Los pasados 30 y 31 de julio se produjo la entrada irregular de unos 80.000 migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta, lo que prácticamente supuso la duplicación de su población (83.595 habitantes, según el INE). La gestión de la crisis por parte del Gobierno de España ha sido faseada:
· En una primera fase, diplomática, los contactos de Exteriores con el Gobierno de Marruecos permitieron su plena colaboración para el retorno en caliente (durante las primeras 72 horas) de 73.500 migrantes (según la Policía Nacional).
En esta fase se promovió la reunión de los 27 ministros de Interior de la UE, que aplaudieron la buena gestión inicial del Gobierno, abortando el intento de la Italia de Giorgia Meloni -que había sido secundado por hasta 22 países europeos, de anular los efectos del tratado de libre movilidad Schengen, una iniciativa en la que finalmente se quedó sola y recibió en represalia la misma anulación selectiva por parte de España. Una medida proporcional y lógica, dado que por Lampedusa, en Italia, han entrado solo este año el triple de migrantes irregulares que por Ceuta.
Europa también reconoció que la regularización masiva emprendida por el Gobierno no había causado ningún efecto llamada en esta ola, y Pedro Sanchez visitó la ciudad autónoma, logrando un primer éxito aplaudido por el New York Times pero que, sin embargo, no resolvió del todo la situación en Ceuta.
· La segunda fase en cuanto a la gestión se ha dedicado a las consecuencias de la crisis en la situación humanitaria de los menores, el refuerzo de la seguridad y las circunstancias de los mayores que no regresaron (se estiman en unos 8.000).
La prioridad en esta fase fueron los menores no acompañados, de los que se han identificado y localizado a 2.900, filiado en comisaría a más de 2.500, y alojado en condiciones dignas a las niñas y adolescentes de este grupo. La situación de los menores es la que reviste mayor urgencia y sensibilidad, y la legislación hace necesaria la identificación uno a uno y el conocimiento cierto y certificado por Fiscalía de que no les espera en su país una situación contraria a los derechos humanos de la infancia. En ese sentido, se ha activado la colaboración plena de Marruecos, que los reclama, para la localización de sus familias (cuando éstas aún viven) y el inminente traslado de un primer contingente de 500 niñas a otras comunidades para evitar el colapso en Ceuta, cuyo cupo de acogida de menores se limita a 29 plazas. También se dotó de 25 millones de euros que el Consejo de Ministros del martes 25 de agosto aprobó transferir a Ceuta para atender a estos menores mientras se resuelve su situación, que terminará con la mayor parte reagrupándose con sus familiares.
En lo relativo a la seguridad, Exteriores coordinó con Marruecos el refuerzo de sus fronteras, que fue clave, con el despliegue de más de 2.000 efectivos en el lado marroquí, para evitar un segundo intento de los civiles por entrar, mientras Defensa desplegaba 3.000 militares e Interior coordinaba la operativa aportando 955 nuevos guardias civiles y 922 policías nacionales. Pese al incremento de las denuncias hasta las 200 diarias, sólo hay 21 casos de migrantes encarcelados y los traslados -tanto el inicial masivo de regreso a Marruecos como los interiores- se han desarrollado sin incidentes reseñables. La reacción del gabinete de Robles tras las quejas iniciales de los militares por su alojamiento o manutención fue también rápida y efectiva y los militares ya están satisfechos con su situación personal.
En lo que se refiere a los mayores no acompañados, el principal obstáculo era la falta de emplazamientos, lo que provocó que muchos (subsaharianos en su mayoría) se alojaran en las playas, en el monte, o se desperdigaran por las calles de la periferia ceutí. El paso más reseñable fue, tal como anunció la ministra de Migraciones, Elma Sáiz, la dotación de edificios con capacidad de acoger a 1.500, de los que el primero fue ya acondicionado por Ejército y ha permitido identificar y realojar a los inmigrantes que pernoctaban en tiendas improvisadas en la Playa del Trampolín. En tanto se resuelven las peticiones de asilo y se filia al resto de migrantes desplazados, se hace necesario contar y acondicionar con los polideportivos y las instalaciones militares, primera decisión relevante del nuevo mando único que gestionará la tercera fase asumiendo tanto las competencias ministeriales como las de la Ciudad Autónoma.
