La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una nueva ronda de aranceles que afectará a 60 países, con el objetivo de penalizar a aquellas economías que, a juicio de Washington, no hayan adoptado medidas suficientes para impedir la comercialización de productos fabricados con trabajo forzoso. El nuevo esquema sustituye al arancel temporal del 10% aplicado durante los últimos 150 días, cuya vigencia ha concluido esta medianoche.
Al presentar la medida, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, defendió que "el presidente Trump admite que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas globales de suministro. Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de mano de obra forzada durante casi un siglo, y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo".
Además, aseguró que la iniciativa "corregirá lo que constituye una violación de los Derechos Humanos y una práctica comercial de distorsión, para mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo". En esa línea, añadió: "Me alientan los socios comerciales que han actuado con rapidez para adoptar prohibiciones de importación de productos elaborados con trabajo forzoso y espero que garanticen su cumplimiento efectivo".
El nuevo sistema establece dos niveles arancelarios. Los países que cuenten con una legislación considerada adecuada contra el trabajo forzoso mantendrán un gravamen del 10%, mientras que aquellos cuyas normas sean consideradas insuficientes afrontarán un arancel del 12,5%.
Así, en el primer grupo figuran, entre otros, Argentina, Canadá, India, Indonesia, México, Reino Unido, Pakistán, Malasia, Guatemala, Honduras y Bangladesh. Asimismo, Estados Unidos aplicará tasas del 10% o del 12,5% a determinados productos procedentes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza, mientras que el resto de economías investigadas quedarán sujetas al tipo más elevado. La decisión llega meses después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulase los anteriores aranceles recíprocos impuestos al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, lo que llevó a Trump a recurrir a otra base legal para rediseñar su estrategia comercial.
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