“No hay tregua”. Así se titula una de las canciones más conocidas de la banda de rock Barricada, convertida en un símbolo de resistencia frente a la adversidad. Aunque el contexto social y político en el que fue compuesta, en los años ochenta, poco tiene que ver con la España de 2026, su nombre resume con bastante precisión el momento político y judicial que atraviesa el Gobierno.
Con el presidente, Pedro Sánchez, de regreso al Palacio de La Moncloa tras la cumbre de la OTAN en Ankara —marcada por la bravuconería de Donald Trump— y después de cumplir con compromisos familiares, como la graduación de una de sus hijas en el Reino Unido, que fue objeto de lo que en el entorno del presidente califican de un supuesto “periodismo nauseabundo”, el Ejecutivo afronta desde este lunes una nueva semana dominada casi por completo por la agenda judicial.
En La Moncloa, por ahora, mantienen prácticamente la misma tesis que defendió Sánchez a finales de junio durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Entonces, el presidente reconoció que la tormenta estaba lejos de haber terminado y trató de preparar a los suyos para lo que estaba por venir. “Habrá más goteo de noticias, la derecha lo venderá como muestra de la degradación política, pero esto ya ocurrió; lo que vamos a observar ahora es su persecución”, anticipó ante el grupo parlamentario socialista.
Apenas unos días después de aquellas palabras, el escenario parece dar la razón al diagnóstico que hizo el propio presidente. Las causas judiciales siguen avanzando y las decisiones se acumulan. Como ejemplo, esta misma semana el juez Santiago Pedraz ha imputado a Juanma Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, en el denominado caso Leire Díez. El magistrado también ha autorizado el análisis de su teléfono móvil, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara tanto su imputación como el volcado del terminal dentro de la investigación sobre la presunta trama destinada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno. Un movimiento judicial que vuelve a situar el foco sobre el entorno socialista y anticipa la intensidad de unos días en los que la agenda de los tribunales amenaza con eclipsar de nuevo la política.
Un verano tórrido y sin respiro judicial
Basta un rápido repaso al calendario para entender por qué el Ejecutivo afronta los próximos días con máxima cautela.
El lunes, el juez Santiago Pedraz tomará declaración a José Aníbal Álvarez, exabogado de José Luis Ábalos, para esclarecer quién abonó los honorarios de la defensa del exministro.
El martes será el turno de la letrada Leticia de la Hoz, defensora del exasesor ministerial Koldo García, que comparecerá como investigada ante el mismo magistrado en el denominado caso Leire, después de que la empresaria Carmen Pano la acusara de un supuesto intento de soborno, una acusación que la abogada ya rechazó públicamente mediante un comunicado.
El miércoles comparecerá la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que, tras un aplazamiento por motivos personales, deberá explicar en sede judicial los mensajes que intercambió con la presunta fontanera socialista el mismo día en que Pedro Sánchez publicó su conocida “Carta a la ciudadanía”. Fuentes de la dirección socialista aseguran que Narbona “está tranquila y con ganas de explicarse”.
El jueves será el turno de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas. Ambos han sido citados por el juez Pedraz por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Se trata de una comparecencia con evidente trascendencia política, especialmente después de que la directora general negara haberse reunido “jamás” con la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, una afirmación que posteriormente tuvo que rectificar.
El entorno familiar de Sánchez, pendiente de dos decisiones clave
Uno de los momentos de mayor impacto político podría llegar con la sentencia, prevista para las próximas fechas, sobre el procedimiento que afecta al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.
En La Moncloa trabajan con dos escenarios: una resolución absolutoria o una condenatoria. Es este segundo supuesto el que más preocupa al entorno presidencial, que ya prepara una estrategia comunicativa para minimizar el impacto político si finalmente se produjera una condena.
El objetivo es contener al máximo el desgaste en un momento en el que buena parte de los procedimientos judiciales con mayor repercusión pública apuntan, de una u otra forma, al entorno del PSOE.
En paralelo, la Audiencia Provincial de Madrid debe comenzar a deliberar sobre los recursos presentados en la causa que afecta a Begoña Gómez frente a distintas decisiones adoptadas durante la instrucción dirigida por el juez Juan Carlos Peinado. Serán los cinco magistrados de la Sección 23 quienes empiecen a estudiar unos recursos que pueden resultar determinantes tanto desde el punto de vista procesal como político. No en vano, durante la instrucción la Audiencia ya ha corregido en numerosas ocasiones decisiones del magistrado, anulando parte de sus actuaciones.
Una semana que puede marcar el rumbo político
Por mucho que en La Moncloa y en Ferraz insistan en transmitir “calma” y lleven semanas preparando distintos escenarios en función de cada resolución, el desgaste acumulado empieza a hacerse evidente entre los cuadros socialistas. El parón estival de agosto ofrecerá un breve respiro, pero difícilmente servirá para despejar la incertidumbre.
Muchos dirigentes del PSOE consultados por este medio admiten en privado que los próximos días pueden convertirse en un punto de inflexión. No tanto por el volumen de causas abiertas, sino porque algunas de las decisiones que están a punto de conocerse tienen capacidad para alterar el escenario político, condicionar la estrategia del Gobierno durante el próximo curso e, incluso, marcar el margen de maniobra con el que Pedro Sánchez afrontará el inicio del nuevo ciclo político.
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