Francia ha vivido una primera noche de relativa tranquilidad después de imponer un toque de queda en varias zonas de París para frenar los disturbios, los saqueos y los enfrentamientos registrados durante el fin de semana. Las autoridades han mantenido las restricciones y preparan un nuevo dispositivo de seguridad ante las protestas previstas para el próximo sábado, 24 de octubre.
Las medidas llegan después de una oleada de movilizaciones contra el encarecimiento de la vida, los problemas en el sistema educativo y el deterioro de los servicios públicos que terminó con episodios de violencia en varias ciudades francesas. Durante los disturbios se produjeron incendios, destrozos en comercios y enfrentamientos con la Policía. Según los datos difundidos por las autoridades francesas, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas durante el fin de semana.
En París, el toque de queda se aplicó en zonas como la plaza de la República y el área comercial de Les Halles, donde se prohibió permanecer entre las 23:00 y las 6:00 horas. También se restringieron las manifestaciones en determinados puntos de la capital. La Policía ha asegurado que las medidas contribuyeron a recuperar la tranquilidad durante la noche.
El Gobierno francés reconoce fallos y prepara un nuevo despliegue policial
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha reconocido que hubo errores en la respuesta de las autoridades a los disturbios. Entre ellos, ha señalado fallos en los servicios de información y una distribución policial demasiado estática, que dejó desprotegidas algunas zonas urbanas frente a los saqueos. Lecornu ha defendido que la prioridad es recuperar el orden público y ha advertido de que el dispositivo de seguridad del próximo sábado será "masivo". El Gobierno también contempla recurrir a militares para vigilar lugares sensibles y permitir que más agentes policiales se concentren en las zonas donde puedan producirse nuevos enfrentamientos.
Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha reconocido las dificultades de la actuación policial y ha pedido disculpas por los fallos registrados. El presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó su dimisión y le encargó investigar los errores de planificación y de información que contribuyeron a la violencia. El Ejecutivo atribuye parte de los disturbios a grupos de extrema izquierda y a saqueadores, aunque las causas de las protestas también están relacionadas con el malestar social y económico.
Las movilizaciones podrían continuar durante los próximos días. Organizaciones estudiantiles han anunciado nuevas protestas para denunciar los problemas de la educación pública, mientras grupos vinculados al movimiento de los chalecos amarillos han convocado acciones contra el aumento del precio de los combustibles.
Meloni anuncia medidas más duras y la ONU pide diálogo y respeto a los derechos humanos
La tensión también ha llegado a Italia, donde la primera ministra, Giorgia Meloni, ha condenado los disturbios y los saqueos registrados en ciudades como Milán. La dirigente italiana calificó a los responsables de los actos violentos de "bandas de matones" y defendió una respuesta firme ante los ataques contra comercios y agentes de seguridad.
El Gobierno italiano ha aprobado nuevas medidas de seguridad después de los enfrentamientos del fin de semana. Entre ellas figura el despliegue de 500 militares adicionales en Milán, que podrán ejercer funciones policiales, además de nuevas disposiciones para dificultar que los menores participen en actos violentos. Durante los disturbios en la ciudad fueron detenidas más de 270 personas, alrededor del 80% menores de edad, y 14 agentes resultaron heridos.
Frente al endurecimiento de las medidas de seguridad, la ONU ha pedido a los gobiernos europeos que combinen la respuesta a los disturbios con la protección de los derechos fundamentales. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha condenado todos los actos violentos, pero también ha expresado su preocupación por las informaciones sobre un uso innecesario o excesivo de la fuerza contra manifestantes, incluidos menores. Türk ha defendido que la población tiene derecho a manifestarse pacíficamente y a expresar sus reivindicaciones.
También ha reclamado investigaciones rápidas e independientes sobre las posibles actuaciones policiales ilegales y ha instado a las autoridades a abrir vías de diálogo con los jóvenes para abordar problemas como la educación, la vivienda, el coste de la vida y la desigualdad. La crisis, que afecta a varios países europeos, refleja así un doble desafío para los gobiernos: contener los actos violentos y responder al descontento social que ha llevado a miles de personas a las calles. Mientras Francia prepara un nuevo dispositivo policial e Italia endurece sus medidas, Naciones Unidas insiste en que la seguridad debe ir acompañada de diálogo, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
