Donald Trump ha vuelto a convertir su derrota electoral de 2020 en el centro de la política estadounidense. El presidente de Estados Unidos ha acusado a China de intervenir durante años en las elecciones del país y ha presentado la desclasificación de varios documentos de Inteligencia como la gran prueba de una conspiración que, seis años después, todavía no ha conseguido demostrar.
El dirigente ultra utilizó para ello un discurso televisado desde la Casa Blanca, un formato normalmente reservado para crisis nacionales o decisiones de especial trascendencia. Trump habló durante cerca de media hora sobre las elecciones que perdió frente a Joe Biden y dedicó apenas unos minutos a cuestiones que actualmente preocupan más a los estadounidenses, como el coste de la vida, la situación económica o la guerra con Irán.
Su intervención llega a menos de cuatro meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, las conocidas como 'midterms'. Los republicanos se juegan sus estrechas mayorías en el Congreso y afrontan una campaña marcada por el desgaste de Trump, la subida de los precios y el malestar de parte del electorado independiente.
La acusación contra Pekín también le permite recuperar un terreno conocido. Trump nunca reconoció su derrota de 2020, mantuvo durante semanas que se había producido un fraude masivo y promovió una campaña para revertir los resultados que desembocó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Más de sesenta demandas, varios recuentos y las comprobaciones de su propio Departamento de Justicia fueron incapaces de encontrar irregularidades capaces de cambiar el resultado.
Los documentos no demuestran que China cambiara el resultado
Trump aseguró que China obtuvo ilícitamente los registros de unos 220 millones de votantes estadounidenses, entre ellos nombres, domicilios, teléfonos y preferencias políticas. Según su relato, Pekín habría adquirido, robado o pirateado información procedente de 18 estados y creado una unidad especializada para explotar esos datos.
La recopilación de información electoral por parte de una potencia extranjera supone un problema de seguridad que las autoridades estadounidenses llevan años estudiando. Los documentos difundidos por la Casa Blanca recogen además vulnerabilidades en bases de datos, páginas oficiales y sistemas utilizados durante los procesos electorales. De ahí no se desprende que China modificara papeletas, recuentos o resultados en las presidenciales de 2020.
La evaluación publicada en 2021 por la Dirección Nacional de Inteligencia llegó precisamente a esa conclusión. Sus analistas determinaron con un nivel alto de confianza que Pekín valoró la posibilidad de influir en la campaña, pero evitó desplegar una operación destinada a cambiar el vencedor. Tampoco encontraron intentos chinos de entrar en los sistemas de recuento, alterar votos o financiar a candidatos.
Dentro de los servicios de Inteligencia existió una opinión minoritaria. Uno de sus responsables consideró que China sí había utilizado mensajes oficiales, medios públicos y redes sociales para perjudicar indirectamente las opciones de Trump. Esa discrepancia se refería a una campaña de influencia política y tampoco señalaba una manipulación de la infraestructura electoral.
Los nuevos papeles aportan información sobre la búsqueda y acumulación de datos de votantes, una práctica habitual entre potencias interesadas en conocer la política interna de sus rivales. Trump ha unido esos informes con investigaciones distintas sobre registros sospechosos en Michigan, las máquinas electrónicas y la presencia de personas sin ciudadanía en los padrones para construir un único relato de fraude generalizado.
El caso de Michigan se refiere a formularios de registro irregulares detectados por una funcionaria electoral y trasladados posteriormente a la Policía y al FBI. Las solicitudes sospechosas fueron apartadas antes de generar inscripciones válidas o votos, aunque Trump las presentó como una operación ocultada por el llamado "Estado profundo".
Trump señala a sus propias agencias de Inteligencia
El presidente también acusó a miembros del FBI, la CIA y otros organismos de esconderle información durante su primer mandato. Según Trump, funcionarios pertenecientes al "Estado profundo" restaron importancia a las actividades de China y evitaron que tanto él como el Congreso conocieran su verdadero alcance.
"Querían que pareciera que vuestro presidente no era gran cosa", afirmó durante su intervención, antes de asegurar que Pekín trató de movilizar a empresas, periodistas y dirigentes contrarios a su reelección. Trump llegó a decir que China pagó grandes cantidades de dinero a periodistas estadounidenses para que publicaran artículos negativos sobre él, aunque no mostró pruebas concretas que permitieran sostener esa acusación.
También ordenó al director del FBI, Kash Patel, revisar los documentos y colaborar con el Departamento de Justicia para perseguir cualquier posible delito. Las agencias federales deberán informar además a los estados cuyos registros electorales pudieron quedar expuestos.
La Casa Blanca ha publicado los archivos dentro de una nueva sección dedicada a la "integridad electoral". Junto a la documentación aparecen textos políticos redactados por la propia Administración que hablan de fraude encubierto, máquinas manipulables y cientos de miles de extranjeros inscritos para votar. Esas conclusiones van más allá del contenido acreditado por varios de los informes originales.
