España ha llegado a la parte más peligrosa del verano con cerca de 120.000 hectáreas quemadas. La superficie afectada se duplicó entre el 8 y el 22 de julio y triplicaba ya la registrada en las mismas fechas de 2025, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Los grandes fuegos de Guadalajara, Madrid y Ávila han vuelto a abrir una pregunta que suele apagarse cuando desaparecen las llamas: ¿Quién debe mantener el monte y qué ocurre cuando nadie lo hace?
La respuesta comienza por la propiedad. Alrededor del 72% del monte español es privado, cerca de 20,1 millones de hectáreas, de acuerdo con la Estrategia Forestal Española horizonte 2050. El 28% restante pertenece a administraciones y entidades públicas, principalmente ayuntamientos. El Estado posee apenas una pequeña parte del total.
El concepto de monte abarca bosques, matorrales, pastos y otros terrenos forestales. Buena parte de esos 20,1 millones de hectáreas privadas pertenece a particulares y sociedades, aunque también existen montes vecinales y propiedades colectivas. El propio Ministerio reconoce que numerosas fincas están fragmentadas, dispersas, tienen dimensiones muy reducidas o cuentan con titulares desconocidos. Esa estructura complica cualquier gestión continuada.
Solo una de cada cinco hectáreas privadas está ordenada
El último Anuario de Estadística Forestal del Ministerio para la Transición Ecológica, referido a 2024, cifra en 28,58 millones de hectáreas la superficie forestal española. De ellas, 7,95 millones disponen de algún instrumento de ordenación y 3,99 millones son de titularidad privada.
Al comparar esos 3,99 millones con la estimación oficial de propiedad privada, la planificación alcanza alrededor del 20% del monte privado español. La situación ha mejorado respecto a 2020, cuando apenas llegaba al 11,7%, pero todavía deja fuera a cuatro de cada cinco hectáreas.
Un instrumento de ordenación establece los aprovechamientos, tratamientos silvícolas, cortas, protección de la biodiversidad y actuaciones preventivas que necesita cada terreno. La gestión forestal va bastante más allá de desbrozar de forma indiscriminada. Incluye reducir y distribuir el combustible, crear discontinuidades en el paisaje, mantener accesos y puntos de agua, favorecer especies resistentes y recuperar actividades como el pastoreo extensivo.
La ciencia sitúa el riesgo en la combinación de varios factores. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea señala el cambio climático, la falta de gestión del combustible y el abandono de las áreas rurales. Más calor, sequías prolongadas y vegetación seca permiten que una chispa se convierta en un incendio extremo, mientras la pérdida de agricultura, ganadería y aprovechamientos forestales deja grandes extensiones continuas de combustible.
El IPCC proyecta un aumento del riesgo de incendios en todas las regiones europeas. En el sur de Europa, la frecuencia de las condiciones meteorológicas inducidas por el calor que favorecen el fuego crecería un 14% con un calentamiento global de 2,5 grados y hasta un 30% en un escenario de 4,4 grados.
El propietario actúa y la Administración debe hacerlo cumplir
La responsabilidad material corresponde en primer término al titular del terreno. Los propietarios públicos y privados deben realizar los tratamientos preventivos incluidos en los planes autonómicos y en los instrumentos de gestión aplicables a sus montes. La Ley de Montes obliga a las comunidades autónomas a aprobar cada año planes de prevención, vigilancia y extinción para todo su territorio.
Esos documentos deben fijar los trabajos, las zonas prioritarias y los plazos. También pueden establecer convenios, ayudas, cesiones temporales o la ejecución subsidiaria por parte de la Administración. Cuando un propietario incumple un requerimiento, la Administración puede realizar las actuaciones y trasladarle después el coste.
Los ayuntamientos tienen un papel especialmente importante alrededor de viviendas, urbanizaciones e infraestructuras. Deben exigir la gestión de la vegetación en las franjas de protección y actuar cuando el titular desatiende la orden. Las comunidades autónomas, además de gestionar la prevención y la extinción, tienen que vigilar que los municipios ejerzan esas competencias.
La legislación contempla multas de entre 100 y 1.000 euros para las infracciones leves, de 1.001 a 100.000 para las graves y de 100.001 a un millón para las muy graves. Incumplir las restricciones impuestas durante episodios de riesgo muy alto o extremo tiene al menos la consideración de infracción grave. El problema aparece antes de la sanción, cuando el requerimiento tarda, el propietario resulta difícil de localizar o la Administración carece de medios para ejecutar los trabajos.
El Defensor del Pueblo constató tras consultar a todas las comunidades autónomas que estas funciones “no siempre se llevan a cabo cuando es necesario, ni con la diligencia y determinación que exigen las normas”. La institución ha tenido que pedir a entidades locales que ordenen la retirada de vegetación y coordinen su actuación con los gobiernos autonómicos. También advirtió de que “de poco sirve establecer un régimen de protección de los montes” si las administraciones carecen de recursos para garantizar su cumplimiento. La potestad sancionadora corresponde principalmente a las comunidades autónomas, mientras muchos de los requerimientos y actuaciones sobre parcelas próximas a núcleos habitados recaen en municipios pequeños con plantillas limitadas.
La propiedad privada tampoco libera a los poderes públicos de su responsabilidad. Los montes protegen el suelo, almacenan carbono, regulan el agua y conservan biodiversidad de la que se beneficia toda la sociedad. La Ley de Montes contempla subvenciones, incentivos y pagos por esos servicios ambientales, especialmente cuando existe un plan de gestión y la finca se encuentra en una zona de alto riesgo.
Un pacto pendiente desde los incendios de 2025
El Gobierno presentó en diciembre su propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática después de recibir casi 4.000 aportaciones de más de 1.300 actores. Uno de sus quince ejes plantea extender una gestión forestal adaptada al clima, la realidad económica y la despoblación.
El documento propone quemas prescritas, tratamientos silvícolas, ganadería extensiva, aprovechamiento sostenible de la biomasa, construcción en madera, pagos por servicios ecosistémicos y nuevas cadenas de valor local. También incluye un Plan de Empleo Verde Rural para municipios de menos de 5.000 habitantes y medios de emergencia permanentes durante todo el año.
Pedro Sánchez recuperó esta semana la propuesta desde el puesto de mando del incendio de La Mierla. “Es imperativo” alcanzar un acuerdo que se traduzca en “leyes, medidas y recursos económicos”, defendió el presidente del Gobierno durante su visita a Guadalajara.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado una nueva convención con partidos y agentes sociales después del verano. También ha pedido a las comunidades que amplíen sus dispositivos de prevención y extinción. El PP todavía no ha comprometido su apoyo. Su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha calificado este viernes la propuesta de "papel mojado" y ha reclamado un sistema nacional de protección civil con más medios y coordinación.
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