El objetivo del Gobierno es claro: resolver el mayor número posible de expedientes en tiempo y forma antes de que el Tribunal Supremo pueda entrar en el fondo de la cuestión. El alto tribunal estudia la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre determinados aspectos del procedimiento.
El proceso extraordinario de regularización, aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril, ha estado marcado desde el primer momento por la división política habitual en materia migratoria. La izquierda ha respaldado la medida, mientras que la derecha —que históricamente también ha impulsado procesos extraordinarios de regularización— se ha situado en contra.
Con el plazo para presentar solicitudes ya cerrado, será este jueves cuando Elma Saiz haga públicos los datos definitivos de un procedimiento de carácter histórico cuyos técnicos aún están terminando de cotejar. Mientras tanto, según confirman desde el Ministerio, ya se están emitiendo “resoluciones definitivas y notificando provisionales”.
Las cifras que han trascendido apuntan a que se ha superado el millón de solicitudes. Hace apenas dos semanas, alrededor de 360.000 expedientes habían recibido el visto bueno, una cifra que no alcanzaba el 40% del total de las peticiones registradas. El balance que presente mañana el Ministerio permitirá conocer el alcance real del proceso y el ritmo de resolución de los expedientes.
Más allá de las cifras, el Ejecutivo insiste en una idea: este proceso no incorpora nueva población procedente del exterior, sino que regulariza la situación administrativa de personas que ya viven en España. En otras palabras, se trata de convertir en legal una realidad que ya existe.
El Supremo estudia y el Gobierno pide “tranquilidad”
Desde el Ministerio trasladan a los solicitantes un mensaje de “tranquilidad”. Defienden que la norma “se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario”.
El mensaje responde al movimiento del Tribunal Supremo, que ha abierto la puerta a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si algunos aspectos del real decreto pudieran entrar en conflicto con el Derecho de la Unión. Así lo recogen dos providencias dictadas durante la tramitación de los recursos presentados por las comunidades autónomas de Valencia y Aragón contra determinados preceptos de la norma.
El departamento que dirige Elma Saiz recuerda, además, que el propio Tribunal Supremo ya rechazó el pasado mes de mayo las medidas cautelares solicitadas para paralizar el procedimiento, por lo que el proceso ha continuado desarrollándose con normalidad.
Ahora, el alto tribunal ha dado traslado a las partes —las comunidades autónomas recurrentes y el Ministerio, en coordinación con la Abogacía del Estado— para que, en el plazo de cinco días, expresen su parecer sobre la conveniencia de plantear al TJUE “una cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del real decreto que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE”. El plazo para que el Ministerio presente sus alegaciones concluye este viernes. Posteriormente, será el Supremo quien decida si finalmente eleva la consulta a la justicia europea.
Según los expertos consultados, en caso de que el procedimiento llegue a Luxemburgo, la cuestión prejudicial serviría para aclarar la interpretación del Derecho comunitario antes de que el Supremo resuelva el fondo del asunto. Precisamente por ello, en el Ministerio consideran que “los tiempos juegan a favor”.
Resolver cuanto antes
Fuentes del Gobierno explican que están intentando “agilizar al máximo” la tramitación para que, antes de cualquier eventual decisión del Tribunal Supremo, el mayor número posible de solicitantes haya recibido ya la autorización provisional que les permite residir y trabajar en España.
Las mismas fuentes precisan que, incluso en el hipotético caso de que el procedimiento quedara suspendido, esa decisión no afectaría a las personas que ya hubieran obtenido dicha notificación provisional.
Respecto al volumen de solicitudes, el Ejecutivo reconoce que las previsiones iniciales se han quedado cortas. Según explican, el Ministerio trabajaba con tres escenarios: 500.000 solicitudes —la cifra manejada durante la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular—, 750.000 o un millón. Finalmente, admiten, “la realidad ha superado las previsiones más conservadoras”.
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