La crisis de Ceuta ha dominado este martes la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político en el Senado. El Partido Popular ha desplegado una ofensiva centrada en los avisos previos a la entrada masiva de julio, la responsabilidad de Marruecos, el retorno de los migrantes y los problemas que todavía atraviesa la ciudad. Desde el banco azul, los ministros han acusado a los populares de entorpecer las medidas puestas en marcha y reclamar soluciones que pueden vulnerar la legalidad.
El principal enfrentamiento lo han protagonizado la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. García ha exigido una fecha para el retorno de todas las personas que entraron irregularmente los días 30 y 31 de julio, mientras el ministro ha pedido "responsabilidad institucional" y ha defendido que cada expediente debe tramitarse con las garantías correspondientes.
Alicia García acusa al Gobierno de "tapar" a Marruecos
"Les han robado a Ceuta su vida. Devuélvansela", ha reclamado García desde la tribuna. La dirigente popular ha preguntado a Cuerpo si podía fijar una fecha para "el retorno de todos" y, sin esperar respuesta, ha rematado con un "no sabe" que ha recibido los aplausos de su bancada.
García ha exhibido el informe policial incorporado a la investigación de la Audiencia Nacional y ha asegurado que el Gobierno ignoró nueve alertas sobre el riesgo de una entrada masiva. También ha acusado al Ejecutivo de señalar al Centro Nacional de Inteligencia, a la Policía, al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y ahora a la magistrada María Tardón. "Señalan a todos los que dicen la verdad, menos a Marruecos", ha lanzado.
La portavoz popular ha ido un paso más allá al afirmar que "Marruecos lo planificó y su Gobierno lo tapó". El Ejecutivo mantiene que todavía carece de pruebas concluyentes para atribuir la operación a las autoridades marroquíes. La jueza Tardón, que ha asumido la investigación, sí aprecia en esta fase inicial una "clara e indudable gestión favorecedora" desde territorio de Marruecos, aunque la causa continúa abierta y todavía debe determinar las posibles responsabilidades penales.
García también ha pedido que la desclasificación de documentos anunciada por Moncloa incluya la información relacionada con el espionaje mediante el programa 'Pegasus'. "¿Qué tiene Marruecos que ustedes no quieren que se sepa?", ha preguntado antes de acusar al Gobierno de ser "hostil con los invadidos y dócil con los invasores".
Cuerpo ha reconocido que los ceutíes siguen "conmocionados" y con temor a que pueda repetirse una situación semejante. "Cada día que pasa es un día que llegamos tarde y somos plenamente conscientes de ello", ha admitido. El vicepresidente ha asegurado que el Ejecutivo está movilizando recursos para acelerar los expedientes, prestar atención humanitaria y apoyar a los autónomos y empresas afectados.
El ministro ha recordado los 309 millones de euros aprobados la semana pasada para reforzar la seguridad, los servicios públicos y la capacidad financiera de Ceuta. Según ha explicado, las ayudas destinadas a empresas y trabajadores autónomos comenzarán a abonarse a partir del 6 de octubre. "Esto es una verdad publicada en el Boletín Oficial del Estado, por si le sirve como fuente", ha espetado a García.
Cuerpo ha reprochado al PP que venda "soluciones imposibles o incluso ilegales", ponga "palos en las ruedas" a la cooperación entre administraciones y se niegue a respaldar las peticiones de ayuda formuladas ante la Unión Europea. El Gobierno sostiene que las expulsiones requieren expedientes individualizados, que las solicitudes de asilo deben resolverse y que los menores necesitan procedimientos específicos de reagrupación familiar.
Los últimos datos ofrecidos este martes por el Ejecutivo cifran en 278 las personas expulsadas y en 4.516 los retornos voluntarios a Marruecos. También se han contabilizado 2.004 menores. El Gobierno reconoce que todavía resulta imposible establecer con exactitud cuántos migrantes permanecen en la ciudad.
Saiz y la senadora Dívar elevan la tensión por los medios enviados a Ceuta
El segundo choque de la tarde ha enfrentado a la senadora popular Rocío Dívar con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Dívar ha acusado a la ministra de abandonar Ceuta y ha resumido su crítica con una comparación contundente. "Para regularizar, miles de funcionarios; para Ceuta, seis. No es un problema de capacidad, es un problema de prioridades".
La parlamentaria ha afirmado que esos seis trabajadores realizan alrededor de cien entrevistas diarias y ha criticado que el Ejecutivo siga sin aportar una cifra cerrada de las personas que permanecen en las calles. También ha reprochado a Saiz que continuara sus vacaciones tras visitar la ciudad y le ha preguntado si comparte la posición del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, favorable a que abandonen Ceuta quienes carezcan de derecho a permanecer en España.
Saiz ha centrado su respuesta en el discurso utilizado por el PP durante la crisis. La ministra ha censurado las propuestas que considera contrarias a la ley, las fotografías con "agitadores ultras" y las teorías sobre la actuación de Marruecos. También ha acusado a un miembro de la bancada popular de "mofarse de la muerte de niños en el mar", provocando una sonora protesta de los senadores del PP.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha retirado esa afirmación del diario de sesiones después de que Javier Arenas exigiera a Saiz que identificara a la persona señalada. La ministra ha aclarado después que se refería al diputado popular Rafael Hernando y al gesto con el que imitó un llanto durante una intervención de Patxi López sobre la muerte del niño sirio Aylan Kurdi en 2015. Para Saiz, aquella conducta "merece toda la reprobación".
Puente acusa al PP de "deslealtad" por las carpas del puerto
La gestión de los espacios de acogida ha centrado el cruce entre la senadora por Ceuta Cristina Díaz y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Díaz ha acusado al Ejecutivo de imponer un campamento para alrededor de mil migrantes en el puerto pese al rechazo de su Consejo de Administración y a los informes que alertan de los riesgos para una infraestructura estratégica.
"Mi ciudad no puede más", ha afirmado la senadora, que ha situado el foco en la cercanía de los depósitos de combustible, un colegio con unos 800 alumnos y un club deportivo frecuentado por cientos de menores. "¿Quiere otro apagón? Si algo ocurre, no diga que nadie le avisó", ha advertido.
Puente ha acusado al PP de practicar una "permanente deslealtad" y ha sostenido que el presidente de Ceuta aceptó inicialmente la utilización del puerto. Según las actas de dos reuniones oficiales publicadas por 'El País', Vivas respaldó la incorporación de las parcelas portuarias al dispositivo temporal durante el comité de situación y el Consejo de Seguridad Nacional. Días después, el Consejo de Administración del puerto rechazó el proyecto por once votos frente a cuatro.
"Ustedes quieren que resolvamos el problema de Ceuta, pero nos ponen todos los palos en las ruedas para que lo hagamos", ha respondido el ministro, que ha vinculado la apertura de estos espacios con la posibilidad de identificar a los migrantes y tramitar sus solicitudes de protección o sus retornos. La discusión ha terminado entre gritos de "dimisión" dirigidos a Puente desde la bancada popular.
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