El periodismo no debería hacer política ficción. Solo el tiempo —y la investigación judicial en marcha en la Audiencia Nacional— determinarán el devenir del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, con ello, el alcance político para el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero tras lo vivido este miércoles en el Congreso, y después de hablar con diputados de distintas formaciones, muchos coinciden en que podría tratarse de “un antes y un después”.
“No pinta bien”, reconocen en público y en privado socios parlamentarios como ERC o Podemos. El portavoz de los independentistas catalanes, Gabriel Rufián, aseguraba estar “jodido” porque, pese al “gran respeto” que mantiene hacia Zapatero, “tiene ojos en la cara”. Un diagnóstico similar trasladaban algunos ministros en conversaciones discretas en los pasillos del Congreso. Aunque a su llegada al hemiciclo optaron por el silencio, admitían después la dificultad del momento político que atraviesa el Ejecutivo.
El auto, sin pruebas concluyentes para La Moncloa
“Máxima cautela, prudencia y presunción de inocencia”. Ese es el mantra que repiten en La Moncloa minutos después de escuchar, durante la sesión de control al Gobierno, cómo el presidente Pedro Sánchez expresaba “todo su apoyo” al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Sánchez respondió así a los ataques del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que reclamó al jefe del Ejecutivo que dé “un paso al lado” por su estrecha relación con quien definió como su “faro moral”. El presidente descartó además cualquier posibilidad de adelanto electoral.
Fuentes del Gobierno insisten en que se trata de una investigación “embrionaria”, subrayando que el auto no incorpora pruebas concluyentes y que, además, constata que Zapatero no forma parte de ningún entramado societario.
Aunque mantienen el respeto y la colaboración con la Justicia, en el Ejecutivo miran con recelo una actuación judicial que, a su juicio, apunta conclusiones que todavía no están acreditadas. Esa interpretación es la que, al menos por ahora, sostiene la defensa cerrada del expresidente.
Feijóo acelera la presión política
“Voy a cumplir con mi deber y haré todo lo posible para que haya un cambio de Gobierno”. Así de rotundo se mostró Alberto Núñez Feijóo en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso.
Después de pedir públicamente la salida de Sánchez para que no siga “manchando” la Presidencia del Gobierno, fuentes populares aseguran que “el vaso ha rebosado”.
En la dirección nacional del PP consideran imposible que las actividades que afectan a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y ahora José Luis Rodríguez Zapatero se desarrollaran sin el conocimiento del presidente del Gobierno.
Aunque en Génova no contemplan, por ahora, una moción de censura inminente —los números siguen sin salir pese a la predisposición de Vox—, el equipo de Feijóo estudia cómo incrementar la presión política sin dar un paso en falso. En la cúpula popular dan por hecho que la investigación sobre el expresidente seguirá escalando y que eso terminará complicando aún más la situación del PSOE y del Gobierno.
La sensación que quedó este miércoles en el Congreso es que la legislatura ha entrado en una nueva fase. En La Moncloa intentan rebajar el impacto político apelando a la falta de pruebas y a la presunción de inocencia. Pero en la oposición y entre algunos socios parlamentarios empieza a instalarse otra idea: que el desgaste ya no depende únicamente de lo judicial, sino de la erosión política y simbólica que provoca ver al entorno histórico del sanchismo orbitando de nuevo alrededor de los tribunales.
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