La televisión pública del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reconoce ante los tribunales que no tiene capacidad para pagar los más de 60 millones de euros que le reclama Hacienda. Radio Televisión Madrid considera esa cantidad inasumible y ha conseguido suspender cautelarmente una de las liquidaciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA), según ha desvelado en exclusiva 'verTele'.
La reclamación acumulada asciende a 60.029.924,56 euros por los ejercicios de 2012 a 2022. Los distintos expedientes se recurren por separado y, en el procedimiento conocido ahora, la Audiencia Nacional ha paralizado una liquidación de algo más de un millón de euros mientras resuelve el recurso. Los jueces han tenido en cuenta el impacto que supondría exigir los pagos y el riesgo de consecuencias irreparables para la entidad.
Para justificar su petición, la cadena presentó sus cuentas y expuso que afronta varios procedimientos similares por una "cuantía inasumible para la recurrente". También alegó que "en ningún caso dispondría de excedentes de tesorería" para atender ese volumen de deuda. La suspensión concede un respiro financiero a Telemadrid mientras continúa la disputa sobre las deducciones del impuesto.
El conflicto abarca una década de gobiernos del PP, incluidos los primeros años de Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, cuya presidencia asumió en 2019. La Audiencia Nacional ya confirmó una reclamación de 17 millones correspondiente a 2012, 2013 y 2014, al considerar que la televisión pública había calculado incorrectamente el IVA que podía deducirse.
De presumir de eficiencia a reconocer que falta dinero para Hacienda
La dimensión del problema queda reflejada en los propios presupuestos autonómicos. La ley de cuentas de la Comunidad de Madrid fija para Radio Televisión Madrid 98.824.000 euros en 2026. Las reclamaciones fiscales acumuladas equivalen al 60,7% de ese presupuesto anual, una comparación que permite medir su magnitud, aunque correspondan a varios ejercicios y se discutan en procedimientos diferentes.
El reconocimiento de falta de tesorería llega después de que la cadena hiciera bandera de su gestión económica. El pasado 18 de marzo presentó el cierre de 2025 con un resultado contable positivo de 59.576 euros y un superávit presupuestario de 846.585 euros. En aquella comunicación oficial se proclamaba "la televisión autonómica más eficiente de España" y destacaba que había recibido 81,5 millones de la Comunidad. La defensa de esa eficiencia convive ahora con unas obligaciones fiscales que la propia entidad admite que no puede afrontar.
La disputa afecta también a otras televisiones autonómicas, con reclamaciones que rondan en conjunto los 400 millones de euros. Hacienda distingue entre el servicio público y la actividad comercial de las cadenas, como la publicidad o la venta de contenidos. Según su criterio, las entidades solo pueden deducirse el IVA de las compras de bienes y servicios en la medida en que se utilicen para actividades que generan ese derecho, en lugar de aplicar una deducción íntegra a toda su actividad.
Parte de la controversia está pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que la Audiencia Nacional ha remitido preguntas sobre un litigio de Aragón Televisión. En paralelo, el Gobierno central prepara una reforma reglamentaria para que determinados impuestos no deducibles de RTVE se computen como costes del servicio público y puedan recibir compensación. Esa modificación se dirige a la corporación estatal y no resuelve por sí misma las reclamaciones de Telemadrid y las demás autonómicas.
Ayuso recuperó al director que ya estaba al frente durante los primeros ejercicios reclamados
La continuidad en la dirección añade un elemento político al historial de Telemadrid. José Antonio Sánchez, recuperado por Ayuso en 2021, ya había dirigido la cadena entre 2011 y 2014, el periodo que incluye los tres ejercicios por los que la Audiencia Nacional confirmó el pago de 17 millones. Bajo aquella dirección también se ejecutó el expediente de regulación de empleo de 2013, que dejó fuera a 861 trabajadores y que el Tribunal Supremo declaró improcedente en 2014, obligando a elevar las indemnizaciones.
Ayuso lo nombró administrador provisional después de impulsar la reforma de la ley de Telemadrid de 2021. PP y Vox ratificaron su designación en la Asamblea, tras una modificación legal que había salido adelante con los votos populares y la abstención de la ultraderecha. El nombramiento provisional se prolongó casi tres años, hasta que Sánchez fue designado director general en junio de 2024, después de superar el trámite de idoneidad con el apoyo del PP. La junta de accionistas que formalizó su elección está integrada por el Gobierno regional.
La tramitación de aquella reforma también acabó en los tribunales. En su sentencia del 11 de marzo de 2026, el Constitucional concluyó que la Asamblea vulneró el derecho de participación política de los diputados socialistas al emplear un procedimiento de lectura única que les impedía presentar enmiendas sin que concurrieran las circunstancias que lo justificaban. El tribunal anuló los acuerdos parlamentarios que permitieron esa tramitación y precisó que el fallo no se pronunciaba sobre la constitucionalidad de la propia ley.
