Esperanza Aguirre se desligó este jueves de la adjudicación de dos contratos del Canal de Isabel II vinculados con una cancha de prácticas de golf, en su declaración como testigo en el juicio de la Audiencia Nacional por el caso Lezo.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid sostuvo que la idea de construir ese espacio fue “enteramente” suya, pero negó haber participado en la tramitación de las obras, al subrayar que, aunque el Canal era propiedad de la Comunidad, la gestión correspondía al consejo de administración del ente público.
La idea fue suya, pero la tramitación quedó fuera de su alcance, según su versión
Aguirre explicó que la propuesta le surgió tras un viaje a Tokio, cuando era funcionaria del Ministerio de Turismo, y que le sorprendió ver canchas de práctica de golf dentro de la ciudad. Añadió que le pareció una “buena idea” para el espacio del Canal en Chamberí, que, según dijo, “prácticamente no tiene parques ni tiene zonas deportivas”.
La exdirigente del PP afirmó además que Ignacio González e Ildefonso de Miguel “nunca” le trasladaron detalles sobre esas obras. Antes de entrar en la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, declaró ante los medios que iba a hacerlo “para decir la verdad y toda la verdad”.
La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, sostiene que la operación tuvo otro objetivo: beneficiar a familiares de González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid. En su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, sitúa el origen de los hechos en 2002, cuando el Canal firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Madrid para posibilitar el uso público de diversas instalaciones.
Según ese relato, en junio de 2004 la dirección del Canal, encabezada por De Miguel y González, impulsó y facilitó un modificado del concurso original sin convocar una nueva licitación, pese a las variaciones sustanciales introducidas. Anticorrupción asegura que se pactó la adjudicación directa a Dragados, con la condición de que subcontratara determinados trabajos a Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, conocida comercialmente como TCT.
El juicio mantiene en el centro a González, De Miguel y los socios de TCT
Además de González, están acusados De Miguel y los socios de TCT, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente madrileño. En la primera jornada del juicio, celebrada la semana pasada para plantear cuestiones previas, todos negaron los hechos.
Para todos ellos, la Fiscalía pide seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios, además de una multa de 550.000 euros.
Aguirre también se refirió a su salida del Ayuntamiento de Madrid, cuando González ingresó en prisión provisional en 2017. “Yo dimití por responsabilidad política”, dijo, y añadió que lo hizo al considerar que la medida judicial apuntaba a indicios “muy fundados” de posibles irregularidades penales, aunque reiteró que mantiene la presunción de inocencia del exdirigente.
