Cuca Gamarra ha anunciado este jueves que un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo limitaría el uso de los decretos ley. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recurrido con demasiada frecuencia a esta fórmula y quiere que el Parlamento vuelva a tener más espacio para debatir y modificar las leyes.
"El Real Decreto-Ley no puede ser ni va a ser el sistema habitual", ha dicho durante la I Cumbre de Asuntos Públicos, celebrada en Madrid. Gamarra ha presentado la propuesta como parte de una reforma del funcionamiento parlamentario, aunque no ha detallado qué límite concreto establecería ni cómo lo aplicaría.
Una discusión que vuelve con los decretos de vivienda
La Constitución permite al Gobierno aprobar decretos ley en casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Entran en vigor sin esperar a la tramitación de una ley ordinaria, pero el Congreso debe decidir en un plazo de 30 días si los convalida o los deroga. La diferencia importa porque el Ejecutivo puede actuar de inmediato y el Parlamento vota después sobre un texto ya aprobado.
La discusión ha cobrado fuerza esta semana. El Gobierno volvió a aprobar el martes dos decretos de vivienda que habían sido rechazados por el pleno del Congreso. Tras la disolución de las Cortes por las elecciones del 29 de noviembre, su convalidación corresponderá a la Diputación Permanente. Para el PP, este episodio muestra por qué hace falta restringir el recurso a esa vía; el Ejecutivo defiende la urgencia de las medidas ante la crisis de la vivienda.
El debate también tiene una dimensión más amplia. Un recuento publicado esta semana por 'El País' cifra en 43 los decretos ley aprobados durante la legislatura, frente a 22 leyes. Gamarra sostiene que esa forma de gobernar reduce las oportunidades de los diputados para negociar cambios en las normas y ha propuesto reformar los reglamentos del Congreso y del Senado para impedir que las iniciativas queden bloqueadas durante meses.
Presupuestos y control de los grupos de interés
La dirigente popular quiere, además, establecer consecuencias cuando un Gobierno no presente los Presupuestos Generales del Estado. La Constitución ya obliga al Ejecutivo a remitirlos al Congreso al menos tres meses antes de que termine el ejercicio anterior y prevé la prórroga de las cuentas vigentes si las nuevas no llegan a aprobarse. Gamarra no ha precisado qué mecanismo añadiría el PP para exigir su presentación.
Otra de sus propuestas es crear un registro público, gratuito y obligatorio de grupos de interés, supervisado por una autoridad independiente. En este punto hay un antecedente reciente: el Gobierno aprobó en agosto un decreto ley para regular la actividad de estos grupos, pero el Congreso lo derogó el 16 de septiembre por 179 votos frente a 155. La regulación sigue, por tanto, pendiente.
Gamarra ha incluido estas medidas en una agenda de regeneración institucional y ha pedido recuperar los acuerdos entre Gobierno y oposición en asuntos como la defensa, la seguridad y la política exterior. Según ha defendido, un Ejecutivo presidido por Feijóo buscaría abrir de nuevo ese diálogo desde el comienzo de la próxima legislatura.
