El fin de semana se abre paso con una situación más tranquila en la ciudad autónoma de Ceuta. De “normalidad”, según el Gobierno de España. La llegada masiva de personas desde Marruecos ha generado esta semana una crisis local, nacional e incluso diplomática con otros países europeos que ahora el Ejecutivo trata de reconducir.
Con más de 60 personas fallecidas —según los últimos datos facilitados a EFE por fuentes policiales—, se trata de uno de los peores episodios de la historia reciente de la ciudad ceutí, que estos días ha vuelto a recordar el incidente ocurrido en 2021, con imágenes semejantes, aunque en otras cotas en cuanto al número de personas implicadas.
El orden que trata de reflejar el Ejecutivo se basa en otra cifra. Según informó a primera hora de hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores, de las cerca de 50.000 personas que cruzaron irregularmente, más de 48.000 —es decir, la práctica totalidad— ya han sido retornadas a Marruecos en menos de 48 horas.
Sin embargo, las autoridades ceutíes, la oposición política y los movimientos de algunos países vecinos, como Francia o Italia, obligan a La Moncloa a seguir actualizando una estrategia política que, en primer lugar, pasa por obtener la colaboración del Reino de Marruecos.
Asalto por sorpresa
“No teníamos información que indicara la entrada masiva que se produjo”. Con esas palabras reconocen desde el Gobierno de Pedro Sánchez que la crisis de Ceuta no la vieron venir.
La Moncloa llevaba días centrando la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de algunos de los principales ministros, entre ellos el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en los que ya son los peores incendios de la historia, con más de 50.000 hectáreas arrasadas en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. Una catástrofe medioambiental que tampoco estaba en la agenda y que marcó el cierre de la legislatura e incluso el balance anual que el propio presidente del Gobierno realizó el pasado martes ante los periodistas.
Para entonces, la Guardia Civil y el Ministerio del Interior ya manejaban informes que reflejaban el incremento paulatino de los intentos de entrada a nado en Ceuta. Una evolución creciente durante las últimas semanas que, sin embargo, no apuntaba a lo que posteriormente sucedió.
Tampoco desde el punto de vista diplomático había señales de alarma. El rey Mohamed VI defendió el mismo jueves la “seguridad” y la “estabilidad” de la que goza Marruecos, así como las iniciativas impulsadas por su Gobierno para mejorar las condiciones de vida de los marroquíes, en el marco de un discurso por sus 27 años al frente del trono.
En esta ocasión no hubo una queja formal del Gobierno de Marruecos que diera la voz de alarma, aunque los expertos en relaciones internacionales consultados señalan el impacto del reciente impulso de las relaciones bilaterales entre España y Argelia —que rompió el tratado de amistad con nuestro país el 8 de junio de 2022— y que, ahora, con esas relaciones recompuestas, habría incomodado al Reino alauí.
Colaboración con Marruecos y enfado con países de la UE
A lo largo de la historia se ha demostrado que la colaboración y vigilancia de las autoridades marroquíes es imprescindible para ordenar la frontera española, que también es el límite sur de Europa.
Ahora deberán ser las relaciones diplomáticas y la investigación policial las que, en los próximos días, ofrezcan una respuesta oficial sobre qué es lo que ha fallado para que más de 60 personas hayan fallecido en nuestras costas y más de 50.000 hayan duplicado en unas horas la población de la ciudad autónoma.
Mientras se debate sobre un reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, que determinó que no se puede devolver en caliente a quienes entran a nado en Ceuta y Melilla, Exteriores insiste en que “entrar irregularmente no da derecho a permanecer en España, ni a viajar a la Península, ni a circular por Europa”. Añaden además —como mensaje directo al PP, Vox y a todos los ciudadanos que, de forma intencionada y poco certera, han hablado de invasión— que ninguna persona llegada a Ceuta “ha salido de la ciudad hacia la Península, ni habría podido hacerlo”.
En esta coyuntura, y conscientes de la colaboración necesaria de Marruecos, desde el Ministerio de Exteriores, que dirige José Manuel Albares, apuntan al trabajo conjunto y a la “máxima colaboración” con las autoridades al otro lado de las aguas. Un mensaje político, que con todos los matices que se quiera, se ha vuelto necesario para mantener despejadas las vías de comunicación. Mientras, el socio minoritario de Sumar apunta a los intereses coordinados de Marruecos con terceros países y fuerzas de ultraderecha para “desestabilizar” el país.
En paralelo, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que ha criticado que varios gobiernos europeos hayan optado por “atacar” a España tras la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta. En el mismo escrito ha solicitado una reunión de urgencia de ministros del Interior de la Unión Europea.
Todo ello después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, ordenara al Ministerio del Interior que tomara “todas las medidas oportunas para reforzar los controles en la frontera con España” y de que el Gobierno de Giorgia Meloni suspendiera el acuerdo de libre circulación de personas en Europa, conocido como Acuerdo Schengen.
El Gobierno afronta así un difícil equilibrio diplomático. La prioridad pasa por recuperar la normalidad en Ceuta y evitar que vuelva a producirse un episodio similar, pero cualquier estrategia necesita contar con la colaboración de Marruecos, al tiempo que el Ejecutivo debe contener el malestar de algunos socios europeos y responder a la presión política interna. La gestión de la crisis obliga, por tanto, a La Moncloa a moverse en varios frentes a la vez, consciente de que cualquier movimiento puede tener consecuencias más allá de la propia frontera de Ceuta.
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