El expediente difundido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre el polémico ático de Chamberí se estructura en tres apartados: la adquisición del inmueble por Planifica Madrid, el posterior alquiler a la Administración autonómica y el intento de venta, que ha quedado desierto. Sin embargo, el dosier no responde a una de las preguntas centrales del caso: si alguien pidió comprar un piso de esas características, ¿quién fue?
Las explicaciones oficiales oscilan entre dos versiones. Por un lado, se sugiere que la iniciativa partió de Planifica Madrid, la empresa pública que rastrea propiedades susceptibles de entrar en el patrimonio regional. Por otro, se apunta a que la orden pudo proceder de la Consejería de Presidencia, aunque el Ejecutivo nunca ha aclarado si la presidenta estuvo detrás de la operación. Lo único reconocido es que Ayuso visitó el inmueble en persona una vez que la compra ya se había formalizado ante notario.
El primer bloque, titulado “Adquisición del inmueble por Planifica Madrid”, detalla que la compra se cerró el 14 de abril por 6,3 millones de euros, a lo que se sumaron 378.000 euros en impuestos, elevando el desembolso público hasta casi 6,7 millones. La operación comenzó en febrero con un acuerdo de confidencialidad entre Planifica y la inmobiliaria, pero el expediente no aclara quién impulsó la búsqueda ni por qué se descartaron otras opciones.
En el apartado del alquiler, la documentación revela que la Comunidad acordó pagar una renta mensual de 3.000 euros durante diez años, con un periodo de carencia de 15 meses que retrasaba el primer pago hasta noviembre de 2027. Sin embargo, dos días después de formalizar el arrendamiento, el Gobierno regional decidió dejarlo sin efecto. La memoria de necesidades, fechada el 2 de julio —casi tres meses después de la compra—, justifica el inmueble como un espacio con zona de trabajo, área de descanso y “alojamiento ocasional” para autoridades, incluidas las propias de la Comunidad de Madrid.
El tercer bloque, relativo a la venta, muestra que el intento de subasta convocado por Planifica Madrid ha quedado desierto: ningún comprador presentó una oferta por los 6,69 millones de euros solicitados. El Ejecutivo había anunciado que destinaría los ingresos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, pero la ausencia de compradores impide cumplir ese compromiso.
Mientras tanto, las explicaciones del Gobierno han ido variando. Primero se presentó el ático como una oficina temporal para Ayuso durante las obras de la Real Casa de Correos; después se negó que fuera una residencia oficial, y finalmente se ha reconocido que estaba preparado para el alojamiento ocasional de autoridades, incluida la propia presidenta. Un informe interno de la interventora delegada de la Consejería de Economía y Hacienda, firmado el 27 de julio, advertía de que la necesidad, la idoneidad y el coste del proyecto no estaban suficientemente explicados, aunque su pronunciamiento fue favorable y permitió continuar la tramitación.
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