Una entrada de más de 50.000 personas en Ceuta durante poco más de un día requiere miles de jóvenes dispuestos a marcharse, un mensaje capaz de movilizarlos y un fallo enorme en los controles situados al otro lado de la frontera. Los dos primeros elementos están acreditados. El tercero mantiene abierta una pregunta que el Gobierno español ha preferido evitar hasta ahora.
El Ministerio del Interior ha contabilizado más de 50.000 llegadas desde la mañana del jueves. A las seis de la tarde de este viernes, alrededor de 48.300 personas habían regresado a Marruecos y las autoridades españolas habían recuperado 57 cadáveres. Algunas víctimas murieron ahogadas y otras quedaron atrapadas en la zona del espigón mientras miles de personas trataban de alcanzar la ciudad autónoma.
El Ejecutivo atribuye la avalancha a las redes dedicadas al tráfico de personas. Según la explicación trasladada por Pedro Sánchez, esas organizaciones difundieron una interpretación interesada de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las entradas a nado en Ceuta y Melilla. Moncloa sostiene que esa información corrió por las redes sociales y provocó la concentración de decenas de miles de personas en las inmediaciones de Castillejos.
La versión describe un detonante real. Vídeos de personas que habían conseguido entrar, mensajes sobre una supuesta imposibilidad de ser devuelto y unas condiciones favorables en el mar alimentaron la salida. Jóvenes entrevistados en Ceuta han reconocido que decidieron intentarlo después de ver esas publicaciones. El malestar social también estaba ahí. Una cuarta parte de los marroquíes de entre 15 y 24 años se encuentra fuera del empleo, la educación y la formación.
La explicación de las mafias aclara por qué miles de personas quisieron salir al mismo tiempo. Queda por explicar cómo consiguieron aproximarse a la frontera en semejante número sin que el dispositivo marroquí pudiera contenerlas durante las primeras horas.
La sentencia explica el momento, pero no toda la magnitud
El fallo del Supremo ha sido utilizado como reclamo, aunque su contenido se encuentra lejos de la promesa difundida en redes. La resolución establece que las personas que acceden a Ceuta o Melilla por mar no pueden ser sometidas al rechazo inmediato previsto para quienes superan las vallas fronterizas.
Eso no impide su devolución a Marruecos. Obliga a tramitar cada caso mediante el procedimiento ordinario, con asistencia jurídica, intérprete y una valoración individual de las circunstancias de la persona afectada. El propio Consejo General del Poder Judicial explicó el 8 de julio que la decisión se limita a las denominadas devoluciones "en caliente" por vía marítima.
Las redes criminales convirtieron esa diferencia jurídica en un mensaje mucho más sencillo. Alcanzar Ceuta a nado equivalía, según los rumores, a quedarse en España. La posibilidad de una devolución posterior desapareció del relato que circuló entre los jóvenes.
El problema es que una campaña en redes no desactiva por sí sola los controles de un Estado. Marruecos dispone de fuerzas policiales, vigilancia en las playas, capacidad para cerrar los accesos a Castillejos y una larga experiencia desmantelando concentraciones antes de que lleguen al espigón del Tarajal.
Durante varias horas, miles de personas pudieron avanzar hacia la frontera sin encontrarse con el despliegue habitual. Rabat reforzó después la zona, empleó agentes antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, cortó las aproximaciones y comenzó a aceptar el regreso de quienes habían entrado en Ceuta. El cierre posterior ha permitido recuperar la cooperación bilateral, pero también ha dejado una imagen difícil de ignorar. Cuando Marruecos desplegó todos sus medios, la salida masiva se detuvo.
El diputado marroquí Lahcen Haddad ha rechazado cualquier intervención política y también ha señalado a la desinformación sobre la sentencia. El Gobierno de Pedro Sánchez ha agradecido públicamente la colaboración de Rabat en las repatriaciones y el Ministerio de Exteriores mantiene que las relaciones son "excelentes".