En este ámbito, el Ministerio de Sanidad, tras dar por superado el colapso inicial (1.700 consultas hospitalarias y 439 urgencias atendidas los dos primeros días, frente a las 200-300 consultas y 120 urgencias actuales) ha apostado por la política preventiva y conseguido la cesión de 45.000 vacunas (15.000 de la triple vírica, 10.000 de la difteria / tétanos,10.000 de la polio y 10.000 de la varicela) que permitirán prevenir enfermedades infecciosas.
Además, el Ministerio de Justicia, desde el comienzo, reforzó la dotación de los juzgados de instancia y del turno de oficio, así como incrementó del 176% de la capacidad operativa del Instituto de Medicina Legal. Además, instó al Consejo General del Poder Judicial a proveer de cuantos refuerzos sean precisos cuando los demande, algo que el CGPJ no ha hecho todavía.
· La tercera fase empieza ahora con la celebración el martes 25 del Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo Extraordinario de Ministros y la delegación del mando único, encarnado en la figura del ministro Ángel Víctor Torres, que ya era responsable de la comisión de migraciones y cuenta con experiencia en otras crisis relacionadas con migrantes, como la canaria. En esta fase se cristalizarán los apoyos económicos, tanto los 25 millones ya aprobados para la atención a los menores, como los 6,5 millones dedicados a la atención humanitaria (donde está siendo capital la cooperación de ONGs como Cruz Roja), como sobre todo, los fondos extraordinarios anunciados por el ministro Carlos Cuerpo y por la propia Unión Europea para la crisis, que superarán con creces los 180 millones de euros. La tercera fase será decisiva en las repatriaciones ordenadas de los migrantes aún en la ciudad, tanto menores como mayores, para las que seguirá siendo vital la colaboración de Marruecos.
Deficiente previsión y comunicación
La buena gestión realizada por el Gobierno, pese a una floja colaboración del ejecutivo ceutí en lo relativo a la rápida cesión de emplazamientos (el gobierno ceutí se ha negado a usar localizaciones pobladas de la ciudad para alojar inmigrantes temporalmente), la localización de menores (que estaba bajo su competencia hasta decretar el mando único) o la gestión de la salud pública tras los brotes de sarna detectados por las circunstancias de hacinamiento, no se ha visto acompañada de una adecuada previsión ni de una buena comunicación.
Respecto a la previsión, resulta chocante que, pese al aumento de entradas irregulares detectado en torno al 15 de julio (dos semanas antes de la entrada masiva), reconocida por las FCSE con carácter previo, e incluso por la propia Marruecos, que lo achacó a la reciente sentencia del Supremo prohibiendo las devoluciones en caliente a los que entraran por mar, no se reforzase ni la seguridad de la frontera ni la preparación de la Ciudad Autónoma para gestionar las consecuencias humanitarias.
La comunicación se ha visto empañada por elementos simbólicos que han abierto un flanco a la crítica política: pese al desfile de ministros por Ceuta que han ido anunciando las medidas tomadas, y las dos reuniones telemáticas interministeriales dirigidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras pasar por Ceuta al comienzo de la crisis, su retiro vacacional en La Mareta ha sido blanco de críticas por parte de la oposición.
El segundo foco de errores comunicativos se produjo entre los ministros de Interior, Marlaska, y de Defensa, Robles, en lo relativo a si disponían o no de informes de inteligencia que hubieran permitido prevenirla. Lo que podía ser una cuestión sencilla si ambos hubieran coincidido en que sí había información respecto al repunte en las llegadas de migrantes, pero no en cuanto a la extraordinaria dimensión de las mismas, se convirtió en una aparente contradicción entre ambos ministerios que, sin embargo, se han coordinado muy bien en el despliegue conjunto de militares y FCSE.
Finalmente, el aspecto humano de proporcionar cercanía a los ceutíes en uno de los agostos más excepcionales de su Historia sólo lo representó la ministra Robles, que pese a los gritos y críticas con que fue recibida, supo acercarse y dialogar con ellos, reduciendo así su sensación de “estar abandonados”, algo muy repetido por los ciudadanos. Siendo éste un aspecto sin incidencia en la gestión realizada, tiene, sin embargo, un notable efecto comunicativo que no han sido capaces de replicar otros ministros.
En conclusión, una crisis bien gestionada en sus tres fases puede restar prestigio al Gobierno por errores de previsión y comunicación política.
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