Meta ha comenzado a responder este martes ante un tribunal federal de Oakland, en California, por unas acusaciones capaces de alterar el futuro de Instagram y Facebook. Los fiscales generales de 29 estados sostienen que la tecnológica diseñó deliberadamente sus plataformas para mantener conectados a niños y adolescentes durante el mayor tiempo posible, mientras ocultaba a las familias los riesgos asociados a su uso.
El corazón de la causa está en la arquitectura de las aplicaciones. El desplazamiento infinito, las notificaciones constantes, la reproducción automática, los filtros de belleza, los “me gusta” y los algoritmos de recomendación aparecen señalados como herramientas creadas para aumentar el tiempo frente a la pantalla. La acusación vincula ese diseño con problemas de ansiedad, depresión, falta de sueño, trastornos alimentarios y deterioro de la autoestima entre los usuarios más jóvenes.
El proceso se desarrollará durante unas seis o siete semanas ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers y un jurado asesor formado por ocho personas. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey presentarán las acusaciones relacionadas con sus leyes de protección al consumidor, mientras las reclamaciones de los 29 estados por posibles infracciones de la normativa federal de privacidad infantil serán estudiadas conjuntamente. El formato híbrido permitirá a las fiscalías compartir pruebas y presentar una misma secuencia de los hechos.
El diseño de las redes, bajo sospecha
Los estados mantienen que el negocio publicitario de Meta dependía de captar la atención de los menores, conocer sus hábitos y conseguir que regresaran una y otra vez a las aplicaciones. Durante los alegatos iniciales, la fiscal adjunta de California Megan O’Neill ha presentado investigaciones y comunicaciones internas que, según la acusación, muestran el interés de la empresa por estudiar las vulnerabilidades psicológicas de los niños. Uno de esos documentos llevaba por título “Los jóvenes son los mejores”, según la información de 'Associated Press' sobre la primera jornada.
Los abogados tratarán de demostrar que Meta conocía los posibles daños mientras trasladaba públicamente una imagen de seguridad. Rob Bonta, fiscal general de California, acusa a la compañía de haber diseñado Facebook e Instagram para prolongar el tiempo de conexión hasta provocar perjuicios físicos y mentales. “Explotar a nuestros residentes más vulnerables para aumentar los beneficios empresariales es ilegal”, ha advertido antes del comienzo del juicio.
La segunda gran acusación afecta a los datos de niños menores de 13 años. Los estados consideran que la compañía recopiló información personal sin contar con el consentimiento verificable de sus padres, una conducta prohibida por la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida en Estados Unidos por sus siglas COPPA. También aseguran que los sistemas para comprobar la edad podían esquivarse con facilidad y permitían que millones de niños abrieran cuentas.
La causa se concentra en las decisiones de diseño, la publicidad de las plataformas y el tratamiento de los datos. Ese planteamiento reduce el peso de la protección que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones concede a las compañías por el contenido publicado por sus usuarios. Los fiscales pretenden juzgar las elecciones de Meta como fabricante y responsable de sus propios productos digitales.
Mary Anne Franks, profesora de Derecho de la Universidad George Washington, considera que el proceso representa “la primera prueba real” para conocer la solidez de todo el litigio federal sobre los daños de las redes sociales. Más de 3.000 demandas han sido agrupadas ante la misma corte, entre ellas reclamaciones de familias, menores, distritos escolares y comunidades indígenas.
El debate científico también formará parte del juicio. La adicción a las redes sociales todavía carece de un diagnóstico independiente en los principales manuales psiquiátricos y varios investigadores advierten de la dificultad para separar el peso de las plataformas de otros factores familiares, sociales o médicos. La acusación deberá acreditar la relación entre el diseño de las aplicaciones y los daños alegados, mientras Meta intentará apoyarse en esas dudas sobre la causalidad. Esa discusión ya ha marcado otros procesos similares celebrados en Estados Unidos.
La factura y los cambios que pueden llegar
La cifra de 1,4 billones de dólares difundida durante los días previos requiere una precisión importante. Ese importe procede de un cálculo elaborado por Meta al sumar el peor escenario posible de sanciones por cada infracción. Los estados han situado alrededor de los 200.000 millones una cantidad más probable, aunque la reclamación definitiva dependerá de las pruebas admitidas y de la interpretación de la jueza. Todavía no existe una multa fijada.
La amenaza más profunda para la compañía puede llegar mediante las medidas que afecten al funcionamiento de Instagram y Facebook. Los fiscales reclaman límites de edad más estrictos, mayores controles sobre el tiempo de uso, restricciones a las notificaciones y la retirada del desplazamiento infinito para los menores. También quieren que se eliminen los datos infantiles obtenidos sin permiso y los algoritmos o modelos entrenados con esa información. Las peticiones alcanzan directamente algunas de las funciones utilizadas para aumentar la interacción y los ingresos publicitarios.
Meta rechaza el relato de las fiscalías y califica las acusaciones de “infundadas”. La empresa sostiene que los estados carecen de pruebas sobre personas concretas engañadas por sus plataformas, recuerda las protecciones incorporadas durante los últimos años para los adolescentes y presenta la comprobación de la edad como una dificultad compartida por toda la industria. También considera “completamente desproporcionadas” las cantidades económicas planteadas.
La tecnológica llega a Oakland después de varias derrotas judiciales. Un tribunal de Nuevo México le impuso recientemente 375 millones de dólares en sanciones y otros 567 millones para crear un fondo de salud mental juvenil dentro de una causa distinta, centrada principalmente en la seguridad de los menores y la explotación sexual en sus plataformas. Meta ha anunciado que recurrirá esa resolución.
Durante las próximas semanas comparecerán empleados, antiguos trabajadores y expertos de ambas partes. Mark Zuckerberg y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, figuran entre los testigos previstos. El jurado emitirá al término de las sesiones un dictamen consultivo y la jueza Gonzalez Rogers decidirá después si Meta vulneró las leyes, cuánto deberá pagar y qué cambios tendrá que introducir en Instagram y Facebook.
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