Massachusetts fue el lugar donde estalló la mayor crisis de abusos de la Iglesia católica en Estados Unidos. En 2002, una investigación de The Boston Globe, destapó cómo la archidiócesis de Boston había encubierto durante décadas a sacerdotes pederastas. Ese mismo año, como respuesta directa a la crisis, el estado aprobó una ley que convirtió en delito poner a menores en peligro por imprudencia.
Más de veinte años después, la atención se centra en otras tres diócesis del estado: Fall River, Springfield y Worcester. La Fiscalía empezó a investigarlas en 2019, desde entonces, ha revisado más de 300.000 páginas de documentos y ha entrevistado a más de un centenar de personas, entre ellas supervivientes, abogados, miembros del clero y responsables y empleados de las diócesis. El resultado es lo que Campbell llama el primer recuento público completo de los abusos y de los fallos institucionales que los hicieron posibles.
Casi mil víctimas en más de cincuenta años
Las cifras del informe son demoledoras: 275 clérigos católicos abusaron sexualmente de 944 niños en las tres diócesis. Los casos se remontan a la década de 1950 y se repitieron durante más de medio siglo. La fiscal Andrea Joy Campbell, quiso poner el foco en las víctimas: "Entendemos profundamente que detrás de cada número hay un niño cuya seguridad fue violada, una familia que cambió y un superviviente que ha cargado con el trauma de ese abuso durante años y, en muchos casos, décadas".
La investigación revela además un patrón que se repite en las tres diócesis: las autoridades eclesiásticas sabían que sacerdotes y otros miembros del clero estaban abusando de menores. Aun así, sus respuestas a las denuncias fueron insuficientes, y eso permitió que los abusos continuaran y se extendieran durante generaciones.
A pesar de la magnitud de lo que se ha documentado, el informe no trae nuevas acusaciones penales. Muchos de los hechos ocurrieron hace décadas y varios de los responsables ya han muerto.
España tampoco se quedó al margen
En 2014, el caso de los Romanones puso sobre la mesa los abusos a menores dentro de la Iglesia en España. Todo comenzó cuando un joven de Granada contó los abusos que había sufrido y su denuncia llegó hasta el papa Francisco, que le llamó personalmente y le pidió perdón. Varios sacerdotes fueron investigados, aunque finalmente solo uno, el sacerdote Román Martínez, fue condenado en 2017 a nueve años de prisión por abusar de un menor. Los demás acusados fueron absueltos por falta de pruebas.
El caso Romanones refleja las dificultades que pueden encontrar las víctimas de abusos sexuales para conseguir una condena judicial. El sacerdote Román Martínez fue absuelto en 2017 por falta de pruebas suficientes, después de que la Fiscalía retirara la acusación. Aunque legalmente no fue condenado, el caso deja una pregunta incómoda:¿qué ocurre cuando una víctima denuncia unos hechos y la justicia no encuentra pruebas suficientes para condenar al acusado?
Desde una postura crítica, preocupa que las víctimas puedan sentirse desprotegidas durante el proceso judicial. Sin embargo, es importante distinguir entre la falta de pruebas suficientes para condenar y demostrar que una denuncia es falsa. La absolución del sacerdote no significa que los tribunales acreditaran que los abusos denunciados no ocurrieron. Tras su abslución, en 2017, el Vaticano había levantado las medidas cautelares que le impedían ejercer como sacerdote y pasó a trabajar como capellán en un centro para personas con discapacidad, en Granada.
El caso no terminó ahí. En 2023, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo publicó un informe sobre los abusos sexuales dentro de la Iglesia española después de escuchar a cientos de víctimas. El informe mostró que el problema había sido mucho más amplio de lo que se había reconocido durante años y pidió más apoyo y reparación para las personas que sufrieron estos abusos. Los casos de Massachusetts y España muestran que los abusos dentro de la Iglesia no fueron hechos aislados. Durante años, muchas víctimas tuvieron que guardar silencio mientras las instituciones decidían cómo actuar ante las denuncias. Las investigaciones realizadas con el paso del tiempo han permitido conocer mejor lo ocurrido, pero para quienes sufrieron los abusos las consecuencias siguen presentes.
