La tardía e incompleta documentación aportada por el gobierno de la Comunidad de Madrid no solo no ha cumplido su objetivo de disipar dudas, sino que ha aumentado la sospecha sobre el ‘caso ático’ que hace tambalear el, aparentemente, intocable liderazgo de Ayuso. Desde el PSOE-M señalan que no se trata de un expediente de compra sino un mero dosier de datos incompletos, y sospechan que pueda haber sido fabricado tras el estallido de la polémica.
En caso de confirmarse estas sospechas no sería una mentira más que se une a los vaivenes de la Comunidad de Madrid en este asunto. La documentación aportada por el Consejero de Presidencia reviste la forma de un expediente administrativo, por lo que su manipulación, falsificación u omisión de elementos conduce necesariamente a un delito de falsedad en documento público del art. 390 del Código Penal. Y aunque pueda parecer un delito menor, nuestro Código prevé penas de hasta seis años de prisión y otros tantos de inhabilitación cuando lo cometieran autoridades y funcionarios.
Pero los efectos de este expediente puesto en duda no terminarían aquí. Hay que recordar que ya están en marcha dos procedimientos de investigación: uno ante el Tribunal de Cuentas y otro en fase incipiente ante el Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid. En este último se van a investigar presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos. A estos delitos podría añadirse el de falsedad documental si se confirman las sospechas. De momento, la titular del órgano judicial a pedido a Fiscalía que confirme su competencia para instruir el asunto, puesto que sospecha que alguno de los futuros acusados, como podrían ser Ayuso o su Consejero de Presidencia, son aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Una vez abierta formalmente la instrucción, uno de los primeros pasos será solicitar la aportación del expediente administrativo de compra del ático, cuya integridad y veracidad serán examinadas a fondo. En este momento, la Comunidad no podría negarse o dilatar su aportación bajo pena de faltar a su legal deber de colaboración con la justicia. En caso de confirmarse su manipulación o alteración, un nuevo delito podría sumarse a los ya mencionados: la utilización a sabiendas de un documento público falsificado en juicio, tipificado en este caso en el art. 393 del Código Penal.
Este escenario es poco probable, pues es mucho lo que está en juego como para cometer un error tan zafio; aunque quizá la expectativa que alberga el PP de una mayor benevolencia por parte de la judicatura le podría llevar a dar un paso en falso. No en vano, Ayuso ha ido esquivando polémica tras polémica, hasta incluso llevarse por delante a un Fiscal General del Estado con una de las sentencias más deplorables de la historia del Tribunal Supremo. El Poder Judicial español pasa por la mayor crisis de credibilidad de su historia, según muchas encuestas, y la tramitación del ‘caso ático’ puede convertirse en la gran prueba para que demuestre si se conduce por la absoluta imparcialidad o alguien lo controla “por la puerta de atrás”.
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