La Audiencia Nacional amplía su investigación por el abordaje israelí de la Flotilla Global Sumud, interceptada el 1 de octubre de 2025 cuando llevaba ayuda humanitaria a Gaza. El juez Francisco de Jorge, que hasta ahora examinaba las posibles detenciones ilegales practicadas en embarcaciones españolas, permitirá investigar también las presuntas torturas, lesiones y daños cometidos a bordo.
La decisión llega tras los recursos presentados por Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y otros querellantes contra la delimitación inicial de la causa. Según recoge el auto, las denuncias apuntan a que algunos activistas sufrieron "tratos inhumanos o degradantes" cuando todavía permanecían en barcos de bandera española, antes de su traslado a embarcaciones o instalaciones israelíes.
La flotilla trataba de llegar a una Gaza golpeada por los ataques israelíes y las restricciones a la entrada de ayuda. El propio magistrado recuerda que sus integrantes se embarcaron para llevar suministros y protestar por las matanzas de civiles. Esa finalidad humanitaria forma parte del contexto en el que la Justicia española debe examinar ahora el uso de la fuerza durante la interceptación y las detenciones.
Lo ocurrido en los barcos españoles
La bandera de las embarcaciones es decisiva para la investigación. La Audiencia Nacional puede examinar los posibles delitos cometidos a bordo de buques españoles con independencia de la nacionalidad de quienes viajaban en ellos. Por eso el juez ha rectificado el alcance de su primera resolución y ha dejado abierta la causa a los malos tratos, las lesiones y los daños que puedan acreditarse durante el abordaje.
La ampliación todavía depende de las pruebas. Las declaraciones de los tripulantes y de otras personas afectadas deberán precisar qué ocurrió en cada barco, quién intervino y si existen indicios para sostener una acusación por torturas. El auto permite investigar esos hechos; no establece que los delitos estén probados.
Las querellas señalan, entre otros, a Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor israelí, y a Ram Rothberg, antiguo jefe de la Marina. Rothberg dejó ese cargo en 2016, mucho antes de la operación contra la flotilla. Su inclusión en la causa hace especialmente importante aclarar qué actuación concreta atribuyen las acusaciones a cada mando.
Los abusos denunciados tras el traslado
El juez distingue los hechos ocurridos en los buques españoles de los presuntos malos tratos posteriores, denunciados en embarcaciones israelíes y centros de detención. Sobre estos últimos todavía no asume la competencia ni dirige el procedimiento contra responsables concretos, aunque sí autoriza diligencias para identificar a sus posibles autores y averiguar si se encuentran en España.
Esa comprobación tiene consecuencias jurídicas. Para investigar en España presuntas torturas cometidas en el extranjero por ciudadanos extranjeros, la ley exige condiciones adicionales, entre ellas que la víctima sea española y que el presunto responsable esté en territorio español. Identificar primero a los implicados permitirá al juez determinar si puede avanzar también por esa vía.
De Jorge ha rechazado, en cambio, calificar el abordaje como piratería. Considera que esa figura requiere una finalidad de provecho personal que no aprecia ni en los activistas ni en los militares. Al razonar sobre la actuación de estos últimos, el magistrado afirma que "seguían instrucciones del poder político" para impedir obstáculos a las operaciones israelíes. El rechazo de esa calificación deja intacta la investigación por detención ilegal y por los demás delitos que puedan acreditarse.
Desde que admitió las querellas en julio, el instructor mantiene una cuestión central sobre la mesa: si las fuerzas israelíes podían abordar embarcaciones españolas, tomar su control y detener a quienes viajaban en ellas. También pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se pronunciara sobre la relación de estos hechos con sus investigaciones sobre Palestina y sobre la posibilidad de que la Audiencia Nacional los examine por separado.
El siguiente paso será escuchar a testigos y perjudicados para reconstruir lo sucedido desde la entrada de los militares israelíes en los barcos hasta el traslado de los activistas. Sus declaraciones permitirán concretar los hechos denunciados a bordo de las embarcaciones españolas y la intervención atribuida a cada persona.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