Esa cooperación posterior hace más difícil sostener que exista una ruptura completa entre ambos gobiernos. Tampoco resuelve lo ocurrido durante el inicio de la crisis. La falta de vigilancia pudo responder a una concentración demasiado rápida, a errores operativos o a una relajación temporal de los controles. La posibilidad de una decisión deliberada carece por ahora de pruebas públicas.
El precedente de 2021 pesa sobre Rabat
Las sospechas actuales tienen un antecedente demasiado reciente. En mayo de 2021, alrededor de 8.000 personas entraron en Ceuta durante dos jornadas después de que las autoridades marroquíes rebajaran la vigilancia fronteriza. Entre ellas había numerosos menores.
La crisis estalló semanas después de que España autorizara el ingreso hospitalario de Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario, para que recibiera tratamiento médico. Marruecos consideró la decisión una afrenta por afectar al principal dirigente de la organización que defiende la independencia del Sáhara Occidental.
Rabat vinculó públicamente el deterioro de las relaciones con el caso Ghali y elevó sus exigencias sobre la posición española ante el Sáhara. La respuesta europea fue entonces mucho más explícita que la ofrecida ahora. El Parlamento Europeo rechazó el uso del control fronterizo y de menores migrantes como instrumento de presión política contra España.
La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha incluido aquel episodio entre los casos de instrumentalización de la migración. El concepto describe la utilización o facilitación de movimientos de personas para imponer un coste político a otro Estado y condicionar sus decisiones.
El periodista Ignacio Cembrero ha definido esta forma de actuar como la "estrategia de la pataleta". Marruecos mantiene la cooperación mientras la relación avanza conforme a sus intereses y recuerda el alcance de su poder fronterizo cuando surge un desacuerdo importante.
Las imágenes de una frontera desbordada desgastan al Gobierno español de manera inmediata. Transmiten pérdida de control, saturan los servicios de una ciudad de unos 85.000 habitantes, despiertan miedo y alimentan los discursos xenófobos que presentan cada llegada como una amenaza colectiva.
Rabat conoce ese efecto. La presión resulta eficaz precisamente porque la migración divide a la sociedad que la recibe y obliga a su Gobierno a reaccionar bajo una enorme exposición pública. El precedente de 2021 no demuestra que la misma orden se haya repetido ahora, pero impide tratar la sospecha como una ocurrencia sin fundamento.
Argelia y el Sáhara vuelven al centro
El momento elegido ha reforzado las dudas. Pedro Sánchez viajó a Argel el 20 de julio, diez días antes del estallido de la crisis, para escenificar junto a Abdelmayid Tebboune una nueva etapa en las relaciones entre España y Argelia. Ambos gobiernos acordaron celebrar una reunión de alto nivel en octubre y profundizar su cooperación política, económica y energética.
Argelia es el gran rival regional de Marruecos. Los dos países rompieron relaciones diplomáticas en 2021 y mantienen cerrada su frontera terrestre desde 1994. El Sáhara Occidental ocupa el centro de su enfrentamiento. Rabat reclama la soberanía sobre el territorio, mientras Argel sostiene al Frente Polisario y defiende el derecho de autodeterminación de la población saharaui.
España se alineó en 2022 con el plan marroquí de autonomía para el Sáhara. La decisión provocó una grave crisis con Argelia, que suspendió el Tratado de Amistad y bloqueó buena parte de las relaciones comerciales. Madrid mantiene aquel respaldo a la propuesta de Rabat, pero ahora intenta recuperar el vínculo con Argel y reforzar el suministro energético.
Ese movimiento devuelve a Argelia un lugar destacado dentro de la política española en el Magreb. También reduce la posición privilegiada que Marruecos había logrado tras el giro de 2022. Haizam Amirah-Fernández, director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, ha explicado que el viaje de Sánchez no ha sido bien recibido en Rabat y que una forma de gestionar ese malestar podría consistir en enviar un mensaje poco sutil a Madrid.
