La Unión Europea ha acusado abiertamente a los servicios de inteligencia rusos de dirigir una amplia campaña de ciberespionaje y sabotaje contra gobiernos, empresas e infraestructuras críticas del continente. Bruselas ha puesto el foco en el FSB, heredero del KGB, y ha respondido con sanciones contra nueve personas y cuatro entidades vinculadas con el entramado digital utilizado por Moscú para desestabilizar a sus vecinos.
La ofensiva atribuida a Rusia lleva activa desde al menos 2010 y ha alcanzado a Francia, Alemania, Polonia, Chipre, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Rumanía y Finlandia. Los objetivos han incluido redes gubernamentales, centros de investigación relacionados con la defensa, centrales eléctricas y sistemas de calefacción.
El movimiento ha sido coordinado con Reino Unido y respaldado por la OTAN. Francia, Alemania y Finlandia han convocado además a los representantes diplomáticos rusos para exigir explicaciones, una respuesta conjunta poco habitual que refleja la preocupación creciente por el uso del ciberespacio como una extensión de la presión militar y política del Kremlin.
El Centro 16 del FSB, en el centro de la acusación
La UE identifica como pieza principal al Centro 16 del Servicio Federal de Seguridad ruso, también conocido como unidad militar 71330. Bruselas sostiene que esta división controla distintos grupos especializados en amenazas informáticas, entre ellos Turla, una red que lleva años infiltrándose en organismos públicos y sistemas estratégicos.
Los servicios vinculados con esta unidad habrían desarrollado operaciones cada vez más graves, combinando la obtención secreta de información con ataques capaces de interrumpir servicios esenciales. En Francia, el grupo actuó contra organismos gubernamentales desde 2010 y consiguió extraer datos de un centro de investigación ligado a la industria de defensa en 2025. Alemania también detectó intrusiones en sus instituciones, mientras Polonia atribuye al mismo entramado acciones de sabotaje contra instalaciones de producción de energía y calefacción.
El modelo descrito por Bruselas va más allá de las operaciones ejecutadas directamente por funcionarios rusos. El FSB y la inteligencia militar habrían utilizado una red más amplia compuesta por ciberdelincuentes, grupos autodenominados hacktivistas y empresas privadas que proporcionaban tecnología, infraestructura o cobertura para los ataques.
Esa mezcla permite al Kremlin mantener cierta distancia respecto a las operaciones y dificulta la atribución inmediata. La UE considera acreditado, sin embargo, que parte de estos actores trabaja bajo instrucciones, control o coordinación de las autoridades rusas.
Sanciones contra espías, hackers y empresas
Las nuevas medidas europeas afectan a oficiales del GRU, el servicio de inteligencia militar ruso, junto a piratas informáticos y compañías privadas acusadas de facilitar actividades contra los Veintisiete, Ucrania y otros socios internacionales. Las sanciones implican la congelación de activos y la prohibición de entrada en territorio comunitario.
Reino Unido ha actuado de forma simultánea contra integrantes de la misma red y contra los responsables de Lumma Stealer, un programa malicioso empleado para robar contraseñas y datos almacenados en dispositivos infectados. Londres sostiene que Rusia ha utilizado credenciales obtenidas mediante esta herramienta para realizar operaciones de espionaje en distintos países. La Agencia Nacional contra el Crimen británica ha detectado al menos 2.100 víctimas de ese software durante los últimos seis meses.
El paquete británico incluye también a personas vinculadas con Rybar, una empresa señalada por difundir desinformación sobre Ucrania y participar en campañas de injerencia política en Moldavia y Armenia. La respuesta intenta alcanzar tanto a quienes ejecutan técnicamente los ataques como a las estructuras que convierten el robo de información y la propaganda digital en instrumentos de política exterior.
La OTAN advierte de que puede responder
La OTAN ha respaldado la atribución realizada por la UE y Reino Unido y ha condenado las actividades cibernéticas "persistentes" de Rusia. La Alianza considera que estas operaciones amenazan directamente la seguridad de sus miembros y ha pedido a Moscú que abandone unas prácticas contrarias a las normas internacionales de comportamiento en el ciberespacio.
El comunicado contiene además una advertencia clara. Los aliados se declaran preparados para emplear "todo el abanico" de capacidades disponibles para disuadir, defenderse y responder ante nuevas amenazas, en el momento y de la forma que consideren oportunos dentro del derecho internacional.
La atribución pública busca reducir el margen de Moscú para ocultar sus operaciones detrás de grupos aparentemente independientes. Francia convocará al embajador ruso, la UE hará lo propio con el representante de Rusia en Bruselas y las sanciones permanecerán activas mientras continúan las investigaciones sobre los ataques detectados en los distintos Estados miembros.
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