Las principales cadenas estadounidenses recibieron el discurso con cautela. ABC, NBC y CNN decidieron no emitirlo íntegramente en directo ante el riesgo de volver a difundir afirmaciones desacreditadas sobre 2020. Trump reaccionó acusando también a los medios de formar parte de la conspiración y llegó a plantear la retirada de sus licencias.
China acusa a Trump de utilizarla para su campaña
La respuesta de Pekín llegó pocas horas después. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, calificó las acusaciones como "un invento" y una "difamación maliciosa" que, en su opinión, ya habían quedado desmentidos años atrás.
"China no tiene ningún interés ni ha interferido nunca en las elecciones de Estados Unidos", afirmó Lin durante su rueda de prensa diaria. El portavoz pidió a Washington que dejara de utilizar al país asiático como argumento electoral y trabajara para mantener la estabilidad de las relaciones entre las dos potencias.
Pekín aprovechó la respuesta para devolver las acusaciones. Lin sostuvo que la comunidad internacional sabe qué país ha intervenido habitualmente en asuntos internos ajenos, vigilado a gobiernos y empresas y obtenido datos de ciudadanos de todo el mundo. La Cancillería china reclamó a Estados Unidos que examine su propia conducta antes de lanzar nuevas imputaciones contra otros países.
La polémica aparece en un momento delicado para la relación bilateral. Trump visitó Pekín en mayo, elogió públicamente a Xi Jinping y trató de presentar el encuentro como el comienzo de una nueva etapa después de la guerra arancelaria de 2025. Ambos gobiernos preparan ahora una posible visita del dirigente chino a Washington en septiembre.
Lin evitó aclarar si las acusaciones pondrán en peligro ese viaje. Se limitó a repetir que Estados Unidos debe dejar de utilizar a China durante sus campañas. La ausencia de una confirmación sobre la visita refleja el malestar de Pekín, aunque las dos partes mantienen abiertos sus canales diplomáticos y comerciales.
La tensión se ha ampliado además por las nuevas restricciones estadounidenses a los visados. La Administración Trump pretende limitar a 240 días la estancia de los periodistas extranjeros, pero reduce el permiso a solo 90 días para los profesionales chinos. Pekín considera discriminatoria esa diferencia y ha advertido de posibles medidas recíprocas.
La ley SAVE America, el verdadero objetivo del discurso
La acusación contra China terminó conduciendo al principal objetivo político de Trump. El presidente pidió al Congreso que apruebe de inmediato la ley SAVE America, una reforma electoral que exige presentar una prueba documental de ciudadanía para inscribirse y una identificación con fotografía para votar en los comicios federales.
El proyecto también endurece los procedimientos del voto por correo y aumenta la capacidad del Gobierno federal para revisar los registros electorales. Los republicanos defienden que estas medidas refuerzan la seguridad, mientras los demócratas y las organizaciones de derechos civiles alertan de que pueden dificultar el voto de millones de ciudadanos, especialmente personas mayores, mujeres que cambiaron su apellido, votantes con bajos ingresos y habitantes de zonas rurales.
La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa en febrero por un margen mínimo. Su tramitación quedó bloqueada posteriormente en el Senado, donde los republicanos carecen de los sesenta votos necesarios para cerrar el debate y superar la oposición demócrata.
Trump ha elevado desde entonces la presión sobre su propio partido. Llegó a condicionar otras leyes a la aprobación de la reforma y se mostró dispuesto a asumir un nuevo cierre de la Administración. Los republicanos estudian ahora incorporar parte del proyecto a una gran norma presupuestaria que podría salir adelante por mayoría simple, una vía parlamentaria que también plantea dudas sobre el encaje de las medidas electorales.
El presidente aprovechó su discurso para señalar a quienes se opongan. "La única razón para no hacerlo es que se quiera hacer trampa", afirmó, reduciendo cualquier crítica a una complicidad con el fraude. La frase adelanta el clima con el que pretende afrontar las legislativas de noviembre.
La derrota de 2020 vuelve a entrar en campaña
Trump ganó con claridad las elecciones presidenciales de 2024 y entonces no cuestionó el funcionamiento del sistema que ahora presenta como profundamente corrompido. Su discurso cambia cuando los resultados le perjudican. Ocurrió tras la victoria de Biden y vuelve a aparecer cuando los republicanos corren el riesgo de perder la Cámara de Representantes y con ella el control de las investigaciones parlamentarias.
Una mayoría demócrata podría bloquear buena parte de la agenda presidencial, aumentar la supervisión sobre la Casa Blanca e impulsar nuevos procedimientos contra la Administración. Dentro del Partido Republicano preocupa que dedicar la campaña a una elección celebrada hace seis años desvíe la atención de los asuntos económicos que decidirán buena parte del voto.
Trump ha elegido otro camino. Recupera el fraude de 2020, coloca a China en el centro de la conspiración y reclama unas reglas electorales más restrictivas antes de noviembre. Los documentos desclasificados describen riesgos reales de ciberseguridad y recopilación extranjera de datos. La prueba de que Pekín cambiara votos o le arrebatara la Presidencia sigue sin aparecer.
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