A la visita se ha sumado la tramitación parlamentaria de una proposición para facilitar la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el territorio se encontraba bajo administración española. La Comisión de Justicia abordó su dictamen el 23 de julio, y contó con el apoyo de las formaciones políticas del Gobierno de España. Para Marruecos, cualquier gesto que otorgue personalidad política propia a la población saharaui afecta a una cuestión que considera esencial.
La reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla también ha reaparecido durante la crisis. El medio 'Le360', próximo al entorno del poder marroquí, ha publicado un artículo en el que califica las dos ciudades de "ocupadas" y presenta su incorporación a Marruecos como un desenlace inevitable. La publicación no constituye una declaración oficial, aunque muestra que la reclamación territorial continúa viva dentro del discurso del Majzén.
Marruecos llega además a esta crisis con una posición internacional más fuerte. En diciembre de 2020, Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental mediante una proclamación presidencial. Rabat normalizó al mismo tiempo sus relaciones con Israel y un año después firmó un acuerdo de cooperación militar que abarca inteligencia, armamento y entrenamiento conjunto. El acercamiento militar ha continuado y ambos países han acordado un plan de trabajo conjunto para 2026. Marruecos se ha convertido así en uno de los socios de seguridad más valiosos de Washington y Tel Aviv en el norte de África.
Las relaciones de España con Estados Unidos e Israel atraviesan, entretanto, un periodo de tensión. Trump llegó a amenazar el 8 de julio con cortar el comercio con España por las diferencias sobre defensa e Irán, mientras el Gobierno español mantiene una confrontación abierta con Benjamin Netanyahu por las operaciones israelíes en Palestina y Oriente Próximo.
Relacionar esas tensiones con una intervención estadounidense o israelí en Ceuta iría mucho más lejos de lo que permiten los hechos conocidos. No existe prueba alguna de que Washington o Tel Aviv hayan impulsado, coordinado o respaldado la avalancha. Sus alianzas ayudan a entender la seguridad con la que Rabat se mueve en el escenario internacional y el menor riesgo de quedar aislado cuando presiona a Madrid.
Una frontera que España ha dejado en manos de Marruecos
La capacidad de Rabat nace en buena medida del modelo fronterizo construido por España y la Unión Europea. Durante años, Bruselas ha desplazado hacia el norte de África una parte decisiva de su política migratoria. Marruecos recibe financiación, equipamiento y cooperación a cambio de interceptar las salidas antes de que alcancen territorio europeo.
Entre 2015 y 2021, el fondo europeo de emergencia para África comprometió 234 millones de euros en programas migratorios para Marruecos. Las actuaciones incluían gestión fronteriza, lucha contra las redes de tráfico, retornos y protección de migrantes. El propio Consejo de la Unión Europea reconoce que la reducción de las llegadas por la ruta occidental desde 2019 se debe, en gran medida, al aumento de los esfuerzos marroquíes y a la estrecha cooperación entre Rabat, Madrid y Bruselas.
España controla la valla, las playas de Ceuta y los procedimientos aplicados a quienes consiguen entrar. Marruecos controla los caminos que conducen hasta allí, las concentraciones en Castillejos y buena parte de la costa desde la que comienzan las travesías.
La frontera efectiva empieza, por tanto, varios kilómetros dentro de territorio marroquí. Esa externalización ha reducido las llegadas durante los periodos de cooperación, pero ha entregado a Rabat una palanca muy difícil de sustituir. Cada crisis recuerda a Madrid que la prevención depende de las decisiones adoptadas por las fuerzas de seguridad del país vecino.
Las causas sociales, la sentencia del Supremo y la actuación de las redes explican buena parte de lo ocurrido. También pudieron ofrecer a Marruecos una oportunidad para dejar correr la situación durante unas horas y recordar el precio de su colaboración.
El Gobierno ha optado por proteger la relación con Rabat mientras acelera las devoluciones y trata de recuperar el control de Ceuta. Marruecos ha vuelto a cerrar el paso y acepta el regreso de decenas de miles de sus ciudadanos. La investigación política empieza justamente donde termina la emergencia inmediata: quién dejó fallar el dispositivo marroquí, durante cuánto tiempo y por qué.
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