Las claves del pacto de PP y Vox para el Senado el 29N: Feijóo abre sus listas a la ultraderecha con el Tribunal Constitucional en el punto de mira

El PP se retira en tres provincias y Vox en seis, donde colocará candidatos bajo las siglas populares, en un pacto que busca concentrar votos y alcanzar los tres quintos para elegir cuatro magistrados del Constitucional

26 de octubre de 2026 a las 17:32h
El presidente de la ultraderecha Vox, Santiago Abascal (i); y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d). Elaboración propia (Imágenes de Europa Press).
El presidente de la ultraderecha Vox, Santiago Abascal (i); y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d). Elaboración propia (Imágenes de Europa Press).

El PP de Alberto Núñez Feijóo y la ultraderecha Vox han cerrado este lunes un acuerdo para coordinar sus candidaturas al Senado en las elecciones del 29 de noviembre. Los populares renuncian a presentarse en Girona, Tarragona y Gipuzkoa y aceptan incorporar bajo sus propias siglas a candidatos propuestos por el partido de Santiago Abascal en otros territorios. El pacto afecta a 23 provincias y persigue concentrar el voto de las derechas frente a la alianza de las fuerzas progresistas.

El entendimiento permite a la ultraderecha Vox buscar representación a través de candidaturas del PP allí donde retira las suyas. Feijóo ofrece así a la ultraderecha espacio en sus listas y una negociación compartida sobre el poder institucional que ambos partidos aspiran a conseguir. Su secretario general, Miguel Tellado, ha presentado la colaboración como "una muy buena noticia para España" y ha atribuido "sentido de Estado" a las dos formaciones.

"Nadie se diluye, nadie renuncia a sus propias siglas", ha sostenido Tellado. El contenido del acuerdo establece, sin embargo, que el PP cede a Vox la elección de parte de sus aspirantes al Senado. Los candidatos que proponga la ultraderecha figurarán como "independientes", una denominación que permitirá incluirlos en la candidatura popular aunque su designación proceda del partido de Abascal.

Feijóo ha respaldado el pacto en sus redes sociales, donde ha prometido actuar con "altura de miras y responsabilidad". "La reacción rabiosa de quienes quieren impedirlo demuestra que vamos en el camino adecuado", ha escrito el presidente del PP tras el anuncio.

El reparto de las candidaturas

Vox renuncia a presentar candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. Como contrapartida, el PP incorpora a aspirantes propuestos por la ultraderecha, situados en el segundo o tercer puesto de sus candidaturas. La retirada permite reducir la competencia entre ambos partidos mientras Abascal conserva la posibilidad de obtener senadores a través de las siglas populares.

El reparto tiene una particularidad en los archipiélagos, donde la circunscripción electoral es la isla. En Gran Canaria, Tenerife y Mallorca, que eligen tres senadores cada una, la fórmula pactada combina dos candidatos del PP y uno propuesto por Vox. En las islas que eligen un único representante, la ultraderecha se retira. Además, en las tres islas mayores cada elector puede marcar un máximo de dos nombres, un detalle importante para entender cómo deberán coordinar sus apoyos.

Por su parte, el PP deja de concurrir en Girona, Tarragona y Gipuzkoa, sin una incorporación equivalente de candidatos populares en las listas de Vox. Feijóo acepta retirarse de territorios donde sus opciones de representación eran reducidas. El intercambio permite a Abascal conseguir candidatos dentro de las listas populares a cambio de una cesión del PP que tiene un coste electoral limitado.

La tercera parte del acuerdo afecta a otras 14 provincias, donde Vox presentará un único candidato. Son Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En todas ellas, el PP mantendrá sus tres aspirantes. Tellado ha explicado que los votantes de Vox podrán marcar a su candidato y, además, a dos populares.

La estrategia aprovecha que el voto al Senado permite combinar candidatos de distintos partidos. En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores y cada elector puede señalar hasta tres nombres. El reparto habitual de tres escaños para la primera fuerza y uno para la segunda puede cambiar si los apoyos se distribuyen de otra manera. PP y Vox intentan aprovechar esa posibilidad para sumar más representantes entre ambos y disputar a las izquierdas los escaños restantes.

El resultado dependerá de cuántos votos reciba cada aspirante. La coordinación puede mejorar sus opciones, pero ningún reparto queda asegurado por el pacto, y aparecer en segundo o tercer lugar tampoco garantiza un acta. En el Senado salen elegidos los candidatos más votados, a diferencia de las listas cerradas del Congreso.

El Tribunal Constitucional, en el horizonte

El acuerdo responde a la coalición Senado de Progreso, impulsada por el PSOE, el Frente Amplio y otras fuerzas territoriales para reducir la fragmentación del voto de izquierdas. La ultraderecha ha descrito esa alianza electoral como un intento de "asaltar las instituciones". Su secretario general, Ignacio Garriga, ha justificado el acercamiento al PP por la voluntad compartida de "expulsar a la organización criminal de Sánchez de todas las instituciones". Con ese lenguaje presenta como una amenaza una coalición que concurrirá a las urnas, mientras negocia su propia coordinación electoral con los populares.

Para el PP, la ambición pasa por conservar el control de la Cámara Alta y alcanzar junto a Vox una mayoría de tres quintos. Ese umbral tiene consecuencias que van más allá de la aprobación de iniciativas parlamentarias. El Senado propone a cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional y necesita esa mayoría reforzada para elegirlos.

Si ambos partidos reúnen los apoyos suficientes, podrían acordar esos cuatro nombres sin necesitar los votos del PSOE, entre los candidatos presentados por las asambleas autonómicas y siguiendo el procedimiento previsto. La renovación podría alterar el equilibrio del tribunal encargado de resolver sobre la constitucionalidad de las leyes. El pacto concede, por tanto, a la ultraderecha una posible capacidad de negociación sobre esos nombramientos.

La misma mayoría permite al Senado elegir diez de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial cuando corresponda su renovación. Los otros diez los elige el Congreso. Por eso, el resultado de la Cámara Alta condicionará una parte relevante de los nombramientos institucionales, con Vox como interlocutor del PP para reunir los votos necesarios.

El entendimiento anunciado tampoco garantiza a la ultraderecha un grupo parlamentario propio, para cuya constitución hacen falta al menos diez senadores. Tellado ha evitado comprometer una compensación adicional para asegurar ese objetivo. Los nombres de los candidatos propuestos por Vox deberán concretarse en las candidaturas que ambos partidos tienen de plazo para registrar hasta la medianoche de este lunes.

Sobre el autor
Jaime Barrionuevo, redactor de ElConstitucional.es
Jaime Barrionuevo

Redactor de ElConstitucional.es

Ver biografía
Lo más leído