La reacción de Isabel Díaz Ayuso ante las preguntas sobre el ático de Chamberí ha abierto un nuevo frente político para su Gobierno. Después de que la presidenta madrileña cargara contra una supuesta “mafia de Estado”, calificara el caso de “memez” y asegurara que la compra del inmueble no era asunto suyo, la oposición ha endurecido sus críticas y ha vuelto a exigir que se aclare quién ordenó la operación.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que Ayuso está “desquiciada” porque “sabe perfectamente que las explicaciones de ayer y las de hoy no son suficientes”. También la ha acusado de haber mentido “de izquierda a derecha” desde que se conoció la adquisición del inmueble por parte de la empresa pública Planifica Madrid.
“Está clarísimo que Ayuso está en su peor momento”, ha rematado Bergerot. Su formación considera especialmente grave que la presidenta alegue ahora que desconoce quién dio la orden de comprar por 6,3 millones de euros un ático que ella misma ha reconocido haber visitado.
Ayuso aseguró este viernes que acudió al inmueble “por verlo”, ante la posibilidad de trasladar allí su despacho durante las obras previstas en la Real Casa de Correos. Al mismo tiempo, se desentendió de la operación con un “a mí qué me importa, esa no es mi gestión” y negó haber solicitado una residencia oficial.
Para Más Madrid, esas declaraciones dejan intacta la pregunta que acompaña al caso desde julio. El expediente sigue sin identificar de forma clara quién eligió ese ático concreto, quién impulsó su adquisición y por qué la operación se formalizó antes de que aparecieran varias de las justificaciones conocidas posteriormente.
Más Madrid pide rastrear los documentos
El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha anunciado que su grupo tratará de comprobar cuándo se elaboraron realmente los informes entregados por el Ejecutivo regional. La oposición recibió el expediente una hora después de que el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, compareciera ante la Asamblea, cuando ya resultaba imposible preguntarle por su contenido.
“Nos han dado papeles escaneados”, ha advertido Martínez Abarca, que reclama acceder a la información necesaria para verificar la fecha de creación y tramitación de cada documento. Más Madrid quiere descartar que alguno pudiera haberse elaborado después de la compra para justificar una operación ya cerrada.
Las sospechas de la formación se apoyan también en el contenido del dosier. Uno de los documentos contempla el uso del inmueble como residencia “permanente u ocasional” por distintas autoridades, mientras que García Martín limitó su explicación ante la Asamblea a un posible alojamiento ocasional.
La memoria de necesidades difundida por la Comunidad está fechada el 2 de julio, casi tres meses después de que Planifica Madrid adquiriera la vivienda en abril. Ese escrito planteaba la conveniencia de disponer de un inmueble con zona de trabajo, área de descanso y alojamiento para autoridades, pero no relacionaba expresamente su necesidad con las obras de la Puerta del Sol que el Gobierno madrileño esgrimió al conocerse el caso.
La propia Intervención regional señaló después que la necesidad y la idoneidad de la operación no estaban suficientemente desarrolladas. El informe fue favorable y permitió continuar el expediente, aunque dejó por escrito la ausencia de un análisis detallado sobre la renta, los gastos, las alternativas disponibles y la comparación con otros inmuebles similares.
Martínez Abarca considera que la operación responde a “un capricho personal” y recuerda que el ático se encuentra cerca del domicilio en el que vivía Ayuso y frente a la vivienda de su madre. Se trata de la interpretación política de Más Madrid, que ya se ha personado en las diligencias abiertas alrededor de la compra y ha llevado también el gasto ante el Tribunal de Cuentas.
Óscar López exige la dimisión de Ayuso
El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha reclamado nuevamente la dimisión de la presidenta madrileña tras escuchar sus explicaciones. “Primero ha perdido el ático y ahora ha perdido los papeles”, ha ironizado antes de vincular su reacción con una sucesión de versiones contradictorias.
Primero perdió el ático y ahora ha perdido los papeles.
— Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) September 18, 2026
No tiene forma de explicar la compra, las mentiras se están destapando y se notan los nervios.
No cuela 👇🏼 pic.twitter.com/oFf8ac7Oni
López ha rechazado que el asunto afecte a la intimidad de Ayuso, como sostiene la dirigente popular. “El problema no es dónde vive. El problema es quién lo paga”, ha señalado. Para el líder socialista, la cuestión central es el empleo de dinero público en una vivienda de lujo que podía quedar a disposición de las autoridades madrileñas.
El dirigente socialista ha calificado de “temeridad” la elaboración de informes posteriores a la compra si su finalidad era justificar una decisión anterior. También ha advertido sobre las posibles responsabilidades de quienes hayan participado en la tramitación y ha anunciado que el PSOE mantendrá abierta la ofensiva en la Asamblea, los tribunales y el Tribunal de Cuentas.
López ha cargado además contra la decisión del Gobierno madrileño de estudiar acciones legales por injurias y calumnias contra Bergerot y la portavoz socialista, Mar Espinar. A su juicio, resulta “impensable en una democracia del siglo XXI” que un Ejecutivo amenace con querellarse contra las portavoces que fiscalizan una operación realizada con fondos públicos.
Mientras continúa la disputa, Planifica Madrid ha decidido mantener el ático a la venta después de que la primera licitación quedara desierta. La empresa pública esperará una oferta que cumpla las condiciones fijadas en los pliegos, con un precio de salida cercano a los 6,7 millones de euros.
La investigación judicial permanece en una fase inicial. La jueza ha abierto una pieza separada con la documentación aportada por Más Madrid, PSOE e Iustitia Europa y ha pedido a la Fiscalía que informe sobre la competencia del juzgado. El Tribunal de Cuentas deberá analizar, por su parte, la denuncia presentada para esclarecer el uso de los fondos públicos en la operación.
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