación, aunque el 73% de su término municipal forma parte del Parque Regional del Sureste.
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha defendido que la tasa pretende ser "más ajustada, proporcionada y progresiva" y que resulta necesaria para sostener un servicio cuyo presupuesto ha pasado de 116 millones en 2016 a 230 millones este año. El Ejecutivo regional sostiene que la aportación municipal cubre actualmente el 33,7% del coste real.
Su respuesta deja pendientes las preguntas sobre los defectos de tramitación denunciados por Rivas, las inversiones concretas que recibirán las ciudades afectadas y el destino detallado de la recaudación adicional. La Junta Superior de Hacienda deberá resolver ahora el primer recurso presentado contra la subida de Ayuso.
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